martes, 10 de marzo de 2015

Intervención creación Universidades estatales en regiones de Aysén y O'higgins

El descrédito de la política que se ha agudizado durante los últimos años, amenaza la oportunidad histórica de reformar la educación. Esta posibilidad se ha abierto gracias a décadas de movilizaciones, de organizaciones sociales que han mantenido viva la llama por una educación pública, gratuita y de calidad; por el derecho a la educación; por una sociedad, puesto así, más democrática.

Allí donde el sistema político se ha debilitado producto de su propia lógica de prescindir de la sociedad civil, las organizaciones sociales se han fortalecido y a ellas acude la sociedad a la hora de expresar sus puntos de vista. El Gobierno ha sido sordo a sus propuestas y a las posiciones que ha puesto sobre la mesa; no quiere llegar a acuerdos amplios con ellas y rechaza sus esfuerzos por participar del debate legislativo de manera sustantiva.

Entonces, las posibilidades de reforma se reducen. El Gobierno se ha centrado en un paradigma que mira a cada institución educativa por separado, incentivando su calidad con premios y castigos, garrotes y zanahorias. De este modo, se han naturalizado las condiciones comunes a todas ellas, como si la educación, como fenómeno global, no fuera algo producido por nuestra propia obra como sociedad.

Es eso lo que ha movilizado a tantas familias desde el 2006, el fracaso de la organización  del sistema educativo como si éste fuera un mercado. Y ello aún no es aceptado por la lógica del Mineduc que viene desde hace años: la educación no se juega de modo aislado en cada institución por separado. Dentro de esa concepción no hay posibilidad de cambio. Esta es la gran conclusión de años de debate sobre el tema: la educación empeora y se vuelve injusta si se considera como bien de responsabilidad individual y como mercado, es decir, si se organiza como enjambre de instituciones en competencia.

El problema es que, al decidir si crear nuevas universidades estatales, el Gobierno elude la discusión del sistema de educación pública que les albergará. Y todavía hoy no nos ponemos de acuerdo en cuál es la educación pública que queremos.

La educación pública que queremos

Para nosotros el criterio para definir este voto es claro. Nos ponemos del lado de una propuesta de universidades estatales que rompa la lógica de la competencia, del bien individual, de la política pública focalizada, de que cada institución se salva por separado. Rechazamos una propuesta que conserve el mercado educativo y lo proyecte por otro ciclo más. Nos ponemos del lado de una propuesta concebida desde una idea democrática de Chile y un derecho a la educación que nos acerque a  esa idea.

Por eso apoyaré la indicación que ha repuesto Giorgio Jackson y otros diputados para que estas nuevas Universidad no puedan cobrar aranceles desde su constitución. ¿O acaso queremos reproducir la lógica de mercado y precarización que hoy tiene contra las cuerdas a Universidades regionales estatales como la Universidad de Magallanes o la Universidad Arturo Prat, agobiadas por el autofinanciamiento y desgarradas por la falta de apoyo del Estado?

La reforma que el país necesita pasa centralmente por construir una nueva educación pública. Este es el instrumento de la voluntad democrática de los ciudadanos para hacerse presente en la tarea educativa, no regulando a terceros mediante agencias, sino directamente, como proveedor del servicio entendido como proceso global, interconectado y colaborativo. Esto es condición de posibilidad para comenzar una modernización de la educación, poniendo los avances técnicos de la actualidad a disposición de las decisiones democráticas del país. Conocimiento público, abierto a la sociedad, no sólo la visión restrictiva de la formación profesional.

La nueva educación pública debiese llegar a educar a la mayoría de la población, asegurando con ello la reproducción de los valores democráticos que la deben inspirar, y también utilizando intensivamente las capacidades instaladas que el mercado despilfarra. Esto pasa por superar el actual principio de subsidiariedad que concibe las instituciones del Estado como unidades aisladas unas de otras, para comenzar a organizarlas colaborativamente.

La expansión y fortalecimiento de la democracia son definiciones de lo público No solo como orden institucional, sino como experiencia cotidiana. Ello estará en juego con la creación de estas universidades y solo se realizará si ellas no estén prisioneras del mercado, auto financiándose, o presas del autoritarismo, sin control democrático de sus orientaciones. La capacidad de la Universidad de auto determinarse a partir de la decisión vinculante de los distintos actores de su comunidad educativa, tanto en los fines propios de la institución como en la elección de las autoridades más representativas, es clave para definirla como una Universidad Pública.


Vamos a votar a favor porque tenemos la esperanza pero por sobre toda la convicción de que el modelo que ha imperado hasta hoy en nuestra educación superior puede cambiar. Allí estarán puestos nuestro esfuerzos.

martes, 27 de enero de 2015

Intervención votación proyecto fin al lucro-selección-copago

La alegría que muchos expresarán en esta sala por la aprobación de este proyecto, no es la misma que se vivirá fuera de ella. Desgraciadamente no la celebrarán apoderados, rectores, profesores ni estudiantes. Tampoco la celebrará la ciudadanía en general. Nadie saldrá a Plaza Italia, la Alameda no se llenará de familias alegres. ¿Qué sucedió?

Es que esta reforma no es su reforma. No es por lo que nos movilizamos. No la hemos construido entre los actores que queremos participar de una democratizante reforma a la educación. La ciudadanía tampoco la recibe como propia. Lo hemos dicho nosotros, los espacios sociales organizados, pero también lo dice la evaluación que diversas encuestas hacen del Gobierno y sus reformas.

Este proyecto, abordando un acotado aspecto de la educación chilena, no termina con lo que dice que termina. No termina la selección. Sobrevive el subsidio y los vouchers como motores de la competencia obligatoria de una educación de mercado. No se construye una alternativa en la educación pública. Entonces, entramos en una paradoja propia de la transición a la democracia: financiamos el mercado con iniciativas que se presentan como el fin al mercado. Y lo pagamos todos con plata de todos.

Pero las fuerzas democráticas y de cambio tenemos que hacernos una autocrítica. Es el Senado el que ha revertido los contenidos más relevantes del proyecto? Hemos asumido la estrategia correcta?

Es a este mismo parlamento al que las fuerzas democráticas y de cambio llegamos débiles. Concientes de que la autocrítica siempre debe partir por uno mismo, le decimos fraternalmente a Revolución Democrática, a los militantes de los Partidos Comunista y Progresista, a las bases e incluso a parlamentarios del PS y la DC: para esta reforma, tenemos que destinar nuesto esfuerzo a construir  la unidad de las fuerzas sociales antes que la unidad del Gobierno. Recuperar fuerza y abrir la puerta a las transformaciones, va de la mano de escuchar más a la Confech que a Gutemberg Martínez, más a los profesores que a Ezzati, más a las familias que a los sostenedores, más a la ciudadanía que a la  Confederación de Producción y Comercio.

Voy a votar favorablemente varias de las disposiciones de este proyecto porque como hemos dicho insistentemente nuestra voluntad y preocupación es que esta reforma salga y salga bien. Pero también rechazaré los aspectos del proyecto que desde nuestra perspectiva profundizan la subsidiariedad del Estado, mantienen la competencia entre colegios, y mediante recumbirúmbicos argumentos y laberínticos mecanismo legitiman una especie de lucro regulado. Y es que no puedo aprobar aspectos de esta reforma que van en contra de lo que hemos luchado en las calles desde hace tantos años.

En ese sentido, el 2015 que se abre al cierre de este confuso 2014 y con la votación de este proyecto, comienza con mayor nitidez para nosotros. Debe ser uno de convergencia de organizaciones políticas y sociales para proyectar una reforma democrática que, ahora sí, salgamos juntos a celebrar. Debe ser un año de más organización, de más movilización. Porque la historia nos ha enseñado que para avanzar, debemos organizarnos. Para avanzar en terminar con la segregación, con la concepción de la educación como negocio, con la privatización de nuestras vidas y la doctrina que, junto a los cuervos que anunciara Patricio Manss, vino volando en Hawkers Hunters desde Chicago de dar soluciones privadas a los problemas públicos, tenemos que volver a organizarnos, tenemos que volver a hacer política desde la sociedad y no de espaldas a ella.

Ese es nuestro tremendo desafío para este año que comienza.


martes, 25 de noviembre de 2014

Intervención reajuste sector público


Estimad@s, comparto mi intervención sobre reajuste sector público.  Por no ser parte de ningún partido, sólo tenía 2 minutos para hablar, por eso lo cortito. Como siempre, atento a sus comentarios.

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  • Cinco de seis AFP del país registraron un alza en sus ganancias durante el primer semestre de 2014.
  • Ganancias de las isapres en primer semestre de 2014 son las más altas en nueve años. Más de $ 40 mil millones sólo entre enero y junio.
  • Banca chilena por su parte, acumula ganancias por US$ 2.710 millones entre enero y agosto de este año. 32,16% en relación al 2013.

Cómo va a ser motivo de alegría un reajuste de 0,3 % real para los trabajadores. Cómo.

Para nosotros sin embargo, este reajuste implicará un aumento del orden de los $500.000 pesos. Lo que ganan la mayoría de los profesores que se han movilizado durante las últimas semanas. ¿Qué señal estamos dando hacia el pueblo de Chile? Algunos dicen que plantear esto es demagogia. Qué plantear, cómo lo hicimos con Giorgio, una rebaja de nuestros salarios, es populismo. Y mientras aquí seguramente votarán la inadmisibilidad de la indicación para evitar que este reajuste se nos aplique a quienes ganamos el sueldo más alto de los parlamentarios de América Latina, los trabajadores seguirán esperando. Como siguen esperando después de la aprobación del sueldo mínimo, aunque algunos se escuden en la CUT para obviar el debate de fondo.

Y las regiones extremas, como Magallanes, siguen esperando que el gobierno, cualquiera sea este, deje de pensar que la asignación de zona es un privilegio.

Yo, no estoy disponible para esto.

Y a la derecha , en particular al diputado Urrutia, no sean oportunistas, que tenemos memoria.

Esto también a nombre de la diputada Sepúlveda.   



                            

lunes, 24 de noviembre de 2014

Intervención Ministerio de la Mujer


Estimad@s, comparto mi intervención en el debate del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer. 

Desde hace un tiempo, gracias a las conversas con compañeras feministas, y en particular con el Núcleo Feminista de Izquierda Autónoma, he ido adquiriendo conciencia de lo grave y oculta que está en nuestra sociedad la explotación de la mujer, como la hemos naturalizado, y más aún, lo profundamente machista que es nuestro país. Todo proyecto político de izquierda que se asuma como moderno debe incorporar en su reflexión la mirada feminista, no como una particularidad, sino desde una visión que impregne todo su actuar. 

Para allá vamos.


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Señor Presidente, en primer lugar, quiero entregar mi más profundo reconocimiento a todas las mujeres que a lo largo de la historia de Chile han luchado por el reconocimiento de los derechos de su género, como Elena Caffarena, Eloísa Díaz, Teresa Wilms Montt, Inés Enríquez, Julieta Kirkwood, y todas aquellas que se encuentran presentes en las tribunas y han acompañado la tramitación de este proyecto de ley. Pero también creo importante mencionar a aquel puñado de hombres, aunque cada vez más numeroso, que se han sumado al movimiento feminista que lucha por justicia y dignidad. Ojalá que cada día sean más.

Asimismo, aprovecho de saludar a los movimientos políticos que han incorporado, poco a poco, en sus culturas, espacios de diálogo en los que se debate la igualdad de condiciones, en particular el movimiento en que milito, la Izquierda Autónoma. Tal como seguramente todos los movimientos políticos lo han hecho, partimos desde una naturalización del machismo; sin embargo, poco a poco, nuestras compañeras, y también compañeros, nos han hecho ver la necesidad de terminar con la naturalización. Por eso, hace un tiempo, creamos el Núcleo Feminista de Izquierda Autónoma, del cual me siento plenamente orgulloso, por cuanto reconoce, en las diferentes instancias, como seguramente lo hacen muchos movimientos y partidos aquí presentes, que las mujeres tienen un rol fundamental en la discusión pública. Es lamentable que hoy día, como se señaló durante la tramitación del proyecto que sustituye el sistema electoral binominal, la representación de las mujeres no tenga nada que ver con la realidad nacional y sea tan escasa

Nuestra aspiración es cambiar esa situación. Si bien creo que el mecanismo de cuota de género establecido en el proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal es insuficiente, sin lugar a dudas es un avance para mejorar la representación política de las mujeres en nuestro Parlamento.

En principio, estamos de acuerdo, sobre todo, con el mensaje, porque reconoce que la inequidad de género debe ser un problema del que debe hacerse cargo el Estado y no dejado al arbitrio del gobierno de turno. Sin embargo, la creación de nuevas instituciones no es un fin en sí mismo. Para que la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género sea un avance, es necesario, como señalaron el diputado Farías y la diputada Denise Pascal, que cuente con los recursos suficientes, tenga la capacidad de ejecutar políticas públicas sin depender de otros servicios o ministerios, y que trabaje intersectorialmente.

Además, sus políticas deben estar enfocadas a superar las relaciones de poder que sustentan las inequidades de género, en eliminar roles y estereotipos arraigados en nuestra sociedad y en evitar quedarse solo en mejoras de la condición de la mujer.

En esa lógica, el ministerio debería llamarse Ministerio de la Equidad de Género, pues el concepto “de la Mujer” no da cuenta de la heterogeneidad del mundo femenino, por lo cual debiéramos llamarlo “de las mujeres”. Asimismo, la noción “género”, sola, hace alusión a la relación de poder, a diferencia de cuando decimos que algo es “de la mujer”, que es más despolitizado y, creo, esencialista. Debería utilizarse el concepto “mujeres”, por cuanto deben incorporarse definiciones heterogéneas de mujer, pues no se trata de “la mujer”, ni de “el hombre”.

A propósito de esto, ayer, dada la tramitación del proyecto de AVP en el Senado y la manifestación realizada por grupos evangélicos, en verdad, de una intolerancia sorprendente, vimos cuán importante es que quienes creemos en la igualdad, en todos los aspectos, podamos defenderla públicamente. Por eso, en conjunto con nuestros asesores, con el diputado Giorgio Jackson colgamos un cartel en las ventanas del Congreso Nacional que decía: “Todos y todas somos iguales: AVP ahora”. Es algo interesante que se está discutiendo en el Senado, pero que también toca discutirlo en esta Sala.

Como dije, debería usarse la noción “mujeres”, por cuanto deben incorporarse definiciones heterogéneas de “mujer”. No es “la mujer”, sino “las mujeres”: mapuches, lesbianas, transexuales, etcétera. No puede repetirse el paradigma de la mujer blanca, de clase media, como el modelo de la política pública del Sernam.

Otro error, a nuestro parecer, es que parte del informe lo emita la Comisión de Familia. Es inexplicable. Esta situación devela la perpetuación del binomio mujer-madre, al que también hizo mención un colega.

¿Estamos de acuerdo con la creación del ministerio? Sí. Pero debemos dejar en claro que el avance en la erradicación de la inequidad de género no puede limitarse a una institucionalización. Desde la Conferencia de Beijing, en 1995, se ha venido transversalizando la perspectiva de género. Sin embargo, más allá de la institucionalización, en Chile aún no se despenaliza el aborto, aún se discrimina laboralmente, aún no se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas De Discriminación Contra la Mujer, u OP-CEDAW, por sus siglas en inglés, y en la Reforma Educacional el gobierno fue reticente a incorporar una selección que no sea sexista.

Al terminar mi intervención debo manifestar que uno de los objetivos del proyecto de ley es favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Este objetivo, sin lugar a dudas, es insuficiente, porque no se hace cargo de las auténticas causas de la desigualdad de género y reconoce el carácter sistémico de la opresión social de la mujer. No basta con igualdad de oportunidades para acceder al mercado. Desde ya, creo importante anunciar que en el trámite legislativo vamos a votar en contra todas las indicaciones presentadas por la diputada Claudia Nogueira y el diputado Sandoval, que dicen relación con respetar la naturaleza y complementariedad de los sexos.

martes, 18 de noviembre de 2014

Intervención Ley de Presupuesto


Estimad@s, comparto con ustedes mi intervención de hoy en el debate de la ley de presupuestos. Como tenía muy poco tiempo para hablar, concentré mi intervención en dos puntos: educación y algunas especificidades respecto a la región de Magallanes.

Como siempre, quedo atento a sus comentarios.

Un abrazo!

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La ley de presupuesto ha sido una discusión encerrada en el laberinto de la política. Hoy pretendemos que sea una discusión más sustantiva, que evalúe medios y fines. Y tenemos una certeza: el presente gobierno de la presidenta Bachelet, será evaluado por haber alcanzado o no esos fines, siendo la principal expectativa del gobierno, y la ciudadanía en general, realizar una reforma educacional.

Una conducción política resuelta debiera tomar la discusión del presupuesto y enviar señales categóricas respecto de los fines que persigue su Gobierno. Ese es el primer gran vacío de este proyecto de ley. La reforma educacional, de amplio apoyo ciudadano al comienzo de este gobierno, hoy no puede apoyarse en esos mismos actores, pues se encuentran desorientados, divididos y, en definitiva disconformes ante una reforma muy difícil de leer. Siendo esta una oportunidad de enviar una señal clara en favor de la centralidad de la reforma educacional, nuevamente nos enfrentamos a posiciones ambiguas en las que conviven contradicciones. Tengo en mis manos un protocolo para poder mejorar este aspecto en materia de las Universidades estatales, donde se piden cosas tan simples como que Hacienda se haga cargo del costo de Índice de Reajuste del Sector Público para evitar más alzas de aranceles, que el traspaso de los recursos aprobados sea oportuno, para evitar los costos que implica la demora en la transferencia de la platas que ya están. Dos mil millones de pesos se perdieron el año pasado sólo por este concepto. Dos mil millones! Que se cumpla con el compromismo de aumento de 5% gradual del AFD sin que esto implique redestinar recursos de otros gastos. Son cosas básicas ministro.

Entonces, queremos afirmar con toda claridad: este no es un presupuesto capaz de sustentar un puntapié inicial a la reforma educacional. No apuesta por la educación pública. En definitiva, no envía una señal en favor de que haya una profunda reforma educacional

Incluso peor: en algún momento el Mineduc declaró al Consejo de Rectores que este presupuesto aumentaría los recursos para educación, en particular para la educación superior pública. Falso. Sólo acomodó el “excel” para construir artificialmente dinero ya repartido, quedando incluso algunas universidades en posición desmejorada. Tampoco respeta la promesa del Presidente Piñera, consistente en el incremento del 5% del AFD. La Universidad de Magallanes, de aprobarse este presupuesto, tendrá que seguir apostando al mercado para financiar una educación que debería garantizar el Estado para todos los magallánicos y magallánicas.

Aquello que mantiene a la reforma educacional en un punto muerto es la falta de conducción política en el Mineduc. Pero si profundizamos la mirada, es la noción de un Estado “neutral” el que nos ata de manos e impide concretar posibilidades de avance sustantivo. Cuando el Estado es neutral se ve obligado a tratar a las universidades como si fueran iguales, como si los sostenedores fueran iguales, etc., sin distinguir cuáles han aportado al desarrollo de este país y cuáles se han dedicado a capitalizar sueños para beneficio propio. 

Esta dinámica nos parece irracional. El estado no puede ni debe ser neutral. Ni siquiera en la discusión sobre la ley de presupuestos. Por el contrario, debe reconocer la diversidad de nuestra sociedad y proponerse construir un diálogo razonable, un proceso deliberativo que contemple principios, medios y fines según diversos intereses y viabilizar un acuerdo democrático entre ellos. Un amplio acuerdo social es la única vía para responder al mandato de la ciudadanía y el único modo de asegurar no sólo “la continuidad” de los logros, sino que posibilitarlos.

En ese sentido nos parece relevante poner sobre la mesa el cuidado y preocupación central que debiera representar la educación pública, desatendida por este proyecto, en particular las universidades estatales y Universidades pertenencientes al Cruch como la de Valdivia o Concepción.

Caso aparte el la historia  de la Universidad del Mar. Para que repetir aquí la historia de impotencia de 18 mil estudiantes y sus familias. Y hoy, este presupuesto desgraciadamente pone en riesgo las becas de arancel de referencia para 3.500 estudiantes que fueron reubicados en otras Universidades después del colapso de la UdelMar producto de la mercantilización y el lucro. He entregado al director de presupuesto una minuta para modificar la glosa respectiva que permita dar solución a este asunto. No sigamos deningrando aún más a quienes ya tan mal lo han pasado.

En otro tema, con el diputado Rocafull de Arica acabamos de presentar dos indicaciones para las Zonas Extremas en el marco de la discusión de la ley de presupuesto:
1-. Destinar recursos específicos del presupuesto del Ministerio de Salud que permitan la contratación de médicos especialistas para las localidades ubicadas en zonas extremas del país, priorizando aquellas localidades donde existan mayor número de pacientes en listas de espera por largo tiempo, o un número de pacientes que sobrepase la oferta actual de atención de médicos especialistas.
2-. Aumentar recursos del Instituto Nacional de Deportes para ser destinados a apoyar el traslado de delegaciones deportivas amateurs a eventos o competencias que se desarrollen en regiones del país o en el extranjero, priorizando a las delegaciones que se encuentren ubicadas en las zonas extremas del país.

Espero estas indicaciones encuentren acogida en el gobierno, reconociendo así las duras condiciones que los habitantes de las Zonas Extremas deben pasar en particular en materia de salud ante la acuciante falta de especialista, y además se otorgue un reconocimiento a los miles de deportistas que todos los años ven limitado su desarrollo por falta de recursos producto del centralismo asfixiante que impera en nuestro país.



martes, 21 de octubre de 2014

Intervención votación proyecto que pone fin al lucro, selección y copago.

Hoy votaremos la primera parte de la reforma que los chilenos llevamos más de 10 años esperando. Se trata del anhelo por desmantelar la herencia de la dictadura y construir una nueva educación, que sea pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, a pesar de que a comienzos de año está reforma tenía un vasto apoyo popular, el proyecto que hoy votamos no ha sido capaz de convocar a la ciudadanía a respaldarlo. Algo salió mal.
                       
Desafortunadamente, el gobierno desechó la posibilidad de convocar a un amplio acuerdo social. En cambio optó por valérselas por sí mismo, apelando al saber de sus técnicos y su manejo de la situación política. Y la reforma se entrampó: las organizaciones sociales, estudiantes, profesores y rectores mostraron sus reparos ante los proyectos, los padres sus legítimas dudas, y la derecha, de manera oportunista, trató de presentar esto como falta de apoyo a la necesidad de la reforma.

El gobierno entonces cedió a las presiones de Walker y sus amenazas por la prensa, y de manera soterrada, pactó con la iglesia los elementos críticos de la reforma.

Primero, el fin al copago no ataca la lógica del mercado en educación. La subsidiariedad crecerá con el aumento de recursos que peso a peso reemplazarán el copago y los fondos SEP, promoviendo una visión de los estudiantes como medios para completar el presupuesto. Se asegura la estabilidad de ingresos de todas las instituciones del sistema sin atender la segregación económica que produce la competencia entre ellas. Tampoco se permite al Estado promover ciertos proyectos educativos sobre otros, pues se le exige ser “neutro”.

El anunciado “fin al lucro”, ha dado paso a un lucro regulado. Lo que hoy es lucro ilegítimo mañana será ganancia legal. Eso no es por lo que hemos luchado por tanto tiempo. Legitimar el arriendo de colegios es dejar abierta la misma puerta por la cual los empresarios de la educación destruyeron los sueños de miles de familias en la Universidad del Mar y en otras instituciones que hoy hacen más noticias en las páginas policiales que por su aporte al desarrollo del país. Yo no estoy disponible para legitimar esto.

Nuestro voto será en general a favor, porque no renunciamos a la posibilidad de cumplir el anhelo ciudadano de lograr un cambio en educación, y parte de ese espíritu aún sobrevive en este proyecto. Llamamos a los parlamentarios a rechazar los elementos que consolidan el Estado subsidiario, y en cambio a aprobar las indicaciones que desde el movimiento social, y también desde algunos parlamentarios, buscan consolidar a la educación como derecho sin discriminación. Ni por plata, ni por género, ni por convicciones.

Pero más importante que todo, hacemos un llamado al gobierno: Presidenta Bachelet, aun hay tiempo de enmendar el rumbo.

El camino del Acuerdo Social no solo sigue vigente, sino que es el único que viabiliza una reforma educacional sustantiva. Los proyectos de educación pública aún no se han elaborado. En su discusión, el Gobierno tiene una oportunidad real de salir de su actual situación de aislamiento.

Varios actores han trabajado en esa dirección. Desde la Fundación Nodo XXI hemos intentado aportar a este debate convocando a distintas voces de la sociedad civil vinculadas al mundo educacional, para elaborar un planteamiento sobre el horizonte y los ejes de cambio inmediato que suponen la construcción de una nueva educación pública. Este Compromiso por una Nueva Educación Pública, esta a disposición para trabajar por esta reforma, y con ese espíritu, con un grupo de parlamentarios presentaremos mañana un proyecto de acuerdo para que el presupuesto refleje el compromiso que se supone el gobierno tiene con la educación pública, y que en lo que hasta ahora conocemos del actual presupuesto, no se expresa.

Y a la derecha, los hemos escuchado hacer gárgaras con la necesidad de fortalecer la educación pública, siendo ustedes mismos los que la desmantelaron. No puedo sino sospechar oportunismo, pero más allá de las valoraciones personales, sepan que ese compromiso se lo vamos a cobrar.


Termino haciendo un llamado a todos los trabajadores, profesores y estudiantes, que desde hace años hemos luchado en las calles por una reforma que consagre a la educación como un derecho y no un negocio, a salir a las calles, a organizarnos y movilizarnos. Porque la reforma a la educación que queremos tenemos que defenderla de la derecha, pero si es necesario, y hoy parece serlo, también la defenderemos de las vacilaciones del gobierno.

martes, 7 de octubre de 2014

Intervención proyecto de trabajadoras de casa particular

Todos los proyectos relativos a trabajadoras de casa particular que fueron fusionados en este proyecto tenían como uno de sus objetivos establecer que éstas tienen los mismos derechos básicos que el resto de los trabajadores, para así poder cumplir con el Convenio 189, que se votará hoy en la Cámara, y la Recomendación 201. Pese a ello, como muchas veces pasa en este congreso, los principios y las ideas matrices de los proyectos quedaron muy lejos de lo que finalmente hoy se está votando.

Cuando hablamos de trabajadores de casa particular, hablamos de uno de los trabajos más precarizados. Hablamos principalmente de mujeres, muchas de los cuales son migrantes o son las más pobres de nuestro país, siendo las más vulnerables a la discriminación en sus empleos y a abusos en sus derechos humanos. Por ello su trabajo debería ser aún más regulado y deberíamos adoptar medidas especiales para protegerlas, pero sucede todo lo contrario.

La indicación de la presidenta Bachelet establece para las y los trabajadores que viven en la casa del empleador 4 días adicionales de descanso dentro de cada mes calendario (en vez de los 2 días del proyecto de Piñera), y se acortaron los inexplicables plazos que retrasaban la plena exigibilidad de la ley. Pero el proyecto no se hace cargo de la jornada laboral de aquellas, piso mínimo para poder hablar en igualdad con el resto de los trabajadores. Así, en el mundo ideal, si a estas trabajadoras se les respeta el descanso dominical más un día de descanso a la semana y trabajan como es usual 12 horas mínimo, tendrán una jornada de 60 horas a la semana, lo que supera con creces a la jornada del resto de los trabajadores. Si sumado a esto tenemos una fiscalización casi de papel, podríamos decir que en Chile cerca de 55.600 personas, dentro de cuyo segmento el 98.2% equivale a mujeres, están en un régimen prácticamente de esclavitud al no establecer un límite a la jornada de trabajo. No olvidemos que la lucha por las ocho horas de trabajo es una lucha que dieron los trabajadores en el siglo XIX y hoy estamos amparando que existan mujeres trabajando más de doce horas diarias.

En su informe a la CEDAW el año 2012 el Estado dio cuenta de los avances legislativos en esta materia y utilizó la tramitación de este proyecto de ley para dejar tranquilo el Comité, señalando que este proyecto tiene por fin principal equiparar la jornada de las trabajadoras domésticas (hasta 72 horas semanales) a la regulación ordinaria (45horas semanales).  Situación que como sabemos se aleja totalmente de la realidad toda vez que no se regula la jornada de las trabajadoras puertas adentro y que la jornada de las trabajadoras puertas afuera, se reduce a 45 horas a la semana, pero luego se agrega una jornada adicional, sui generis en el derecho comparado (no se aplican las reglas que el Código del Trabajo estipula para la jornada extraordinaria) , de 15 horas más, que se supone se establece de común acuerdo y bien sabemos quién gana en los acuerdos entre los empleadores y los trabajadores, así la jornada sólo se reduciría de 72 horas a 60 horas, siendo aún una jornada desigual con respecto al resto de los trabajadores.

La recomendación del Comité es que la eliminación de esta distinción arbitraria, entre las trabajadoras de casa particular y el resto de los trabajadores, debe ser acompañada de la fiscalización efectiva del acatamiento de la norma más aún si se considera que el incumplimiento de la legislación, en muchos casos, se asocia con discriminaciones por nivel socioeconómico, origen étnico o nacionalidad, entre otras condiciones de las trabajadoras. Sin embargo, la  fiscalización aquí propuesta es bastante timorata toda vez que se supone existiría un choque con el derecho a la intimidad y vida privada del empleador, y por lo tanto, si este no quiere que lo fiscalicen tendría la posibilidad de negarse y concurrir en otra oportunidad a la Inspección con los documentos requeridos.

Voy a votar en contra de este proyecto porque creo que si bien desde una perspectiva restrictiva podría ser considerado un avance, sigue siendo insuficiente e incluso discriminatorio con las trabajadoras de casa particular. Pero principalmente voy a votar en contra porque no podemos seguir permitiendo, en particular en materia laboral donde se expresa quizás más violentamente las explotación de los trabajadores, la lógica de avanzar "en la medida de lo posible", un posible que por cierto no definen los y las trabajadoras, sino los empleadores y los empresarios en acuerdo con el gobierno de turno.

Quiero destacar si, el trabajo que ha realizado el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, y ponerme desde ya a su disposición para colaborar en mejorar este proyecto. Mi voto es contrario a este proyecto por su insuficiencia y su inexplicable legitimación de la desigualdad de trato hacia las trabajadoras de casa particular en relación al resto de los trabajadores, pero ello no afecta mi compromiso para trabajar en conjunto con ustedes para reparar las condiciones indignas en que como sociedad hemos permitido desarrollen su trabajo.