lunes, 21 de julio de 2014

24 horas con el Gobierno y las legítimas dudas del Movimiento estudiantil

Hay quienes critican al movimiento estudiantil por no sentarse con el gobierno sin poner condiciones. Los invito a, antes de juzgar a los estudiantes, leer esta breve cronología de las últimas 24 horas.

1-. Ayer el Ministro Eyzaguirre dijo: “se cumplirá el objetivo de la gratuidad universal, pero de manera eficiente (…) cuatro años de estudio me parece un objetivo sensato de financiar para un país de 20.000 dólares per cápita. Lo que exceda a ese lapso debiera ser financiado con cargo a la renta futura del estudiante u otra forma equivalente. Eso compatibiliza correctamente, me parece, gratuidad con esfuerzo personal..."

2-. Ayer en la noche, por su parte el Ministro Peñailillo señaló, en relación a lo afirmado por Eyzaguirre que: "“Lo que dice el ministro tiene que ver con una primera aproximación, en ningún caso esa es la decisión final. Esta es una propuesta”

3-. Hoy en la mañana, el Ministro Eyzaguirre se retracta y aclara: "Le estoy diciendo el sentido de lo que plantee. Son dos ideas distintas. Primero gratuidad en la educación. Segundo, una conversación respecto de cual debe ser la duración de la carreras universitarias. En la medida que se hayan mezclado los dos puntos, es desafortunado, porque son dos puntos completamente distintos"

4-. A medio día, el Ministro Elizalde, vuelve a fojas cero aseverando: "El derecho a la gratuidad universal será garantizado y resguardado en todos los niveles porque es uno de los pilares fundantes de la reforma educacional y del sistema educacional que Chile merece"

Y esto en menos de 24 horas.

Ante lo errático y contradictorio del Gobierno y del Ministerio me parece del todo razonable que el Movimiento Estudiantil pida aclaraciones antes de iniciar un proceso de diálogo. Más aún considerando que el mismo Ministro Eyzaguirre afirmó que la participación será "incidente pero no vinculante". ¿Qué significa esto?

Adelante estudiantes!

martes, 15 de julio de 2014

Intervención Ley Emilia

Estimad@s, comparto con un ustedes mi intervención en el debate sobre la Ley Emilia que se encuentra actualmente en 2do trámite constitucional. Este tema es desgarrador y el mensaje es claro... si vas a tomar, no manejes.




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Por regla general, estoy en desacuerdo con el aumento de penas. Creo que las causas del delito no se combaten con más represión estatal. Y es que no es menor lo que estamos discutiendo cuando proponemos aumentar penas. Cabe preguntarse en estos casos, cual es el sustento moral de la práctica punitiva del Estado y en ese marco, cual es la función que le otorgamos a la pena. Son discusiones con una larga tradición en el derecho penal y en la filosofía del derecho que no pueden ser sencillamente pasadas por alto. Hay quienes ven la pena como un castigo, otros quienes argumentan que ella cumple un rol educador, ya sea hacia la sociedad como un todo o al individuo particular que delinque. Es un debate importante porque busca responder la pregunta que está detrás de leyes como ésta. ¿Qué es lo que pretendemos al aumentar las penas? ¿Castigar o prevenir?

La semana pasada, Constanza Lago, magallánica de 23 años, estudiante de Derecho, mujer radiante de contagiosa alegría, fue atropellada. El conductor, Cristian Pinochet Contreras, cobardemente, escapó. La Coni murió en brazos de un amigo cuando era llevada a un hospital. He visto el dolor de sus amigos y no puedo alcanzar a imaginar el dolor de sus padres. No queremos más irresponsables como Cristian Pinochet, como Martín Larraín, como quien atropelló a Emilia Silva Figueroa. No más.

Pero, ¿sirve esta ley para los fines que pretende?. Volviendo al comienzo de la discusión, pareciera que el objetivo es que esto no siga sucediendo. Así se desprende de las intervenciones anteriores y de la discusión en la Comisión (salvo quizás la intervención de la diputada Cicardinni). Entonces, el objetivo es prevenir, evitar que esta conducta se repita. ¿Sirve entonces este proyecto de ley? Depende. Depende de cuan en serio nos lo tomemos. Desde cada uno de nosotros en nuestras actitudes individuales, hasta como poder del estado y sus órganos dependientes en la difusión de lo legislado. En esa lógica, creo que el aumento de la pena, de 3 años 1 día a 10 años, manteniendo las penas accesorias de multa e inhabilidad perpetua para conducir no es desmedido y se asemeja al resto de los delitos de las mismas características. Y es que la proporcionalidad con que se castiga en nuestro ordenamiento penal la vulneración de bienes jurídicos protegidos es muchas veces absurdas. La propiedad pareciera valer muchas veces más que la vida misma.

Pero el dolor no nos puede cegar en nuestro deber de legislar con consideración de todos los factores, resguardando los derechos de todos quienes se vean involucrados en los efectos de las leyes que de aquí emanan. En ese sentido me parece peligroso que comiencen a proliferar reglas especiales para la determinación de la pena como lo propone el numeral 3 del artículo 1ero, sobre todo si su fin es eliminar la posibilidad de aplicar circunstancias atenuantes. Respecto del numeral 4 del artículo 1ero, no tengo la certeza de que sea correcta su aprobación, ya que en la legislación actual ya se exigen requisitos, no menores, para la aplicación de los beneficios de la ley 18.216. Si creemos que hay que modificarlos, esto debiera hacerse de manera sistémica y no sólo para este delito en particular. Finalmente, sobre el artículo 3ero del presente proyecto, que modifica el Artículo 149 del Código Procesal Penal, permitiendo al Ministerio Público apelar verbalmente de la resolución que niega la prisión preventiva, manteniendo al imputado privado de libertad mientras la Corte de Apelaciones respectiva resuelve sobre su imposición, creo que si bien tiene sentido al equiparar este delito al homicidio, resulta a lo menos discutible dejar al imputado por un cuasidelito de homicidio todo este tiempo en prisión preventiva si existen los requisitos para no aplicarla, teniendo en vista el principio de la presunción de inocencia.

En definitiva, votaré a favor de este proyecto de ley con las prevenciones ya señaladas (es por esto que hemos solicitado votación separada de los artículos), porque tengo la convicción de que este tipo de tragedias no pueden seguir sucediendo.

Quiero terminar haciendo un profundo llamado a todos los jóvenes, a mis amigos, a los no tan jóvenes, a todos quienes creen que un par de piscolas dan lo mismo para manejar, que tomemos conciencia. En cada sorbo de cerveza, de vino o de piscola que beben quienes después manejarán, se juega la vida de otra Emilia, de otra Coni. Nunca más, por favor nunca más.




viernes, 4 de julio de 2014

Declaración CUT Magallanes sobre sueldo mínimo

Estimad@s, comparto con ustedes la declaración pública de la CUT de Magallanes respecto a la aprobación del sueldo mínimo en la Cámara de Diputados y al acuerto de la CUT Nacional con el Gobierno sobre este tema.

Felicito y respaldo a la CUT regional por su posición de firme defensa de los intereses de los trabajadores y por manifestar su crítica ante el acuerdo centralista y totalmente insuficiente de la Central a nivel de Santiago.

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CUT MAGALLANES MANIFIESTA QUE SUELDO MINIMO ACORDADO ES INSUFICIENTE

Frente al acuerdo efectuado en materia de sueldo mínimo, la Central Unitaria de Trabajadores Provincial Magallanes manifiesta a la opinión pública que el debate del sueldo mínimo de $250.000 fue propuesto hace más de 7 años por Monseñor Alejandro Goic, entonces Presidente de la Conferencia Episcopal, conforme a su propuesta de proporcionar un sueldo ético para nuestro país, con el objeto de que las ganancias de las grandes empresas pudiesen ser mejor repartidas con los trabajadores, que son quienes ayudan a producir esa riqueza. Hoy con el acuerdo alcanzado, el gobierno posterga a más de 8 años este anhelo, que por lo demás actualmente debiera apuntar por sobre los $300.000.
Creemos que la Central Unitaria de Trabajadores, debe dar un paso pendiente, en función de generar un debate interno que incorpore la representación nacional para discutir esta materia, razón por la cual no nos sentimos parte de este acuerdo, el cual fue discutido al interior del Consejo Directivo Nacional en donde no está representada la opinión de las centrales provinciales.  

Nuestro compromiso y nuestro trabajo como CUT Provincial Magallanes, seguirá apuntando a instalar en el debate público y político la necesidad de  un sueldo mínimo diferenciado para la región, la revisión de las leyes de excepción para traspasar este beneficio a las remuneraciones de los trabajadores, dar término al actual sistema de pensiones, entre otras demandas discutidas y abordadas en ampliados sindicales que dieron vida a la Plataforma Sindical Provincial Magallanes, como así también generar un proceso ascendente de organización y acumulación de fuerzas que nos permita proyectar una movilización que integre el conjunto de reivindicaciones de nuestro pueblo.

miércoles, 2 de julio de 2014

Intervención debate sueldo mínimo

Estimad@s, comparto con ustedes mi intervención de hoy en el debate respecto al sueldo mínimo. 
















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Hoy estamos hablando del sueldo mínimo, pero a este tema subyace un problema de fondo sobre el que mucho se ha hablado en el último tiempo, la desigualdad.

La desigualdad vigente en Chile, la más alta de los países de la OECD, y una de las más altas del mundo, es nuestra gran derrota como sociedad. Nuestro país, donde no existen derechos sociales universales, y los derechos políticos son una pantomima, el salario es lo único a lo que pueden recurrir las familias para garantizar su subsistencia y desarrollar su vida. Hoy los ingresos autónomos del 10% más rico equivalen a 35 veces los del 10% más pobre. Esta situación es intolerable.


Contradicciones

Revisando las discusiones del ingreso mínimo de los últimos cuatro años pudimos notar que todos los diputados de la Nueva Mayoría establecían ya el 2012 como piso mínimo los 250.000, el diputado Carmona se preguntó hace dos años: Quién conocía a una familia que viva dignamente con un ingreso menor a 250.000 pesos? O el costo de la vida bajo o ya no nos preocupa que los trabajadores vivan dignamente. En el mismo sentido, nos encontramos con la afirmación Ramón Farías quien señaló que "tal como sostuvo el 2011, tenía la convicción más absoluta de que el sueldo mínimo no puede ser inferior a 250.000 pesos".

En la discusión del salario mínimo el 2012 Pepe Auth señaló que: “Si aprobamos el salario mínimo propuesto por el Gobierno, las personas que lo reciban serán más pobres el próximo año, porque más de un tercio de los gastos de una familia del quintil de menos recursos se invierte, precisamente, en alimentos, que, como sabemos, aumentaron bastante más que el 6 por ciento que se propone de reajuste“. Pensar en llegar a la meta de 250.000 recién en enero del año 2016, cuando la misma cifra se proponía ya el año 2007, es ignorar que durante 18 meses también aumentará el costo de la vida y que por lo tanto, la cifra que se proponía ayer, mañana no será más que un sueldo de hambre.

En un hogar donde trabaja uno y viven 4, el actual sueldo mínimo cubre el 68% de las necesidades de ese hogar. La actual propuesta solo representa avanzar en un 1% respecto de ese objetivo. No sé a ustedes, pero a mi me da vergüenza que existan chilenos que trabajen jornada completa, y vivan bajo la línea de la pobreza. Una línea de la pobreza, que, digámoslo, está profundamente está desactualizado, pues se está midiendo con datos sobre consumo familiar del año 1987.

Según la VII Encuesta de Presupuestos Familiares, por lo menos el 60% de los hogares chilenos con menores ingresos, gasta más de lo que ingresa mensualmente. Es decir, si no se aumenta el valor del trabajo, a lo que obligamos a las familias es a recurrir al endeudamiento.

De ahí a que existan charlas sobre alternativas de créditos de consumos, como la que dio el Senador de la República Felipe Harboe en el casino Dreams de Magallanes, algo así como “cómo vivir con el sueldo mínimo sin morir en el intento”

¿Y los ricos?

Y mientras estamos aquí atrapados debatiendo ajustes marginales al sueldo de miles de trabajadores, ¿qué ocurre al otro lado del espectro?

Un estudio realizado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile publicado en marzo del 2013 indica que para el año 2010 el ingreso promedio del 0,01% más rico alcanza los US 900.000 mensuales (11 millones de dólares aprox. al año), mientras que para el 0,1% es de US 160.000 (algo así como 2 millones de dólares al año).

De acuerdo a los resultados de este trabajo la participación del 1% más rico en el ingreso total del país alcanza al 29% para el año 2010, el 0,1% registra una participación en el mismo año de 16%, y el 0,01% de 8,9%, con un promedio en el quinquenio 2005-2010 de 30,5%, 17,6% y 10,1% respectivamente. Expresadas estas cifras en términos comparados con la situación de otras economías relevantes del mundo, no podemos sino reafirmar la condición excepcionalmente favorable de la que han gozado en las últimas décadas el grupo de los más poderosos en Chile.

¿Y nosotros aquí en el parlamento? El 2002 la dieta parlamentaria ascendía a casi 2 millones y medio de pesos. Ese mismo año el sueldo mínimo llegaba a poco más de $145 mil pesos. Trece años después, el sueldo mínimo ha aumentado 42%, por lo que hoy los trabajadores que obtienen esta remuneración deben llegar a fin de mes con menos de 210 mil pesos. La ruta de los sueldos parlamentarios ha sido mucho más exitosa: en el mismo período los honorables han visto subir sus dietas 245%, alcanzando en 2014 casi 8 millones y medio de pesos. En este aumento claro, se considera el sinceramiento de las dietas posterior al MOP-GATE. Pero independiente de ellos, hoy por hoy no podemos seguir hablando contra la desigualdad si somos como Congreso cómplices de ella. Es nuestro deber terminar con esta incoherencia.

Si legislamos el sueldo mínimo, legislemos también el sueldo máximo, en el sector público, pero también en el privado.

Argumentos falaces

Pero claro, después somos nosotros quienes: “le hacen el juego a la derecha”. Ustedes saben muy bien, señoras y señores de la Nueva Mayoría, que es falaz afirmar que el aumento en el salario mínimo genera desempleo. Diversas publicaciones académicas han demostrado que no existe evidencia de que aumentos en el salario mínimo disminuya los niveles de empleo. No hay estudios tampoco respecto de aumento de salario y desaceleración de la economía, como bien señaló el diputado Arriagada. Aún cuando los argumentos respecto de la desaceleración fueran ciertos, no puede ser que el éxito de variables macroeconómicas se haga a costa del esfuerzo y el sufrimiento de miles de chilenos.

¿Sabían ustedes que en la literatura especializada cuando el sueldo mínimo es inferior al 30% del PIB se habla de un “míni sueldo mínimo”?.

En su momento criticamos fuertemente el bono marzo porque creíamos que era un parche, pero lo aprobamos porque entendíamos que era un alivio para muchas familias, y principalmente porque se suponía, y eso argumentaron muchos diputados en ese momento, que la discusión de fondo se daría cuando debatiéramos sobre el sueldo mínimo. Estamos dando ese debate de fondo?

Nos dicen que esto viene aparejado de cambios en las leyes laborales. Pero que tipo de cambios? El multirut que no elimina el concepto de empresa, la AFP estatal para generar "más competencia" en el sistema

Algunos tratan de salvar su conciencia escudándose en el acuerdo al que la CUT llegó con el gobierno. Pero la CUT también llegó a un acuerdo con la CPC respecto del multirut y terminaron aprobando un proyecto que no significa un avance para los trabajadores pero que se presenta ante la sociedad como tal. El acuerdo de la CUT con el gobierno no es excusa para dejar de votar en conciencia. Hago un llamado a rechazar el artículo 1ero y que demos una discusión con tiempo y en serio. Basta de males menores.

La política se desprestigia cuando los argumentos y las convicciones dependen de quien esté en el gobierno.


miércoles, 18 de junio de 2014

Intervención proyecto de regulación precio de los combustibles

Estimad@s, comparto con ustedes mi intervención en el marco del debate sobre el mecanismo para regular el precio de los combustibles. En ella, aproveché además de hacer una pequeña reflexión respecto de la lógica de legislar permanentemente "en la medida de lo posible". 
Como siempre, quedo atento a sus comentarios. 

Un abrazo

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Argumentaba un parlamentario de Renovación Nacional al comienzo de este debate que hay que disminuir la carga que implica el impuesto específico a los combustibles para las familias. Pero cuando se trata de educación, aliviar la carga de las familias en el pago es para la derecha nivelar para abajo. Las familias en Chile no están agobiadas por el precio de los combustibles. Están agobiadas porque tienen que pagar para acceder a derechos. Educación, salud, pensiones, viviendas dignas. Están agobiadas porque tienen que gastar en la educación de sus hijos, lo que gastan en bienes de consumo, como la bencina. Se ven forzados a elegir. Por eso que suba la bencina indigna, no porque sea la bencina, sino porque aquí pagamos individualmente lo que como sociedad debiéramos proveer de manera colectiva.

Yo estoy de acuerdo con el impuesto específico, en la medida que quienes lo paguen sean los más ricos de nuestro país.  ¿Pero que pasa con las mineras, con las navieras, con las grandes empresas? 600 millones de dólares le devuelve el Estado anualmente a estas empresas por este concepto. Y mientras tanto, en Puerto Williams la bencina está constantemente por sobre los 1000 pesos. Y anda a echar bencina en Russfin, cuando alguien vaya camino al paraíso que son los lagos Blanco, Preciado y Despreciado. Se van a sentir asaltados, como cotidianamente se sienten los habitantes de la región de Magallanes, en especial de sus zonas aisladas, que son muchas. Si les cobráramos a estas empresas podríamos reducir el precio al consumidor final sin afectar la recaudación del Estado. ¿Qué es lo que nos detiene?

Para terminar, una breve reflexión. Hoy en la mañana hablé con el SEREMI de Hacienda de mi región para preguntarle su opinión sobre este proyecto de ley, consulté con expertos en la materia, con ejecutivos de la ENAP, y todos estaban contestes. Este proyecto no soluciona el problema de fondo, pero es un buen proyecto para contener el alza desmedida de precios. Lo voy a votar a favor. Pero me preocupa esta lógica de que permanentemente estemos legislando parches.
Ayer en la discusión del multirut, además de la vergonzosa actuación de los diputados Schilling y Andrade poniéndose de acuerdo con la derecha para cerrar el debate, parte importante de la Nueva Mayoría argumentaba que esto no era lo ideal, pero de algo servía. Y así en muchos proyectos.

No sigamos poniendo en todo parche sobre parche, porque las heridas así no cicatrizan.


martes, 17 de junio de 2014

Intervención en debate sobre eliminación del Multirut

Estimad@s, comparto con ustedes mi intervención de hoy en el debate sobre el proyecto que pretende poner fin a la figura del Multirut. Debo señalar que a partir de un acuerdo entre los jefes de bancada de RN y el PS se pidió cerrar el debate (sin que todos quienes estaban inscritos pudieran hacer uso de la palabra, entre ellos, Giorgio). Al no haber unanimidad, se procedió a votar, aprobándose el cierre por 57 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones. Desde mi perspectiva es una vergüenza que, habiendo palabras pedidas, se pida cerrar el debate, y uno tan importante como este! De todas formas, creo importante hacer públicos mi argumentos en este tema, que no es sencillo y que da para mucho debate. Un abrazo!

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Me antecedieron el diputado Andrade y el diputado Monckeberg. Y esgrimieron argumentos que apuntan en direcciones contrarias. Uno pensaría que por lo tanto, votarán de manera diferente. Pero desgraciadamente no será así.

La CUT, la CPC, el Gobierno, la derecha y sus institutos compartan el mismo diagnóstico “durante años se han vulnerado los derechos laborales como consecuencia de la división o fragmentación de un empleador en varias empresas o razones sociales”,  si partimos de la idea de que empresarios y trabajadores defienden intereses antagónicos e irreconciliables, ¿existe la posibilidad que el diagnóstico sea el mismo? Si, pero es imposible que lleguemos a la misma solución, uno de los dos saldrá perjudicado. ¿Quién pierde en esta pasada? Para entender esta discusión debemos ir al origen. El concepto de empresa en el Código del Trabajo fue incorporado mediante la ley N° 18.018 en el año de 1981. Su propósito era evidente: limitar la negociación colectiva más allá de la empresa en que el trabajador presta servicios.

La fragmentación del empleador en varias empresas o razones sociales no genera grandes dificultades en materia civil y comercial, pero si lo hace en materia laboral, generando graves consecuencias en una serie de instituciones que fueron concebidos en base a la noción clásica de  empresa. Pero, sin lugar a dudas, el ámbito más perjudicado es el que dice relación con la organización sindical y en la negociación colectiva, siendo uno de los artilugios más útiles para tornar ineficaces estos derechos colectivos.

Los académicos y la gran mayoría de las organizaciones están contestes: la iniciativa en análisis no soluciona absolutamente nada y aún más incluye una serie de requisitos y eleva los estándares normativos para su declaración, lo que va a entrabar la solución del problema principal –los derechos colectivos y particularmente la negociación colectiva, puesto que complejizan la noción de empresa, cuestión que evidentemente favorece a los empresarios, pues obtener la declaración de empresa será más difícil para los trabajadores.

Nos hemos juntado con muchos sindicatos, de Magallanes y a nivel nacional, y uno de ellos nos dijo  “la indicación del Gobierno no soluciona los problemas de fondo, cuales son proteger los derechos de los trabajadores respecto a sus organizaciones, derechos laborales y de seguridad social, pago de las gratificaciones y una negociación colectiva real. Todas estas materias no se ven reflejadas en la indicación y nuevamente se está llegando al maquillaje del problema.”

Todos los invitados al trabajo en Comisión, incluso la CUT que hoy apoya el proyecto, reconocen que lo que se requiere es eliminar el concepto de empresa, como en todas las legislaciones comparadas. Como señala el Profesor Caamaño el concepto de empresa que establece la legislación laboral chilena tradicionalmente ha sido interpretado de manera formalista, particularmente con la dimensión colectiva, pero desde hace bastante tiempo la jurisprudencia lo ha ido superando a partir de la noción de unidad económica, reconociendo una responsabilidad solidaria de los grupos de empresas desde el punto de vista de los derechos individuales. Al respecto, el proyecto de ley desconoce esa jurisprudencia y pretende construir un concepto que impide las posibilidades reales de que se produzca una negociación colectiva, desconociéndose así todo el avance que se ha realizado a partir de la aplicación de los principios del derecho laboral, el principio de primacía de la realidad y con el concepto de subordinación y dependencia. ¿Por qué  en el caso de la negociación colectiva se le deben dar garantías adicionales a los empleadores?

Las indicación 3G) señala debe existir una dirección laboral común, junto a diversas condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que se elaboren o presten o la existencia de un controlador común. Si bien se ha señalado que tienen carácter indiciario y que no son copulativos, de la redacción se desprende que sí se debe sumar a lo menos una de estas condiciones a la dirección laboral común. Por lo demás, son requisitos absolutamente ajenos a las nociones tradicionales del derecho del trabajo, que harán prácticamente imposible que los trabajadores puedan hacer efectivos sus derechos. El profesor Ugarte señaló que si se llegara a publicar la ley en los términos planteados, los abogados de las empresas utilizarán las nociones de negocios específicos o negocios directamente complementarios, diciendo que, pese a ser un solo empleador “sus negocios no son el mismo” o “o no son complementarios” -la sección corbatas no es complementaria de las sección lavadoras-, por lo que ambas pueden funcionar por separadas. La  mayoría de las empresas que conforman un grupo son suficientes y autosuficientes, tienen su propia personalidad jurídica, tienen sus propios gerentes y tienen su propio cuerpo directivo, por lo que un juez podría resolver que no se ha acreditado que estas empresas puedan desprenderse del grupo de empresas, lo que lleva a que prácticamente en ningún caso se va a poder acreditar de que se está frente a un solo empleador.

El profesor César Toledo Corsi, manifestó su preocupación en este sentido, pues la indicación del Gobierno afecta dramáticamente la autonomía sindical, toda vez que se requiere un trámite previo de cara a los casos de multirut para poder constituirse y también para ejercer el derecho a negociación colectiva. Añadió además que la indicación del Ejecutivo, tal como lo señalaron los abogados del Centro de Estudios del Trabajo, también va a afectar el fuero de la negociación colectiva. Por último señaló un tema que nos preocupa de sobremanera, deben cautelarse las facultades de la Dirección del Trabajo que, en materia de negociación colectiva, le permiten intervenir en el evento que el empleador hubiere utilizado razones sociales múltiples. La propuesta del Ejecutivo propone que la Dirección del Trabajo debe emitir un informe durante el proceso judicial que deberá tramitarse ante el Juez del Trabajo, lo que implica un detrimento de las facultades fiscalizadoras que actualmente puede ejercer.

Contradicciones de la Nueva Mayoría

Hoy, de cara a la aprobación de este proyecto, queremos constatar la gravedad del cambio de opinión de los diputados y senadores de la Nueva Mayoría. Durante el gobierno de Piñera se opusieron tajantemente a él, hoy y sin haber cambiado sustantivamente el proyecto, en lo referente a sus críticas, dan el sí. Ejemplo de ello es el Diputado Andrade quien en su momento sostuvo que “existe abundante jurisprudencia que ha construido un concepto de empresa, por lo que carece de sentido introducir una reforma legal en este ámbito, o la misma indicación número 1, del Senador Muñoz Aburto, que proponía sustituir el artículo primero contenido en el proyecto de ley en estudio eliminando el concepto de empresa. Lo mismo el Senador Letelier que dejó constancia que el Partido Socialista estimó que lo óptimo sería eliminar el concepto de empresa, resultando suficiente el concepto de empleador.
Lo mismo podemos decir de las críticas de Bárbara Figueroa y del Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, señor Nolberto Díaz, quienes en su momento abogaron por su eliminación, habida cuenta de los efectos negativos que habría producido para la defensa de los derechos de los trabajadores. Bárbara Figueroa, agregó que si la entidad que representa quisiera avanzar en el marco del desafío que se ha propuesto, que es la nueva institucionalidad laboral, evidentemente que la demanda debiera ser terminar con el concepto de empresa.

Al leer la discusión pareciera que estábamos todos de acuerdo en eliminar el concepto de empresa, pero hoy votaremos un proyecto que lo legitima. Votaré en contra porque las modificaciones que introduce el Senado no cambian de manera sustantiva este proyecto, proyecto que como ya hemos señalado es claramente un retroceso en materia de derechos, de sindicalización, de negociación colectiva y, en definitiva, de transparentar las relaciones entre empleadores y trabajadores, algo media entre las críticas y los aplausos. Hay una fuerza que sin haber participado abiertamente del debate público, actúa con toda eficacia, descansando en el peso de la noche.

Y ciertamente no es la fuerza de los trabajadores. Esa fuerza tiene prohibido expresarse, tiene prohibido articularse. De eso se trata esta discusión.

Pero sería una aberrante simplificación e injusto de mi parte achacar toda la responsabilidad a la Concertación. Ahí están sus críticas declaraciones. ¿Qué pasa entre medio? ¿Por qué votan hoy contra sus mismas posiciones públicas?

Quisiera aportar con un punto de vista sobre esta situación de apariencia contradictoria. Sucede que hay otros actores, que no se exhiben con toda transparencia, pero que en este país disponen de mucho poder “de hecho” y mucha conciencia de ese poder, de la capacidad que tienen de orientar en una u otra dirección de nuestra sociedad. Es el empresariado el que dispone de medios de comunicación que día a día van delimitando quién y cómo participa de la discusión pública; financia la política, dispone de lobbystas para incidir en el proceso legislativo; sus funcionarios tienen, en tanto individuos, un cómodo tránsito entre la empresa privada y el aparato público, etc.

En ese sentido resulta del todo interesante la intervención que hiciera el ex ministro secretario general de gobierno de Patricio Aylwin, Enrique Correa, en un debate cerrado en el Centro de Estudios Públicos en el mes de marzo ante importantes empresarios. Allí los invitaba a abrirse a algunos cambios. A cambiar el sistema binominal para no cambiar la constitución. A asumir un costo tributario para destapar la olla a presión que significaba el “malestar social”. A no temer a la reforma educacional, porque los empresarios decentes no la sufrirían. Y sobre todo, los llamaba a tener tranquilidad, pues en todas las otras materias, el gobierno mantendría una política de grandes acuerdos que caracterizaron a los años noventa.

Desde aquí me tomaré la licencia de hacer una interpretación, pues no queda nada más que intentar interpretar un comportamiento tan contradictorio como aquel de la Nueva Mayoría frente a este proyecto.

Mi interpretación es que aquí opera el miedo. El miedo ante los poderes fácticos y su capacidad de dirigir a la sociedad chilena. Y ante esto toman una decisión: para tratar de avanzar en la reforma educacional es necesario hacer una concesión en materia laboral. Para tranquilizar al empresariado frente a la reforma tributaria y educacional, se les dará una señal de que hay ciertos elementos claves del modelo de la dictadura que se mantendrán incólumes. Ustedes aprobarán el proyecto de Multirut que aplaudió la Fundación Libertad y Desarrollo.

Sin embargo, esto no es lo más grave. Lo más grave es que ustedes, la Nueva Mayoría, le presenta ahora al país este proyecto como uno pensado para defender los intereses de los trabajadores, como parte de una nueva legislación laboral, como la manifestación de un nuevo ciclo político.

Aquí es donde más gravemente se equivocan. Esta política ya fue derrotada, y lo será de nuevo si es que las fuerzas que queremos lograr transformaciones no escribimos un nuevo rumbo. Aquí es donde se marcan nuestras diferencias con la Concertación y con la todavía vieja “Nueva Mayoría”.

El siglo XX demostró una y otra vez que sin una sociedad consciente, organizada y participe del proceso político no hay camino de transformaciones posible. No hay técnico, burócrata ni muñeca política que pueda reemplazar el rol de sociedad organizada y desplegada sobre el escenario político para enfrentar a los poderes fácticos.

Al presentar este proyecto como algo que no es, ustedes no solo le están mintiendo al pueblo, más grave aún, lo desarman, lo anulan, y le impiden constituirse como actor.

No se confundan, esto no se trata del todo o nada. Muchas veces en política hay que pactar, hay que llegar a acuerdo, pero esos pactos y esos acuerdos hay que hacerlos de cara a la ciudadanía, no a sus espaldas. Que esta “Nueva” coalición inicie su mandato concediéndoles a los poderes fácticos operar tras bambalinas de la política, eludiendo su deber de hacerse parte del debate público, es hacer nacer un proyecto político en una funeraria.

Todos debemos ser parte del debate público. Es la única forma de construir democracia. Y aquellos que quieran hacer transformaciones en esta sociedad sepan que estas solo se lograrán cuando construyamos una alternativa política que sea una conducción abierta, transparente y democrática de esos procesos. Mientras tanto, los cambios que tanto anhelamos, seguirán esperando.


(votación que cerró el debate sobre el multirut)



miércoles, 11 de junio de 2014

Declaración de Nodo XXI ante reforma educacional

Estimad@s, comparto la declaración que emitimos desde la Fundación Nodo XXI sobre el actual momento político en relación a la reforma educacional.

Un abrazo y como siempre, quedo atento a sus comentarios

Gabriel

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El gobierno de Bachelet ha impulsado la reforma educacional evocando las banderas del movimiento social. Pero lejos de materializar el amplio respaldo ciudadano a los estudiantes, la iniciativa aparece entrampada hoy por la derecha, y el gobierno sigue sin poder sumar el apoyo del movimiento social.
En las últimas semanas los poderes fácticos y la derecha política se han esforzado -ayudados por los déficits de la gestión del gobierno- en mostrar a la ciudadanía como aliada de su resistencia a cualquier cambio democrático de la educación, manipulando la legítima inquietud de apoderados de colegios subvencionados por las consecuencias de los cambios hasta ahora anunciados.
Ante este escenario las fuerzas sociales y políticas de cambio deben tener claro que los poderes fácticos y la derecha, más allá de su discurso de ocasión, sólo buscan conservar su posición dominante en la educación como trinchera ideológica y fuente de recursos estatales. Son las fuerzas regresivas de la sociedad chilena, las que se han opuesto sistemáticamente desde el siglo XIX a cualquier avance en modernización y democracia, y que hoy utilizan los derechos sociales de los ciudadanos como fuente de poder cultural y económico.
Pero un pronunciamiento claro contra las fuerzas conservadoras no equivale a emitir un cheque en blanco al gobierno. Obliga, de hecho, a un esfuerzo real, y no meramente comunicacional, para enfrentarlas.
La Moneda ha tomado dos grandes definiciones políticas: ha centrado la reforma en la regulación a los proveedores privados -donde se producían de hecho los principales abusos a los estudiantes y sus familias-, y ha confiado en la legitimidad del ejecutivo y la impronta misma de Bachelet como fuerza suficiente para impulsarla, negándose a convocar a otros actores. Se ha intentado presentar ambos movimientos como el inicio de un nuevo ciclo político.
Pero más allá de las intenciones, la estrategia no ha dado resultados. El nuevo ciclo aún no empieza. Puede ser revertido de hecho si el gobierno no toma conciencia de su verdadera posición.
En primer término, centrarse en la regulación de proveedores privados ha planteado la duda razonable de si la reforma se apartará del Estado subsidiario fortaleciendo y expandiendo la educación pública, o si resolverá sus inherentes problemas con recursos públicos entregados a privados, tal como ocurrió tras los cambios de 2008 después de la revolución pingüina.
Por cierto, es un paso importante eliminar el lucro, la selección y el copago –por encima del mecanismo concreto, que puede ser mejorado–, pero ello no implica ni terminar con el mercado ni tampoco expande la esfera pública y democrática como pilar de los procesos educativos. Este es el corazón de las demandas sociales: superar con democracia la herencia privatizante de la dictadura, lo que implica expandir la provisión directa de los servicios públicos como derechos sociales universales, no sólo poner exigencias y entregar más recursos a los privados.
En segundo término, so pena las intenciones, el gobierno sobre estimó su propia legitimidad y fuerza política como suficiente para impulsar las transformaciones. La facilidad con que la derecha ha podido mostrar apoyo social a sus retrógradas posiciones da cuenta de esto. La cerrazón de La Moneda a un entendimiento amplio con la sociedad, como condición para hacer valer la mayoría democrática frente a los poderes fácticos, le ha facilitado a la derecha la difusión de su campaña del terror.
Las voces de la sociedad civil han planteado con claridad la educación que quieren: pública, gratuita y de calidad. El gobierno debe comprender que sin convocarlas y construir con ellas un acuerdo plural amplio, no podrá sortear la oposición de los poderes fácticos.
De este modo, si el gobierno impulsa una reforma que con claridad apueste por la educación pública –lo que implica fortalecer y expandir los planteles del Estado aunque no se limite a ello–, y convoca a un amplio pacto social que delibere y sustente una hoja de ruta para los cambios, la transformación educacional podrá llevarse a cabo. El espacio para este tipo de entendimientos existe, prueba de ello es la amplitud y los contenidos del manifiestoCompromiso por una Nueva Educaciónque en conjunto con múltiples actores la Fundación Nodo XXI impulsó a fines de 2013.
Las fuerzas sociales y políticas que buscan el cambio democrático, más que nunca, deben estar en alerta, movilizadas y presentes en el escenario. La situación no es simple: de un lado, de la justa crítica a los déficits de la gestión del gobierno no puede derivarse el fin de su disposición al diálogo y a avanzar en conquistas; pero de otro, con el argumento de enfrentar a la derecha no pueden ignorar los errores y las omisiones del gobierno. Ambas confusiones implicarían la división de las fuerzas de cambio democrático. Será esa situación, y no el haber mantenido legítima autonomía respecto del gobierno, lo que ayudará a la derecha y los poderes fácticos. Sería lamentable que en un cálculo cortoplacista por mostrar apoyo a su gestión el gobierno impulsara o facilitara esta alternativa.
El cambio sólo es posible si las fuerzas plurales de la sociedad, las que de hecho lo han hecho posible, fortalecen su unidad y presionan a los actores institucionales a abrirse, manifestando una irrenunciable vocación de diálogo sustantivo –no simplemente comunicacional– para enfrentar el actual escenario. En la amplitud y masividad de las fuerzas sociales y políticas de cambio, en su fuerza, y en su capacidad de convocatoria y diálogo con la sociedad, está la posibilidad de superación de la herencia dictatorial. También la salida del actual escenario de entrampamiento de los cambios democráticos a la educación.