martes, 25 de noviembre de 2014

Intervención reajuste sector público


Estimad@s, comparto mi intervención sobre reajuste sector público.  Por no ser parte de ningún partido, sólo tenía 2 minutos para hablar, por eso lo cortito. Como siempre, atento a sus comentarios.

----------------------------------------------------------------------

  • Cinco de seis AFP del país registraron un alza en sus ganancias durante el primer semestre de 2014.
  • Ganancias de las isapres en primer semestre de 2014 son las más altas en nueve años. Más de $ 40 mil millones sólo entre enero y junio.
  • Banca chilena por su parte, acumula ganancias por US$ 2.710 millones entre enero y agosto de este año. 32,16% en relación al 2013.

Cómo va a ser motivo de alegría un reajuste de 0,3 % real para los trabajadores. Cómo.

Para nosotros sin embargo, este reajuste implicará un aumento del orden de los $500.000 pesos. Lo que ganan la mayoría de los profesores que se han movilizado durante las últimas semanas. ¿Qué señal estamos dando hacia el pueblo de Chile? Algunos dicen que plantear esto es demagogia. Qué plantear, cómo lo hicimos con Giorgio, una rebaja de nuestros salarios, es populismo. Y mientras aquí seguramente votarán la inadmisibilidad de la indicación para evitar que este reajuste se nos aplique a quienes ganamos el sueldo más alto de los parlamentarios de América Latina, los trabajadores seguirán esperando. Como siguen esperando después de la aprobación del sueldo mínimo, aunque algunos se escuden en la CUT para obviar el debate de fondo.

Y las regiones extremas, como Magallanes, siguen esperando que el gobierno, cualquiera sea este, deje de pensar que la asignación de zona es un privilegio.

Yo, no estoy disponible para esto.

Y a la derecha , en particular al diputado Urrutia, no sean oportunistas, que tenemos memoria.

Esto también a nombre de la diputada Sepúlveda.   



                            

lunes, 24 de noviembre de 2014

Intervención Ministerio de la Mujer


Estimad@s, comparto mi intervención en el debate del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer. 

Desde hace un tiempo, gracias a las conversas con compañeras feministas, y en particular con el Núcleo Feminista de Izquierda Autónoma, he ido adquiriendo conciencia de lo grave y oculta que está en nuestra sociedad la explotación de la mujer, como la hemos naturalizado, y más aún, lo profundamente machista que es nuestro país. Todo proyecto político de izquierda que se asuma como moderno debe incorporar en su reflexión la mirada feminista, no como una particularidad, sino desde una visión que impregne todo su actuar. 

Para allá vamos.


-----------------------------------------------------


Señor Presidente, en primer lugar, quiero entregar mi más profundo reconocimiento a todas las mujeres que a lo largo de la historia de Chile han luchado por el reconocimiento de los derechos de su género, como Elena Caffarena, Eloísa Díaz, Teresa Wilms Montt, Inés Enríquez, Julieta Kirkwood, y todas aquellas que se encuentran presentes en las tribunas y han acompañado la tramitación de este proyecto de ley. Pero también creo importante mencionar a aquel puñado de hombres, aunque cada vez más numeroso, que se han sumado al movimiento feminista que lucha por justicia y dignidad. Ojalá que cada día sean más.

Asimismo, aprovecho de saludar a los movimientos políticos que han incorporado, poco a poco, en sus culturas, espacios de diálogo en los que se debate la igualdad de condiciones, en particular el movimiento en que milito, la Izquierda Autónoma. Tal como seguramente todos los movimientos políticos lo han hecho, partimos desde una naturalización del machismo; sin embargo, poco a poco, nuestras compañeras, y también compañeros, nos han hecho ver la necesidad de terminar con la naturalización. Por eso, hace un tiempo, creamos el Núcleo Feminista de Izquierda Autónoma, del cual me siento plenamente orgulloso, por cuanto reconoce, en las diferentes instancias, como seguramente lo hacen muchos movimientos y partidos aquí presentes, que las mujeres tienen un rol fundamental en la discusión pública. Es lamentable que hoy día, como se señaló durante la tramitación del proyecto que sustituye el sistema electoral binominal, la representación de las mujeres no tenga nada que ver con la realidad nacional y sea tan escasa

Nuestra aspiración es cambiar esa situación. Si bien creo que el mecanismo de cuota de género establecido en el proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal es insuficiente, sin lugar a dudas es un avance para mejorar la representación política de las mujeres en nuestro Parlamento.

En principio, estamos de acuerdo, sobre todo, con el mensaje, porque reconoce que la inequidad de género debe ser un problema del que debe hacerse cargo el Estado y no dejado al arbitrio del gobierno de turno. Sin embargo, la creación de nuevas instituciones no es un fin en sí mismo. Para que la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género sea un avance, es necesario, como señalaron el diputado Farías y la diputada Denise Pascal, que cuente con los recursos suficientes, tenga la capacidad de ejecutar políticas públicas sin depender de otros servicios o ministerios, y que trabaje intersectorialmente.

Además, sus políticas deben estar enfocadas a superar las relaciones de poder que sustentan las inequidades de género, en eliminar roles y estereotipos arraigados en nuestra sociedad y en evitar quedarse solo en mejoras de la condición de la mujer.

En esa lógica, el ministerio debería llamarse Ministerio de la Equidad de Género, pues el concepto “de la Mujer” no da cuenta de la heterogeneidad del mundo femenino, por lo cual debiéramos llamarlo “de las mujeres”. Asimismo, la noción “género”, sola, hace alusión a la relación de poder, a diferencia de cuando decimos que algo es “de la mujer”, que es más despolitizado y, creo, esencialista. Debería utilizarse el concepto “mujeres”, por cuanto deben incorporarse definiciones heterogéneas de mujer, pues no se trata de “la mujer”, ni de “el hombre”.

A propósito de esto, ayer, dada la tramitación del proyecto de AVP en el Senado y la manifestación realizada por grupos evangélicos, en verdad, de una intolerancia sorprendente, vimos cuán importante es que quienes creemos en la igualdad, en todos los aspectos, podamos defenderla públicamente. Por eso, en conjunto con nuestros asesores, con el diputado Giorgio Jackson colgamos un cartel en las ventanas del Congreso Nacional que decía: “Todos y todas somos iguales: AVP ahora”. Es algo interesante que se está discutiendo en el Senado, pero que también toca discutirlo en esta Sala.

Como dije, debería usarse la noción “mujeres”, por cuanto deben incorporarse definiciones heterogéneas de “mujer”. No es “la mujer”, sino “las mujeres”: mapuches, lesbianas, transexuales, etcétera. No puede repetirse el paradigma de la mujer blanca, de clase media, como el modelo de la política pública del Sernam.

Otro error, a nuestro parecer, es que parte del informe lo emita la Comisión de Familia. Es inexplicable. Esta situación devela la perpetuación del binomio mujer-madre, al que también hizo mención un colega.

¿Estamos de acuerdo con la creación del ministerio? Sí. Pero debemos dejar en claro que el avance en la erradicación de la inequidad de género no puede limitarse a una institucionalización. Desde la Conferencia de Beijing, en 1995, se ha venido transversalizando la perspectiva de género. Sin embargo, más allá de la institucionalización, en Chile aún no se despenaliza el aborto, aún se discrimina laboralmente, aún no se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas De Discriminación Contra la Mujer, u OP-CEDAW, por sus siglas en inglés, y en la Reforma Educacional el gobierno fue reticente a incorporar una selección que no sea sexista.

Al terminar mi intervención debo manifestar que uno de los objetivos del proyecto de ley es favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Este objetivo, sin lugar a dudas, es insuficiente, porque no se hace cargo de las auténticas causas de la desigualdad de género y reconoce el carácter sistémico de la opresión social de la mujer. No basta con igualdad de oportunidades para acceder al mercado. Desde ya, creo importante anunciar que en el trámite legislativo vamos a votar en contra todas las indicaciones presentadas por la diputada Claudia Nogueira y el diputado Sandoval, que dicen relación con respetar la naturaleza y complementariedad de los sexos.

martes, 18 de noviembre de 2014

Intervención Ley de Presupuesto


Estimad@s, comparto con ustedes mi intervención de hoy en el debate de la ley de presupuestos. Como tenía muy poco tiempo para hablar, concentré mi intervención en dos puntos: educación y algunas especificidades respecto a la región de Magallanes.

Como siempre, quedo atento a sus comentarios.

Un abrazo!

---------------------------------


La ley de presupuesto ha sido una discusión encerrada en el laberinto de la política. Hoy pretendemos que sea una discusión más sustantiva, que evalúe medios y fines. Y tenemos una certeza: el presente gobierno de la presidenta Bachelet, será evaluado por haber alcanzado o no esos fines, siendo la principal expectativa del gobierno, y la ciudadanía en general, realizar una reforma educacional.

Una conducción política resuelta debiera tomar la discusión del presupuesto y enviar señales categóricas respecto de los fines que persigue su Gobierno. Ese es el primer gran vacío de este proyecto de ley. La reforma educacional, de amplio apoyo ciudadano al comienzo de este gobierno, hoy no puede apoyarse en esos mismos actores, pues se encuentran desorientados, divididos y, en definitiva disconformes ante una reforma muy difícil de leer. Siendo esta una oportunidad de enviar una señal clara en favor de la centralidad de la reforma educacional, nuevamente nos enfrentamos a posiciones ambiguas en las que conviven contradicciones. Tengo en mis manos un protocolo para poder mejorar este aspecto en materia de las Universidades estatales, donde se piden cosas tan simples como que Hacienda se haga cargo del costo de Índice de Reajuste del Sector Público para evitar más alzas de aranceles, que el traspaso de los recursos aprobados sea oportuno, para evitar los costos que implica la demora en la transferencia de la platas que ya están. Dos mil millones de pesos se perdieron el año pasado sólo por este concepto. Dos mil millones! Que se cumpla con el compromismo de aumento de 5% gradual del AFD sin que esto implique redestinar recursos de otros gastos. Son cosas básicas ministro.

Entonces, queremos afirmar con toda claridad: este no es un presupuesto capaz de sustentar un puntapié inicial a la reforma educacional. No apuesta por la educación pública. En definitiva, no envía una señal en favor de que haya una profunda reforma educacional

Incluso peor: en algún momento el Mineduc declaró al Consejo de Rectores que este presupuesto aumentaría los recursos para educación, en particular para la educación superior pública. Falso. Sólo acomodó el “excel” para construir artificialmente dinero ya repartido, quedando incluso algunas universidades en posición desmejorada. Tampoco respeta la promesa del Presidente Piñera, consistente en el incremento del 5% del AFD. La Universidad de Magallanes, de aprobarse este presupuesto, tendrá que seguir apostando al mercado para financiar una educación que debería garantizar el Estado para todos los magallánicos y magallánicas.

Aquello que mantiene a la reforma educacional en un punto muerto es la falta de conducción política en el Mineduc. Pero si profundizamos la mirada, es la noción de un Estado “neutral” el que nos ata de manos e impide concretar posibilidades de avance sustantivo. Cuando el Estado es neutral se ve obligado a tratar a las universidades como si fueran iguales, como si los sostenedores fueran iguales, etc., sin distinguir cuáles han aportado al desarrollo de este país y cuáles se han dedicado a capitalizar sueños para beneficio propio. 

Esta dinámica nos parece irracional. El estado no puede ni debe ser neutral. Ni siquiera en la discusión sobre la ley de presupuestos. Por el contrario, debe reconocer la diversidad de nuestra sociedad y proponerse construir un diálogo razonable, un proceso deliberativo que contemple principios, medios y fines según diversos intereses y viabilizar un acuerdo democrático entre ellos. Un amplio acuerdo social es la única vía para responder al mandato de la ciudadanía y el único modo de asegurar no sólo “la continuidad” de los logros, sino que posibilitarlos.

En ese sentido nos parece relevante poner sobre la mesa el cuidado y preocupación central que debiera representar la educación pública, desatendida por este proyecto, en particular las universidades estatales y Universidades pertenencientes al Cruch como la de Valdivia o Concepción.

Caso aparte el la historia  de la Universidad del Mar. Para que repetir aquí la historia de impotencia de 18 mil estudiantes y sus familias. Y hoy, este presupuesto desgraciadamente pone en riesgo las becas de arancel de referencia para 3.500 estudiantes que fueron reubicados en otras Universidades después del colapso de la UdelMar producto de la mercantilización y el lucro. He entregado al director de presupuesto una minuta para modificar la glosa respectiva que permita dar solución a este asunto. No sigamos deningrando aún más a quienes ya tan mal lo han pasado.

En otro tema, con el diputado Rocafull de Arica acabamos de presentar dos indicaciones para las Zonas Extremas en el marco de la discusión de la ley de presupuesto:
1-. Destinar recursos específicos del presupuesto del Ministerio de Salud que permitan la contratación de médicos especialistas para las localidades ubicadas en zonas extremas del país, priorizando aquellas localidades donde existan mayor número de pacientes en listas de espera por largo tiempo, o un número de pacientes que sobrepase la oferta actual de atención de médicos especialistas.
2-. Aumentar recursos del Instituto Nacional de Deportes para ser destinados a apoyar el traslado de delegaciones deportivas amateurs a eventos o competencias que se desarrollen en regiones del país o en el extranjero, priorizando a las delegaciones que se encuentren ubicadas en las zonas extremas del país.

Espero estas indicaciones encuentren acogida en el gobierno, reconociendo así las duras condiciones que los habitantes de las Zonas Extremas deben pasar en particular en materia de salud ante la acuciante falta de especialista, y además se otorgue un reconocimiento a los miles de deportistas que todos los años ven limitado su desarrollo por falta de recursos producto del centralismo asfixiante que impera en nuestro país.



martes, 21 de octubre de 2014

Intervención votación proyecto que pone fin al lucro, selección y copago.

Hoy votaremos la primera parte de la reforma que los chilenos llevamos más de 10 años esperando. Se trata del anhelo por desmantelar la herencia de la dictadura y construir una nueva educación, que sea pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, a pesar de que a comienzos de año está reforma tenía un vasto apoyo popular, el proyecto que hoy votamos no ha sido capaz de convocar a la ciudadanía a respaldarlo. Algo salió mal.
                       
Desafortunadamente, el gobierno desechó la posibilidad de convocar a un amplio acuerdo social. En cambio optó por valérselas por sí mismo, apelando al saber de sus técnicos y su manejo de la situación política. Y la reforma se entrampó: las organizaciones sociales, estudiantes, profesores y rectores mostraron sus reparos ante los proyectos, los padres sus legítimas dudas, y la derecha, de manera oportunista, trató de presentar esto como falta de apoyo a la necesidad de la reforma.

El gobierno entonces cedió a las presiones de Walker y sus amenazas por la prensa, y de manera soterrada, pactó con la iglesia los elementos críticos de la reforma.

Primero, el fin al copago no ataca la lógica del mercado en educación. La subsidiariedad crecerá con el aumento de recursos que peso a peso reemplazarán el copago y los fondos SEP, promoviendo una visión de los estudiantes como medios para completar el presupuesto. Se asegura la estabilidad de ingresos de todas las instituciones del sistema sin atender la segregación económica que produce la competencia entre ellas. Tampoco se permite al Estado promover ciertos proyectos educativos sobre otros, pues se le exige ser “neutro”.

El anunciado “fin al lucro”, ha dado paso a un lucro regulado. Lo que hoy es lucro ilegítimo mañana será ganancia legal. Eso no es por lo que hemos luchado por tanto tiempo. Legitimar el arriendo de colegios es dejar abierta la misma puerta por la cual los empresarios de la educación destruyeron los sueños de miles de familias en la Universidad del Mar y en otras instituciones que hoy hacen más noticias en las páginas policiales que por su aporte al desarrollo del país. Yo no estoy disponible para legitimar esto.

Nuestro voto será en general a favor, porque no renunciamos a la posibilidad de cumplir el anhelo ciudadano de lograr un cambio en educación, y parte de ese espíritu aún sobrevive en este proyecto. Llamamos a los parlamentarios a rechazar los elementos que consolidan el Estado subsidiario, y en cambio a aprobar las indicaciones que desde el movimiento social, y también desde algunos parlamentarios, buscan consolidar a la educación como derecho sin discriminación. Ni por plata, ni por género, ni por convicciones.

Pero más importante que todo, hacemos un llamado al gobierno: Presidenta Bachelet, aun hay tiempo de enmendar el rumbo.

El camino del Acuerdo Social no solo sigue vigente, sino que es el único que viabiliza una reforma educacional sustantiva. Los proyectos de educación pública aún no se han elaborado. En su discusión, el Gobierno tiene una oportunidad real de salir de su actual situación de aislamiento.

Varios actores han trabajado en esa dirección. Desde la Fundación Nodo XXI hemos intentado aportar a este debate convocando a distintas voces de la sociedad civil vinculadas al mundo educacional, para elaborar un planteamiento sobre el horizonte y los ejes de cambio inmediato que suponen la construcción de una nueva educación pública. Este Compromiso por una Nueva Educación Pública, esta a disposición para trabajar por esta reforma, y con ese espíritu, con un grupo de parlamentarios presentaremos mañana un proyecto de acuerdo para que el presupuesto refleje el compromiso que se supone el gobierno tiene con la educación pública, y que en lo que hasta ahora conocemos del actual presupuesto, no se expresa.

Y a la derecha, los hemos escuchado hacer gárgaras con la necesidad de fortalecer la educación pública, siendo ustedes mismos los que la desmantelaron. No puedo sino sospechar oportunismo, pero más allá de las valoraciones personales, sepan que ese compromiso se lo vamos a cobrar.


Termino haciendo un llamado a todos los trabajadores, profesores y estudiantes, que desde hace años hemos luchado en las calles por una reforma que consagre a la educación como un derecho y no un negocio, a salir a las calles, a organizarnos y movilizarnos. Porque la reforma a la educación que queremos tenemos que defenderla de la derecha, pero si es necesario, y hoy parece serlo, también la defenderemos de las vacilaciones del gobierno.

martes, 7 de octubre de 2014

Intervención proyecto de trabajadoras de casa particular

Todos los proyectos relativos a trabajadoras de casa particular que fueron fusionados en este proyecto tenían como uno de sus objetivos establecer que éstas tienen los mismos derechos básicos que el resto de los trabajadores, para así poder cumplir con el Convenio 189, que se votará hoy en la Cámara, y la Recomendación 201. Pese a ello, como muchas veces pasa en este congreso, los principios y las ideas matrices de los proyectos quedaron muy lejos de lo que finalmente hoy se está votando.

Cuando hablamos de trabajadores de casa particular, hablamos de uno de los trabajos más precarizados. Hablamos principalmente de mujeres, muchas de los cuales son migrantes o son las más pobres de nuestro país, siendo las más vulnerables a la discriminación en sus empleos y a abusos en sus derechos humanos. Por ello su trabajo debería ser aún más regulado y deberíamos adoptar medidas especiales para protegerlas, pero sucede todo lo contrario.

La indicación de la presidenta Bachelet establece para las y los trabajadores que viven en la casa del empleador 4 días adicionales de descanso dentro de cada mes calendario (en vez de los 2 días del proyecto de Piñera), y se acortaron los inexplicables plazos que retrasaban la plena exigibilidad de la ley. Pero el proyecto no se hace cargo de la jornada laboral de aquellas, piso mínimo para poder hablar en igualdad con el resto de los trabajadores. Así, en el mundo ideal, si a estas trabajadoras se les respeta el descanso dominical más un día de descanso a la semana y trabajan como es usual 12 horas mínimo, tendrán una jornada de 60 horas a la semana, lo que supera con creces a la jornada del resto de los trabajadores. Si sumado a esto tenemos una fiscalización casi de papel, podríamos decir que en Chile cerca de 55.600 personas, dentro de cuyo segmento el 98.2% equivale a mujeres, están en un régimen prácticamente de esclavitud al no establecer un límite a la jornada de trabajo. No olvidemos que la lucha por las ocho horas de trabajo es una lucha que dieron los trabajadores en el siglo XIX y hoy estamos amparando que existan mujeres trabajando más de doce horas diarias.

En su informe a la CEDAW el año 2012 el Estado dio cuenta de los avances legislativos en esta materia y utilizó la tramitación de este proyecto de ley para dejar tranquilo el Comité, señalando que este proyecto tiene por fin principal equiparar la jornada de las trabajadoras domésticas (hasta 72 horas semanales) a la regulación ordinaria (45horas semanales).  Situación que como sabemos se aleja totalmente de la realidad toda vez que no se regula la jornada de las trabajadoras puertas adentro y que la jornada de las trabajadoras puertas afuera, se reduce a 45 horas a la semana, pero luego se agrega una jornada adicional, sui generis en el derecho comparado (no se aplican las reglas que el Código del Trabajo estipula para la jornada extraordinaria) , de 15 horas más, que se supone se establece de común acuerdo y bien sabemos quién gana en los acuerdos entre los empleadores y los trabajadores, así la jornada sólo se reduciría de 72 horas a 60 horas, siendo aún una jornada desigual con respecto al resto de los trabajadores.

La recomendación del Comité es que la eliminación de esta distinción arbitraria, entre las trabajadoras de casa particular y el resto de los trabajadores, debe ser acompañada de la fiscalización efectiva del acatamiento de la norma más aún si se considera que el incumplimiento de la legislación, en muchos casos, se asocia con discriminaciones por nivel socioeconómico, origen étnico o nacionalidad, entre otras condiciones de las trabajadoras. Sin embargo, la  fiscalización aquí propuesta es bastante timorata toda vez que se supone existiría un choque con el derecho a la intimidad y vida privada del empleador, y por lo tanto, si este no quiere que lo fiscalicen tendría la posibilidad de negarse y concurrir en otra oportunidad a la Inspección con los documentos requeridos.

Voy a votar en contra de este proyecto porque creo que si bien desde una perspectiva restrictiva podría ser considerado un avance, sigue siendo insuficiente e incluso discriminatorio con las trabajadoras de casa particular. Pero principalmente voy a votar en contra porque no podemos seguir permitiendo, en particular en materia laboral donde se expresa quizás más violentamente las explotación de los trabajadores, la lógica de avanzar "en la medida de lo posible", un posible que por cierto no definen los y las trabajadoras, sino los empleadores y los empresarios en acuerdo con el gobierno de turno.

Quiero destacar si, el trabajo que ha realizado el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, y ponerme desde ya a su disposición para colaborar en mejorar este proyecto. Mi voto es contrario a este proyecto por su insuficiencia y su inexplicable legitimación de la desigualdad de trato hacia las trabajadoras de casa particular en relación al resto de los trabajadores, pero ello no afecta mi compromiso para trabajar en conjunto con ustedes para reparar las condiciones indignas en que como sociedad hemos permitido desarrollen su trabajo.


viernes, 3 de octubre de 2014

Argumentación prohibición de arriendos en educación

La Comisión de educación despachó este miércoles el proyecto de ley que pone fin al lucro, selección y copago. El ejecutivo, en una de sus indicaciones, retrocedió de su propuesta inicial y permitió los arriendos de colegios, lo que fue aprobado. Creo que esto es un grave error que deja abierta la puerta al lucro, aunque sea regulado, en la educación. Les comparto la intervención que hice en la Comisión a propósito de este tema.




-------------------------------------------------

Presidente, esta indicación busca permitir los arriendos con personas relacionadas sin fines de lucro, y los arriendos con personas no relacionadas, independiente de si tienen o no fines de lucro. Después de estudiar el punto con mucha detención, he llegado a la convicción de que, pese a la regulación, a través de este mecanismo se deja abierta la puerta justamente a lo que da sentido a esta discusión, que es permitir el lucro en la educación. Para poder explicar este punto, bien vale detenerse en él.
Lucro es la ganancia del capital a partir de una actividad. Es extracción de plusvalor. En el actual sistema, las utilidades se retiran de dos formas, renta y ganancia. Como las fundaciones sin fines de lucro no pueden retirar utilidades, se utiliza la renta de terceros como mecanismo de facto (el caso de las Universidades es claro en esto). La otra alternativa, que hemos buscado regular en otros aspectos de esta ley, son los salarios que no devengan trabajo (sostenedores que reciben sueldo no asociado a una labor).
Al no arrendar el bien inmueble, es decir, que no se pague su uso, se prohíbe la forma más clara de lucrar, porque no se camufla de trabajo. El proyecto del gobierno inicialmente manifestaba la voluntad de terminar con la renta a partir de la educación, aunque los mecanismo concretos para lograrlo hayan podido ser discutibles. Desgraciadamente, para resolver el problema del mecanismo, con esta indicación el gobierno renuncia a su voluntad inicial, y eso es precisamente lo que no podemos permitir. Ayudemos al gobierno a rescatar el espíritu original de este proyecto en esta materia.
El principal argumento de quienes defienden que el arriendo no es lucro es que constituye un negocio distinto del educacional. De esta manera, el servicio inmobiliario prestado por el tercero se vuelve equivalente a otros servicios necesarios para funcionar (la luz, el agua, etc.).

El gobierno propone un sistema de arriendo que lo hace más barato que el precio de mercado. Puesto así, arrendar a un precio bajo el mercado sería, en la práctica, un aporte del tercero a la educación (del dueño del inmueble), puesto que estaría dejando de percibir un delta por arrendar ahí y no en otra cosa.

Ejemplo: “tengo un edificio y ayudo a la educación, me arriendan por menos plata, y dejo de percibir lo que recibiría si arrendara para un supermercado”.

Este argumento se extrema: se plantea que, en realidad, en todo lugar no solo pagamos la luz o el agua, sino que todos pagamos el “costo de oportunidad” cuando somos propietarios de un inmueble (léase, el costo de oportunidad de no estar arrendándolo).
  
Con este argumento, el arriendo regulado representa un “ahorro”.

Este argumento es falaz. Permítame explicarlo.

En todo servicio necesario para la educación, el capitalista que lo ofrece debe producir valor: en el agua, los libros, la comida que entrega la JUNAEB, etc. En ninguna de esas actividades el valor se origina en lo que pasa en las aulas, sino en otro lugar, previo a ese. Tras todas esas actividades hay trabajo, la renta y la ganancia que producen esas actividades provienen de sí mismas (la ganancia de la manipuladora de alimentos, del trabajador del agua y del control del proceso de trabajo;  la renta por el derecho de uso de la tierra por donde el agua pasa o de donde se saca).

Quien es dueño del inmueble de la escuela no hace nada, y recibe parte del valor generado en las aulas, en este caso (como la educación no se vende en el mercado) de los recursos que se entregan para tales actividades, en este caso, recursos públicos.
  
Esta es la razón de la triangulación en primer término: la renta del inmueble SURGE DE LOS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACIÓN Y NO APORTA TRABAJO A ELLA. ¿Qué aporta? El derecho de ocupar el inmueble.

La renta proviene de la educación y no aporta trabajo. El Estado debe obligar a que el sostenedor sea propietario, comprarle al tercero, o expropiar. Hay mil formas, pero el punto es: el colegio no puede dar renta, porque esos son recursos que no van a calidad.

Esto es lucro de la educación, no importa si es un peso o todo el PIB. Como mecanismo debe desaparecer, de lo contrario, se legitima el lucro en educación y con recursos públicos. Todo peso que se invierte en educación debe ir a educación. El arriendo hace que esa condición no se satisfaga, y de la peor manera, porque es renta y no ganancia.
  
Tras 2011 el mercado en educación, como estaba, se deslegitimó. Deslegitimado que el mercado sea viable en educación en la misma forma jurídica que en todas partes (colegios como empresas, escuelas como propiedad privada), debe dar lugar a un derecho específico, que legitime su funcionamiento.

Las indicaciones retrotraen la discusión, abriendo el arriendo. La discusión se centra en el monto y no en el principio.

Entonces, ni se mejora el mercado, ni se acaba con él. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario: se negocia un “rentismo regulado con recursos públicos”. El arriendo se legitima, regulándose un poco su monto.

Yo no puedo avalar esto en principio. Independiente del monto. Independiente de si el tercero es relacionado o no. Independiente de si tiene o no fines de lucro.

Si se trata de una discusión sobre la iglesia, que se diga de frente y no se trate de engañar a la sociedad. Discutamos el tema de la iglesia. Pero no nos engañemos.

No cometan el mismo error de las manos levantadas del 2007, del cual ustedes mismos se han arrepentido. Se que ha habido presiones para que aprueben, y muy duras. Pero este tema es fundamental. Si aprueban esta indicación están dejando la puerta abierta al lucro, aunque sea regulado. Es el mismo mecanismo que utilizaron empresarios inescrupulosos para reventar a los estudiantes y trabajadores de la Universidad del Mar, la misma manera en que hoy se triangulan recursos que no se invierten en más calidad para nuestros estudiantes, el mismo concepto contra el cual nos levantamos y hemos marchado desde el 2006 en adelante.


miércoles, 10 de septiembre de 2014

Intervención Reforma Tributaria. Empresariado y política

Estimad@s, comparto mi intervención de hoy en el último trámite de la reforma tributaria. En ella, más que referirme a los aspectos técnicos de la misma (cosa que he hecho en intervenciones anteriores sobre el tema), traté de expresar la preocupación por la creciente colonización del empresariado hacia la política.

Como siempre, quedo atento a sus comentarios y críticas.

Un abrazo

-------------------------------

Esta reforma tiene silencios, defectos y virtudes. Tiene el inexplicable silencio del cobre, sueldo de Chile que diariamente empresas extranjeras se llevan a manos llenas sin pagar su valor real, y el silencio del IVA, impuesto regresivo por excelencia del que no se habla ni se toca. Tiene elementos con los que discrepo, en particular en la baja de la tasa del global complementario para el tramo más alto, y en la repatriación de capitales extranjeros, y tiene virtudes importantes, como el alza del impuesto de 1era categoría a las empresas y la norma general anti-elusión que Hacienda logró salvar después de sus cercenamientos tanto en la comisión de la Cámara como en el Senado.

Con todo, es una reforma necesaria. Pero mucho se ha hablado hoy de sus aspectos técnicos. Hoy quiero hablar desde otra mirada y con una preocupación.    

El día sábado salió una carta en El Mercurio titulada “Gratuidad Universal: una medida regresiva”. En ella, 47 personalidades fijaban una posición en relación a la reforma educacional. Pero iban más allá, y dictaban una pauta de cómo el Congreso debía actuar en relación a ella, aceptando algunos términos de la propuesta del gobierno de Bachelet, rechazando otros.

Los firmantes aparentemente muestran una transversalidad tremenda. Han participado de la política siendo ministros de gobiernos cívicos y dictaduras cívico-militares. Han pasado por gabinetes en educación, hacienda, obras públicas, secretarías de gobierno, de comunicación y cultura, etc. Personeros de todos los gobiernos de los últimos 40 años. Pero también de otras instituciones públicas, como el Banco Central.

Lo que es transversalidad en apariencia, mantiene un denominador común muy estrecho. Mantienen un pie firme en el empresariado. No en la pequeña o mediana empresa. En la grande, la de los grupos empresariales que hoy son de los más gravitantes de América Latina. Entonces no son ex ministras y ministros los que firman solamente. Los mismos, son a la vez miembros de directorios de AFPs, de Isapres, han participado del negocio de la educación desde de diversas universidades, muchas de ellas públicamente cuestionadas, presidentes de bancos, de sociedades anónimas deportivas, hidroeléctricas, comunicación estratégica, etc.

El control democrático pareciera ser algo cada vez más ajeno para la élite de nuestro país, que encuentra más “eficiencia” por fuera de la democracia, “influyendo”, pero al final del día decidiendo por todo el resto. Así este Congreso se ha ido deslegitimando. Y la política entera se ha desprestigiado y descompuesto. Cómo responde la élite? Juntándose en la casa del hermano de un ex ministro a discutir las indicaciones de esta misma reforma tributaria. Y no tienen vergüenza de hacerlo, “porque en la cocina no caben todos”. No se dan cuenta de cuán hondo calan sus acciones en esta ciudadanía.

La derecha no ha tenido momento de mayor debilidad en nuestra historia reciente.  Pero ahi está la vieja Concertación que aún resiste (ahi está el ex-presidente Lagos), y la subsidia, a la derecha, para mantenerla activa en su rechazo a las reformas. De este modo se redibuja, ahora como comedia, la autoritaria y estrecha “política de los acuerdos”. Acuerdos sin democracia, acuerdos de espaldas a la sociedad.

Es que el empresariado chileno ha desarrollado la capacidad de convocar al mundo político a los directorios de sus empresas, a que participen de sus multigremiales, de los directorios de sus medios de comunicación. Han colonizado la política (lo hemos visto de manera violenta en el caso Cascadas). Lo podemos ver a través de su financiamiento a las campañas, a través de la profesionalización y legitimación del lobby, de la representación de intereses por fuera de los términos democráticos, etc. Se ha dibujado una “puerta giratoria” del mundo público y privado, de los directorios, los medios de comunicación, las empresas de “representacón de intereses”, el parlamento, el ejecutivo, etc. Ahí hay una conciencia y un interés que se proyecta a la política, y toma definiciones para el conjunto de la sociedad.

Eugenio Tironi señalaba el día domingo en un programa del canal público: “los ricos siempre van a encontrar maneras para no pagar impuestos. Por eso son ricos... en buena medida”. Cuál es el camino a través del cual van a encontrar la manera de no pagar impuestos? La política.

Votaré a favor de lo que creo que es un avance, y en contra de los aspectos que estimo regresivos. Pero la preocupación por la colonización del empresariado a la política se mantiene. Por eso, aprovecho esta instancia para hacer un llamado a los senadores, para que avanzando en transparencia para la política, aprueben la prohibición den aportes reservados a las campañas y los aportes de empresas. Luchemos transversalmente por la autonomía de la política frente al dinero.