miércoles, 16 de abril de 2014

Intervención voto chilen@s en el exterior

Estimad@s, comparto con ustedes la intervención que me hubiese gustado hacer en el debate sobre el voto de los chilenos y chilenas en el extranjero. Desgraciadamente no pude hacerlo porque la derecha y la Nueva Mayoría se pusieron de acuerdo arbitrariamente para cerrar el debate y votar, sin que quienes aún no habíamos intervenido (entre ellos Giorgio Jackson, Maya Fernández y yo), pudiéramos hacerlo. De todas formas enviaré este texto a la secretaría para que quede registrado en la historia de la ley.


Es complejo este proyecto. Es complejo porque pese a lo que pareciera en una primera mirada en vez de garantizar el ejercicio de un derecho ya consagrado en la Constitución, lo restringe.

Antes de referirme a esto no puedo sino lamentar los motivos que entrega la derecha para oponerse a este proyecto de ley. Es de una mezquindad que remece, y pone en evidencia como poco a poco, la derecha política en Chile se va reduciendo a una trinchera, cada vez menos representativa de la voluntad de la mayoría del país.

Dicho esto, creo pertinente ahondar en el análisis de lo que se propone. La actual Constitución, con todas sus limitaciones e ilegitimidad de origen, consagra el derecho a voto, en todas las elecciones, a todos los ciudadanos y ciudadanas, sin importar su lugar de residencia. El problema del proyecto que hoy se nos pide aprobar es que limita el derecho a voto a los ciudadanos y ciudadanas chilenos que se encuentren en el extranjero, sólo a las elecciones presidenciales, plebiscitos y primarias nacionales.

Se puede estar a favor o en contra del derecho a voto de los chilenos y chilenas en el extranjero (yo estoy a favor). Se puede discutir en qué elecciones es pertinente que voten. Lo que no se debiera hacer es limitar, en la misma Constitución que lo consagra, el derecho a voto de ciudadanos tan ciudadanos como cualquier otro.

Lo que corresponde, entonces, es garantizar y regular el ejercicio del voto en una Ley Orgánica Constitucional, cuyo quórum de modificación (4/7) es además inferior al de una reforma constitucional (3/5). Pero el problema es aún mayor. Porque sucede que en el marco de la discusión por la eliminación del guarismo 120 de la Ley que regula las elecciones de diputados en nuestro país, se amarró que cualquier modificación a esta Ley Orgánica Constitucional que diga relación con el número de senadores y diputados, las circunscripciones y distritos existentes, y el sistema electoral vigente, requerirán del voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio.

¿Por qué se realizó este amarre? Es algo que quienes votaron favorablemente esta modificación en la legislatura pasada tienen que explicar (la ley fue promulgada el 31 de Enero de 2014 y publicada en el Diario Oficial el 15 de Febrero del año en curso).

En este contexto, se argumenta que la derecha no daría los votos para hacer posible una reforma constitucional que permita que este tema se trate en una Ley Orgánica y no en la Constitución misma.

Soy un convencido de que nuestro compatriotas que por diferentes motivos hoy habitan en el extranjero, tienen los mismos derechos que quienes hoy estamos en Chile de participar en las decisiones sobre el futuro de nuestro país, y considero inaceptable que les sigamos negando su legítimo derecho a ser parte del destino de nuestra patria.

Votaré a favor de este proyecto porque creo que no podemos seguir dando excusas a quienes hoy están fuera del territorio nacional. Pero lo hago con el compromiso de que en el segundo semestre del 2014, cuando comencemos el debate sobre una nueva Constitución, este tema no puede ser olvidado, y nuestra nueva Carta Magna, construida espero por el pueblo de Chile y no por unos pocos parlamentarios, no limite el ejercicio del derecho de quienes viven en el extranjero de participar de las elecciones en nuestro país.

Para terminar, un mensaje al gobierno. En el parlamento hoy por hoy no existen solo dos coaliciones, derecha y Nueva Mayoría. Habemos quienes, como Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y yo, militamos en organizaciones que no forman parte de estas coaliciones (Revolución Democrática, Partido Liberal e Izquierda Autónoma respectivamente), además de Alejandra Sepúlveda (independiente). Como comité independiente, que cuenta en su seno con diversas visiones, hacemos ver que es un error dar por sentado nuestro apoyo a iniciativas que provengan del ejecutivo o de la coalición gobernante, y por ende, si desean contar con nuestro voto para algún proyecto en particular, será siempre necesario un debate previo, con tiempo y entendiendo que aquí no respondemos a órdenes de coaliciones de las que no somos parte.

martes, 15 de abril de 2014

Ante la aprobación de la idea de legislar la reforma tributaria


A diferencia de la derecha, yo no quiero una reforma que pase desapercibida, que no se note, que no afecte el desarrollo del país. No quiero cambiar algo para que todo siga igual, quiero una reforma que modifique profundamente la estructura tributaria en Chile.

Me parece muy importante que estemos hablando sobre los impuestos. Ahora, lo que me interesa es que antes de cualquier debate técnico, sobre que FUT o no FUT, o sobre si impuestos de primera o segunda categoría, o impuestos directos o indirectos, aclaremos, como bien dice el diputado Melero, de qué es de lo que se trata esta discusión. El debate tributario parece un debate técnico, pero la verdad es que, al ser un debate sobre cómo debe financiarse el Estado, es decir, aquello que es de todos, es un debate sobre principios, es un debate ideológico, sobre qué es lo justo y sobre los deberes de cada uno de nosotros con el resto de los miembros de esta sociedad. Visto así, este no es, ni debe ser un debate entre expertos, sino uno donde debiese participar el conjunto de los ciudadanos.

Hacer una pausa antes de entrar al debate tributario permite cuestionar varios de los sentidos comunes imperantes en nuestra sociedad. Una de las propuestas de la Nueva Mayoría es la de subir la tributación de las empresas de un 20 a un 25%. Antes de entrar a comentar el ajuste, detengámonos en lo que esto significa. Que las empresas paguen un 20 o 25 % de impuesto sobre la base de sus utilidades quiere decir que la riqueza que éstas crearon no es de ellas, o no es completamente de ellas, sino que una parte relevante, un cuarto, es de la sociedad. ¿Y esto qué significa? Bueno que la riqueza creada por esa empresa no es solo mérito de ellos, quiere decir que cualquier riqueza, creada por cualquier empresa se debe, en buena medida, a los bienes que aporta el conjunto de la sociedad para que dicha creación de riqueza sea posible, y que si la sociedad no puede aportar lo que se necesita para que esta sociedad funcione, entonces no hay creación de riqueza posible.

Lo mismo pasa con las personas. La propuesta de la Nueva Mayoría es bajar de un 40 a 35% lo que paga el segmento más rico de la sociedad. Bueno, pero detengámonos en eso. Estamos diciendo que del 100% de la riqueza que poseen los más ricos de este país, proporcionalmente, el 40% es lo que le corresponde al conjunto de la sociedad, que es la que hace esa riqueza posible.

Los impuestos no son una multa o una sanción con la que el Estado castigue la creación de riqueza, los impuestos son aquello que todos quienes son parte de la creación de riqueza le deben al conjunto de la sociedad para que esta pueda seguir funcionando.

Me parece que cuando lo vemos así, el debate tributario toma otro cariz. ¿De quién es y cómo hay que recaudar la riqueza que se produce en Chile? Esa es la pregunta de cualquier reforma tributaria, y esa es una pregunta sustancialmente política y no técnica.

Hoy, quizás el rasgo más estructural de nuestra sociedad es su desigualdad. Esto es importante para el debate tributario, porque la recaudación de impuestos puede producir igualdad o desigualdad, y lo puede hacer de dos maneras. Una, que es la más conocida, es usando los recursos recaudados para programas sociales que ayuden a combatir la desigualdad. La otra, es a través de la misma forma en que se recaudan los recursos, pues un sistema, en el mismo acto de recaudar impuestos, puede producir o combatir la desigualdad.

No soy parte de la nueva mayoría ni pretendo serlo. Nuestra opción es la de avanzar hacia la creación de una alternativa de izquierda para Chile. Tampoco soy miembro oficial de esta comisión. Pero habiendo asistido a la mayoría de sus sesiones una vez presentada la reforma tributaria, votaría a favor de la idea de lesgislarla. Y esto por un motivo muy simple. Más allá de algunas diferencias sustantivas que tengo con el proyecto (omisión del royalty al cobre y baja de impuestos al tramo de ingresos más alto), y algunas dudas fundadas sobre sus efectos, tengo la convicción de que nuestro país necesita una reforma tributaria y se merece un debate público sobre ella.


Intervención ante Informe Comisión Investigadora SENAME

Estimad@s, comparto con ustedes la intervención que realicé hoy en el marco de la discusión por el informe de la Comisión Investigadora del Serviciov Nacional de Menores.






Es desgarrador escuchar este informe. No podemos ser indiferentes. Pero antes de entrar en el tema que nos convoca quiero hacer un llamado de atención general sobre el funcionamiento de la Cámara. Cuando el diputado Saffirio presentó este informe habían sólo 7 diputados de la derecha en la sala, durante la intervención del diputado Iván Flores, ahora mismo , hubo un momento en que solo un diputado de la derecha estaba en la sala.  De los diputados presentes, es difícil saber cuántos estaban realmente escuchando. Y aquí todos tenemos tejado de vidrio. Todos. Escuchémonos más. Este es el espacio donde se supone se delibera sobre el bien común, sobre los caminos que debemos seguir como país. Es impresentable que en todas las discusiones no nos escuchemos, salgamos de la sala, conversemos entre nosotros sin poner atención a lo que nuestro colegas, independiente de su filiación política están diciendo. Hagamos todos una instrospección y revisemos nuestra conducta aquí en la sala. Demos el ejemplo y aprendamos a escucharnos. Es el mínimo respeto que debemos tener por quienes nos mandatan para estar aquí.

Dicho esto, paso al tema de discusión.

A partir de la sistematización que realizóUNICEF de un total de 381 cuestionarios  aplicados a los niños, niñas y adolescentes en 2012 y de la encuesta aplicada por el propio SENAME a cerca de 4000 niños y niñas residentes en hogares de menores, ampliamente detallado en este informe, se pudo constatarque además de los graves casos de abusos sexuales en contra de los NNA (niños, niñas y adolescentes), se suman otras importantes vulneraciones a los derechos de los NNA, que van desde falta de atención en educación, salud física y mental, institucionalización prolongada e injustificada, declaraciones de susceptibilidad de adopción sin enlace, entre otras gravísimas vulneraciones. Queremos hacer presente que en la actualidad todos los niños y niñas sufren vulneración a sus derechos al no tener acceso a una educación gratuita y de calidad, al no tener acceso a la salud, acceso a la vivienda, entre otrosderechos sociales que nos son negados. Y evidentemente, estos niños y niñas, por su condición,serán aún más violentados  en la medida que no exista una institucionalidad y una estructura legislativa acorde a los mandatos establecidos en la Convención de derechos del niño y todos los tratados de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile.

Estamos de acuerdo, en general, con las condiciones y propuestas del informe, extrañamos si que se hiciera un análisis más exhaustivo de los menores institucionalizados por infringir la ley y ver si se estaban cumpliendo los principios rectores de la ley 20.084.

En relación con los desafíos legislativos, queremos insistir en la urgencia de derogar la actual ley de menores, lo que no puede ir sino de la mano de  la aprobación y entrada en de una ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes; que incluya también a los menores de infractores de ley. Así como también estamos de acuerdo con la creación de una institución autónoma que pueda representar los intereses del niño cuando sus derechos se encuentran en peligro, que es el Defensor del Niño; la aprobación de una ley que prohíba expresamente todas las formas de violencia, maltrato, castigo corporal, descuido o negligencia, tanto en el hogar como en las instituciones; Creación e implementación de programas de reparación no solo para los niños que vayan a ser enlazados en adopción, entre otras medidas contenidas en el informe. Y Por supuesto, terminar con el levantamiento de información pues no se posee la correspondiente a la situación de la residencias y de los niños acogidos, de la Región del Biobío y Magallanes (salvo respecto de las Aldeas SOS de ambas zonas, que si fueron recogidas), de la región Metropolitana ni de La Araucanía, y que es altamente recomendable, más bien, constituye un deber del Estado de Chile, concluirlo siguiendo la misma metodología exhaustiva utilizada en las regiones investigadas.
Nos queremos detener en un punto importante, creemos que es necesario eliminar de cuajo la causal de inhabilidad parental, las evaluaciones que hoy se hacen acerca de la inhabilidad parental son absolutamente insuficientes y no hacen otra cosa que encubrir casos graves de discriminación en contra de las familias más pobres de nuestro país. Si bien, en la actualidad este es un motivo prohibido para alejar a los hijos de sus padres existe un porcentaje no menor de niños que han sido apartado de sus padres por esta causa. ¿Es la solución a la pobreza de esas familias la internación de sus hijos? No podemos permitir que continúe esta discriminación.

Respecto al informe, me gustaría detenerme en la situación de la región que tengo el honor de representar, Magallanes.












Diagnóstico Inicial y Problemas Detectados en el Proyecto Levantamiento y Unificación de información de niños en sistemas residenciales

Magallanes: 126 niños

1. Edad de los Niños, Niñas y Adolescentes ingresados:

Magallanes: Entre los 126 niños las edades se distribuyen entre los menores de un año y los 23 años, siendo el promedio de edad los 10. Once de ellos, tienen 18 o más años, lo que equivale al 8,7%. Hay11 personas mayores de 18 años!!!, por qué están internados mayores de edad? Esta situación es claramente ilegal y necesitamos saber las razones de que estos aún se encuentren institucionalizados.

2. Ingresos sólo por razones económicas:

Magallanes : La principal causal de ingreso de los niños/as al sistema residencial en Magallanes se asocia a la negligencia parental (un 73,9% lo que equivale a 85 casos), seguido de Abandono (10,4%) y Maltrato y/o violencia (9,6%). La situación de ingreso ilegítimo por factores económicos se da en 3 casos, equivalentes a un 3,5% del total. 

Los casos de ingreso por factores económicos corresponden a 3 niñas lactantes y un niño de 6 años, todos del FAE Nazareth, quienes están en su mayoría ingresadas desde su nacimiento dado que su madres , adolescentes, residen en familias guardadoras.

3. Separación de Hermanos:

Magallanes: Un 45 % de los niños/as que entra al sistema residencial lo hace con al menos 1 hermano/a, pero la mayoría de ellos no están juntos en la misma residencia. Un 45,9% tiene los tienen a fuera del sistema, y por ende, se encuentran separados entre sí.
4. Tiempo de institucionalización:

Magallanes: Un 38% de los niños/as de la Región de Magallanes presentan una larga institucionalización. En promedio en la región los niños permanecen 35 meses, es decir casi 3 años aproximadamente, en el sistema residencial, y se encuentran viviendo un promedio de 13 meses, es decir, 1 año y un mes, en la residencia actual en la que se encuentran.

5. Desarraigo Familiar y Comunitario debido a la lejanía de las Residencias:

Magallanes: Un 8% de los niños, correspondiente a 9 casos presenta desarraigo familiar y comunitario

6. Estado de los Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes acogidos a la Protección Social, Educación y Salud.

En particular, en lo referente al Derecho a la Salud, a esta Comisión Investigadora le interesa dejar sentadas en este Informe las discapacidades, enfermedades crónicas y, el consumo de drogas.

Magallanes: Durante la visita a las residencias, se observó que en el 81% de los casos el proyecto mantenía historia médica actualizada del niño/a.

Cabe señalar respecto de este punto, que el 73% de los niño/as con enfermedad crónica recibe tratamiento y un 27% (5 casos) , la padecen sin recibir tratamiento alguno.

Respecto a la temática de drogas en el ámbito de la salud, en un 21,7% se señala consumo (25 casos), principalmente alcohol (56%), Inhalantes (24%), Tabaco (16%) y otras (4%).

En relación al tipo de consumo -excluyendo del análisis el tabaco- la región presenta 10 casos de consumo abusivo o problemático en los tres tipos de drogas, siendo el más relevante en casos, el del alcohol, con 7 de ellos.

7. Abuso Intraresidencial

Magallanes: Se encontraron 3 casos de abuso intraresidencial llevados a cabo por adultos mientras se encuentran al cuidado de la residencia. Los casos de abuso corresponden a 2 niñas –una de 4 años y una de 14años – y un niño de 9 años


SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS POR MEDIO DE LAS CUALES EL SENAME DESARROLLA SU COMETIDO DE BRINDAR PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

Magallanes: Niños en riesgo alto: 22%. Sólo los Directores de la Residencia Miraflores (considerando todas las residencias de Chile!), en cuanto fueron informados de la vulneraciones de derechos que acaecían en su establecimiento por el equipo de trabajo formado por los miembros de la Comisión y los Jueces de Familia de Punta Arenas, tomaron por disposición de éstos, las medidas necesarias para poner término inmediato a las vulneraciones, separando de sus funciones a los responsables y realizando las gestiones necesarias para reparar a los afectados y restablecerlos en el uso efectivo y goce pleno de sus derechos, como consta en cada una de las causas de protección correspondientes a los niños afectados. Razón por la cual, la Residencia Miraflores se encuentra actualmente en pleno cumplimiento de sus deberes y entregando el cuidado debido a todos los niños, niñas y adolescentes que acoge.

Por último, como bien argumentara el diputado Saffirio, creemos que hay que exigir las responsabilidad comprometidas, a todos y cada uno de los actores involucrados descritos en este informe toda vez que hasta el día de hoy el han mantenido una conducta transgresora de sus deberes, no han hecho nada -hasta la fecha- para poner fin a esas vulneraciones y restaurar el imperio del Derecho, los hechos acaecidos son particularmente graves, y los responsables no pueden quedar exentos de responder por su acción o inacción. El Poder Judicial tampoco parece haber tomado medidas especiales al respecto. Los Tribunales de Familia de cada región hasta la fecha tampoco han actuado de oficio en la materia, en ejercicio de la potestad cautelar que les corresponde. Excepto porla actuaciones de oficio realizadas -en este contexto- por el Tribunal de Familia de Punta Arenas en el año 2012 y la del Tribunal de Familia de Vallenar que continúa hasta la fecha. Queremos felicitar al tribunal de familia y creemos que con los nuevos datos que deben ser levantados también deberán tomarse las medidas necesarias para resguardar los derechos de los niños y niñas de nuestro país.

Para finalizar, hago un llamado a que este informe, no quede guardado en un cajón. Mañana mismo, quizás otro niño o niña será abusado, otro niño o niña será maltratado, otro niño o niña será vulnerado en sus derechos fundamentales. Y por nada menos que por El Estado. Y nosotros, como poder del Estado, no podemos seguir siendo cómplices de ello.

miércoles, 2 de abril de 2014

Intervención proyecto reforma tributaria


Estimad@s, comparto con ustedes mi intervención en la Comisión de Hacienda de la Cámara en el marco de la presentación del proyecto de reforma tributaria del gobierno. El video de la intervención lo pueden ver aquí

Muy buenas tarde señores Ministros Arenas y Rincón y Subsecretario Micco
El debate tributario, a primera vista pareciera ser un debate técnico, exclusivo para expertos y de un lenguaje que la mayoría no puede comprender. Sin embargo, si se le mira con detención, vemos que es un debate sobre cómo se financia el Estado, o sea, un debate sobre lo que es de todos por el solo hecho de ser ciudadanos de nuestro país, y acto seguido, de cómo se distribuye lo que a todos pertenece.
Es por tanto, un debate sobre la justicia, la igualdad, la equidad. Es un debate sobre principios profundos que inspiran nuestra vida en sociedad.
Creo importante partir por establecer que estoy a favor de una reforma tributaria estructural, en la que los ricos de nuestro país, paguen más, y que apunte a mejorar la distribución de la riqueza.
Teniendo a la vista estas consideraciones sobre el carácter de la discusión que nos convoca y su trascendental importancia, me surgen las siguientes preguntas.
1-. ¿Por qué, si uno de los objetivos declarados de la reforma es recaudar más, no estamos hablando de nuestro cobre? La verdad que no lo entiendo.
Creo que el rol del Congreso es precisamente ampliar los márgenes del debate, incluso más allá de lo que propone el gobierno. Y hoy, en el marco de la discusión de esta reforma, no podemos seguir impávidos frente al robo que desde hace años, vienen realizando un grupo de transnacionales con la complacencia de nuestras autoridades, llevándose en sus bolsillos los ingresos producidos por un recurso, el cobre, que no volverá.
No me explayo más sobre este asunto porque creo que es claro. Es injustificable que el proyecto de reforma tributaria no toque a las grandes empresas mineras.
2-. La presidenta dijo expresamente que esta reforma busca disminuir la desigualdad. ¿Por qué entonces, con este objetivo en mente se avanza un paso y acto seguido, se retrocede otro. No se explica Ministro, que quieran rebajar impuestos a los más ricos de este país.Sabemos que en Chile se cobra periódicamente como anticipo el impuesto de primera categoría sobre la base del flujo caja de la empresa y luego lo pagado se imputa como crédito al pago anual de impuesto a la renta personal o al impuesto adicional que pagan las empresas extranjeras que repatrian utilidades. Pero la reducción de la tasa marginal del impuesto global complementario de 40 a 35% reduce a la postre la recaudación fiscal, compensando en parte, con un aporte directo a los bolsillos de los más ricos de Chile, el efecto del alza del impuesto de primera categoría.
Además, esta propuesta plantea un problema político. Si los parlamentarios de la Nueva Mayoría se negaron a aprobar, correctamente desde mi punto de vista, la rebaja propuesta por el expresidente Piñera de 40% a 36% del impuesto marginal a la renta en 2012, no resulta coherente que 2 años después aprueben una aún mayor.
Lo que sigue estando detrás de estos enfoques, como nos recuerda Gonzalo Martner en una columna publicada esta semana, es la idea del “flat tax” de Milton Friedman, es decir, de equiparar el impuesto a la renta y a las utilidades de las empresas, terminando con la progresividad de los impuestos. No se entiende bien de qué manera esto colaboraría con la disminución de la inequidad en Chile.
3-. Con motivaciones distintas que las del diputado Melero, tampoco entiendo la gradualidad. ¿Por qué una reforma que se estima necesaria, positiva, y se argumenta que no desincentiva ni la inversión ni el crecimiento, no se comienza a implementar en régimen desde ya?
Esas, en principios son mis interrogantes sobre este proyecto.


 

martes, 1 de abril de 2014

Intervención Informe Comisión Investigadora del lucro

            
Estimad@s, comparto con ustedes mi intervención del día de hoy en el debate sobre el informe de la Comisión Investigadora del lucro en la Educación Superior. Un abrazo!







Recuerdo que el 19 de Julio del 2012, en conjunto con varios dirigentes estudiantiles (en esa época era presidente de la FECh), llegamos al Congreso para presenciar la votación del 1er informe de la Comisión investigadora del lucro en la educación superior, presidida y empujada por la diputada Alejandra Sepúlveda. El día antes, había leído el "Balance Patriótico de Vicente Huidobro", y una vez terminada la votación que consagró un vergonzoso rechazo al informe, vinieron a mi mente sus palabras interpelando al regimen parlamentario de la época. Dije entonces a los medios de comunicación parafraseando al poeta, "el Congreso, o parte de él con decisiones como ésta, parece, más que el lugar donde se expresa la voluntad soberana de la sociedad, un circo de payasos tristes, que si no diera pena daría risa". Espero, este Congreso aprueba este informe de forma unánime, para reparar en parte, la ignominia en la que quedara sumido después de aquella jornada.

En consideración a sus objetivos, la comisión investigadora da cuenta del estado de la Educación Superior en Chile, siendo en tal sentido, una contribución en la línea de develar el modelo educacional centrado en el mercado y por tanto, de un sistema opuesto al de la educación como derecho social, que es inherente al Estado Subsidiario. Ejemplificador es cuando el informe señala que el sistema está en crisis y que dicha crisis es responsabilidad del Estado, siendo su máxima expresión, pero sólo la punta del iceberg,, el caso de la Universidad del Mar.

Sin embargo, un número significativo de medidas concretas que propone en sus conclusiones se posicionan más bien como reguladoras del sistema que transformadoras del mismo (entendible si es que su labor no era la de proponer un nuevo sistema de educación, sin embargo no muy coherente con el reconocimiento de las nefastas consecuencias del sistema actual, como es el caso de la Universidad del Mar), entre tales medidas podemos apreciar: fortalecimiento de la fiscalización, robustecimiento de la acreditación, etc.

De ahí que es preciso entender, a diferencia de como se hizo durante la larga transición chilena, que “lo técnico ha de ser un vehículo de concreción de los principios que la sociedad defina, y no al revés. Por lo mismo, el saber experto -fundamental en cualquier actividad social- debe ponerse a disposición de los consensos políticos emanados de la sociedad, sin suplantarlos.”

Señales claras para una reforma transformadora en educación son aquellas tendientes a sacar al mercado de la educación (desmercantilización) y no sólo su regulación. Luego, toda iniciativa que potencien el control del Estado sobre los privados es positiva, siempre y cuando el marco de actuación sea el de la Educación pública como pilar y como derecho social universal, teniendo que ser suprimidas todas aquellas aristas que lo afecten, por ejemplo: las barreras de acceso, fallas regulatorias que atenten contra la calidad, limitaciones a la democracia, etc.

El informe deja en claro que existen responsabilidades por parte del Estado (y de los sucesivos gobiernos) ya que éste - a través de su Ministerio de Educación- sí cuenta con las facultades e información para fiscalizar y sancionar a las universidades privadas. Queda en evidencia que  el régimen de control que la Contraloría General de la República establece para las universidades del Estado también debería ser aplicable -al menos - a aquellas instituciones que reciban recursos del Estado y que hoy se materializa a través del Crédito con Aval del Estado (CAE), el Mecesup, entre otros.

No deja de ser rescatable el reconocimiento que hace (por primera vez, dada la votación desfavorable del primer informe) un poder del Estado a la existencia de lucro y la responsabilidad que ha tenido el Estado en la formación del mercado en la ESUP. En ése sentido que no se apruebe el informe en sala sería una nueva señal de dar la espalda al movimiento estudiantil y a la ciudadanía que ha venido denunciando dicha realidad hace varios años.


Sobre el cierre de la Universidad del Mar, en las conclusiones del informe hay poca preocupación por referirse a la situación de los trabajadores de la Universidad del Mar, aún cuando consagra las numerosas inquietudes de ellos por su futuro laboral y el pago de lo que se les debe. No hay una mención expresa sobre los estudiantes y lo complejo que ha sido el proceso de reubicación, en las conclusiones. Si bien hay propuestas que aseguren que esto no vuelva a ocurrir, se deja de lado la regulación de qué hacer con estudiantes y trabajadores.
Queda de manifiesto que no existen procedimientos estatales para hacerse cargo de las Universidades que son cerradas. Es sumamente importante para que empiece a revertirse la tendencia de privatización y comenzar a utilizar las fallas del sistema privado para potenciar el control estatal del sistema.

Para terminar, hoy los ojos de la sociedad chilena están puestas sobre nosotros y este debate. Y esto porque la educación, es la herida por donde sangra la desigualdad chilena. Y aquí, no hay puntos medios. La educación, o es derecho o es negocio. Nosotros, seguiremos luchando, en la calle y en el parlamento, hasta que la educación sea consagrada en nuestro país, como un derecho  social universal garantizado por el Estado sin discriminaciones de ninguna especie.

Muchas gracias.

miércoles, 19 de marzo de 2014

Intervención en Comisión de Educación

Estimad@s, comparto con ustedes el texto de la intervención que realicé el día de ayer en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ante el Ministro Nicolás Eyzaguirre y la Subsecretaria Valentina Quiroga.


Muy buenas tarde señor Ministro Eyzaguirre y Subsecretaria Quiroga,

Más que preguntas, al ser esta la primera vez que nos encontramos, creo relevante hablar de principios. Y eso, justamente, es lo que trataré de hacer en mi intervención.

Para la sociedad chilena el consenso es claro: la educación es un derecho y no puede seguir siendo un bien de mercado. Tengo la esperanza que esta lucha la vamos a ganar. Sabemos también que para eso hay que vencer la resistencia de los poderes fácticos y los que han lucrado con nuestros derechos. Tienen representantes en este congreso y en todas las instituciones. Por décadas las han controlado.

Hemos venido luchando contra estas resistencias durante años. Y de gobiernos pasados hemos escuchado lamentos y explicaciones de por qué los cambios democráticos no se han profundizado, al mismo tiempo que promovían más y más mercado.

Este gobierno tiene una oportunidad histórica: la derecha es hoy minoría en las cámaras. Y más importante aún: se ha conformado una mayoría social y cultural a favor de los cambios, una que ya no va a creer más en excusas ni manipulaciones.

Si el gobierno tiene de verdad la convicción de hacer de la educación un derecho, pueden esperar de nosotros un apoyo a los proyectos de ley correspondientes. Pero si una vez más los anhelos de tantas familias son olvidados, que lo sepan: vamos a levantar nuestra voz. Actuaremos con transparencia, pues el lugar que ocupamos acá no se lo debemos a la vieja política. Nuestra lealtad es con las fuerzas sociales y los ciudadanos que nos han puesto acá, y que han contribuido a hacer de Chile un país más democrático.

Durante años los gobiernos de la Concertación usaron la retórica de los “derechos sociales” para profundizar el mercado y el lucro con recursos de todos los chilenos. Dijeron “derechos”, pero en la realidad dieron bonos. Hablaron de educación pública, pero financiaron el lucro privado. Por eso hoy queremos ser claros. Nos parece que una reforma que avance en la dirección correcta en el plano educacional, tiene que hacerse cargo de algunos aspectos que no pueden ser manipulados.

Son seis los que nos parecen más relevantes:          

1.- La educación debe ser un derecho: un bien de todos

La educación es la acción mediante la cual la sociedad entrega a los jóvenes la cultura que ha elaborado, tanto sus saberes como sus valores. Es el espacio además donde el conocimiento se desarrolla y enriquece. Por su importancia, por lo difícil que es educar y aprender, por los años que toma, por la enorme complejidad de la tarea, esta función de la sociedad debe estar bajo la soberanía democrática de todos, con tal que podamos definir sus fines y orientaciones generales, y nos relacionamos con ella como ciudadanos, no como capacidades de pago. Esta es la verdadera libertad de enseñanza: el que todos decidamos democráticamente cómo es la educación chilena, no que paguemos la que podamos comprar. Por eso la educación debe ser un derecho social universal, el que debe estar garantizado constitucionalmente.

2.- La educación debe ser predominantemente pública

La expresión concreta de esta función social, es que el sistema educacional dependa de las instituciones democráticas. Por ello la educación deberá asentarse institucionalmente en un pilar público, llevando en un plazo razonable a que la educación pública atienda a la mayoría de los niños y jóvenes de Chile. Esto implica el fortalecimiento, expansión y financiamiento directo de las instituciones públicas, promoviendo que colaboren y se articulen, y terminado con el autofinanciamiento y la competencia.

También quiero dejarlo claro: lo estatal en sí no siempre es positivo; lo que aspiramos es a la democracia. Construir una nueva educación pública implica abrirla entonces al control ciudadano, y sacarla del dominio tecnocrático y burocrático. Hacer de estas instituciones responsables de sus actos, a ser más transparentes, tomarse en serio la enorme responsabilidad que ponemos en ellas.

Por cierto, esto no implica que toda la educación sea del Estado. La educación particular podrá ser colaboradora de esta función pública en virtud de pactos de largo de plazo entre el Estado y sus entidades, los que pueden incluir el traspaso de recursos. Para ello deberá aceptar ciertas reglas propias de la educación pública, como la gratuidad, no seleccionar, tampoco lucrar. Pero hay que ser claro: las instituciones particulares, incluso las que de verdad quieran aportar de este modo, no pueden reemplazar la función de la educación pública ni su necesaria condición mayoritaria, porque no son depositarias plenamente del interés general. Más recursos a instituciones particulares no es fortalecimiento de las instituciones que son de todos.

Lo brazos y manos de lo público no pueden ser un enjambre de medidas, estándares, mediciones, incentivos o correctivos que obliguen a un sistema mayoritariamente privado a actuar de tal o cual manera. Lo público no es “guiar al mercado”. Es actuar directamente con sus propias instituciones, a través de entidades de calidad, fuertes, democráticas.

3.- La educación debe ser gratuita para los ciudadanos

En tanto derecho social universal, la educación no puede tener un precio para los ciudadanos. No importa el ingreso económico que se tenga. Las personas deben vincularse con ella sin que medie el dinero. Por supuesto, deben contribuir solidariamente con sus costos a través de una nueva estructura impositiva progresiva general del país, donde quienes tienen más dinero aporten proporcionalmente más. Es importante además que la riqueza natural del país, principalmente el cobre, aporte a la creación de más conocimiento.

4.- La educación debe ser coherente y racional.

Tenemos que volver a preguntarnos para qué educamos. La educación no puede ser un proceso automatizante para, como usted mismo dijo ministro, terminar convirtiéndose en una fábrica de producción de salchichas, de mano de obra barata para el mercado.

Como decía, la educación debe organizarse democráticamente. Lo que implica, entre otras cosas, que debe satisfacer coherentemente los fines establecidos por todos. Hay que hacer coherentes los currículos, ponerlos a tono con el siglo XXI. Hacer que las instituciones colaboren; que la matrícula de distintas carreras tenga que ver con las necesidades reales del país y no con los intereses de mercado de tal o cual institución. La educación debe dejar de ser anárquica, sometida a las fuerzas del mercado, y empezar a tener sentido, a construir las condiciones mínimas para que pueda llevarse a cabo. A un carácter más racional y planificado se suma necesariamente mejorar la situación actual de los docentes y trabajadores de la educación.

5.- Con la educación no se puede lucrar

La educación es una tarea demasiado importante como para que los actores que la llevan adelante la utilicen de medio para la ganancia. Por eso, en toda la educación reconocida por el Estado, no puede haber fines de lucro. No se trata que lo hagan mejor o peor; aunque en Chile sabemos las mejores instituciones no lucran. El punto es que no puede haber ni un peso que surja del sueño y esfuerzo de una familia por educarse que vaya a parar a otra actividad que no sea educacional. Ya basta de lucrar con nuestros derechos.

En esto, no hay puntos medios. La educación, o es un derecho, o es un negocio. Yo, por supuesto, estoy por la primera opción.

6-. Tomar en cuenta a las regiones

Muchas veces, cuando se discuten políticas públicas en nuestro país, se asume de manera natural que lo nacional es lo que se discute en la capital. Quiero hacer un enérgico llamado para que en el debate educacional, las soluciones las sancionemos considerando la voz de las regiones. Tengo el honor de representar a Magallanes y tengo la certeza que desde mi región hay muchas voces que pueden ser un gran aporte en la construcción de una educación pública, igualitaria, gratuita y de calidad. Nunca más sin nosotros.

Muchas gracias.

martes, 18 de marzo de 2014

Intervención en discusión sobre vivienda

Estimados, comparto con ustedes mi intervención en la discusión sobre el proyecto que busca suprimir el límite máximo para regularizar las ampliaciones en viviendas sociales, en donde, a tono con mi intervención en el debate del "Bono Marzo", trato de dar una mirada al problema de fondo sobre el carácter del Estado, además de una visión regional del conflicto.

Muchas gracias señor Presidente,

Tal como Alejandra Sepúlveda extraña a la Ministra de Vivienda en este debate, yo no puedo sino echar de menos a casi la mitad de los diputados que mientras damos esta discusión, no se encuentran en la sala, y también a algunos que si bien están presentes en cuerpo, no lo están en espíritu. Desconozco si peco de pajarito nuevo y esto es normal, pero me parece una falta de respeto que no seamos capaces siquiera de escucharnos a nosotros mismo.

Entrando al asunto en comento, manifiesto mi acuerdo en que el proyecto vuelva a la comisión, y dicho esto, me gustaría abordarlo desde dos perspectivas, en primer lugar desde una visión regional, y en segundo lugar, desde un debate de fondo, tal como lo ha planteado en su intervención Camila Vallejo.

Las autoridades del Ministerio de Vivienda de la administración anterior, fueron reacios a flexibilizar las normas sobre regularización de viviendas, debido al peligro que conlleva autorizar construcciones que no han cumplido con las disposiciones existentes sobre la materia. Ello si bien puede sonar razonable en la práctica, desconoce la realidad concreta, y no se hace cargo de un problema extendido a lo largo y ancho del territorio.

En concreto, en la región que represento (Magallanes y Antártica chilena), la imposibilidad de regularizar ampliaciones ha derivado en la imposibilidad de postular a diversos subsidios, como el de Acondicionamiento Térmico, que exigen que las viviendas tengan recepción municipal definitiva. A esta situación, es preciso agregar que los 25 metros cuadrados establecidos como límite en la ley N° 20.671 para acogerse  a  sus  normas  son  insuficientes  en varios casos.  

Todo lo anterior se suma a que en el caso de Magallanes, aproximadamente el 40% de las viviendas son producto de la autoconstrucción, las que han ido creciendo progresivamente, desde una pieza en una toma, hasta casas de más de 100% metros cuadrados.

En concreto, lo aquí expuesto implica que en el frío invierno magallánico, tenemos muchas familias que no pueden contar con un hogar debidamente aislado, debido a obstáculos burocráticos impuestos con un criterio centralista, con el consiguiente aumento en el gasto de energía, tan escasa en nuestra región.

Sobre el debate de fondo, en materia de vivienda, como en muchas materias que nos tocará abordar en este Parlamento (educación, salud, pensiones, ficha de protección social, etc...), subyace una discusión mucho más profunda que también debiéramos ser capaces de tratar en este espacio. El carácter mismo del Estado.  Y es aquí donde se centra la disputa central de este nuevo ciclo político que se abre, la mantención de un Estado subsidiario, o la transición hacia un Estado que garantice derechos sociales universales sin discriminación alguna. Quienes ayer nos movilizamos por esta segunda concepción, lo seguiremos haciendo, y hoy espero dar esa batalla también desde el Parlamento.

En concreto, en materia de vivienda, se entrega la solución habitacional a los privados, mientras el Estado se abstiene de actuar para que así el mercado haga lo suyo. Historia conocida.

El derecho a una vivienda adecuada se halla reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El artículo 11 de este pacto establece: “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia”. En nuestro país, en cambio, no se encuentra consagrado el derecho a la vivienda. Lo que se traduce, entre otras cosas, en que el acceso una vivienda digna se ha determinado por la capacidad económica de la persona y las políticas públicas del gobierno de turno.

Así creemos que es fundamental avanzar, además de la especificidad de este proyecto, en una reforma constitucional en ese sentido, así, por ej. Boletín número 8701-07que establece el derecho a acceder a una vivienda digna (el cual lamentablemente no cuenta con urgencia). Este proyecto, basado en experiencias de derecho comparado, pretende elevar a rango constitucional el derecho a la vivienda. Esto implica que  el Estado tendría un rol más activo en asegurar que todas las chilenas y chilenos cuenten con una vivienda digna, promovida por políticas públicas. Otro proyecto que desde mi perspectiva debería tener urgencia es el que “Establece reserva de suelo urbano para viviendas sociales” (Boletín número 8962-14).

Hay que entender la vivienda y la ciudad como un derecho, lo que implicar cuestionar la lógica del Estado subsidiario y junto con ello, fomentar un proceso de empoderamiento de los gobiernos locales para que puedan ser parte del proceso de construir ciudad.


Muchas gracias