Intervención votación reforma laboral

Saludo en primer lugar a las y los trabajadores y dirigentes y dirigentas sindicales presentes en esta sala, y en particular a los trabajadores y trabajadoras de la región de Magallanes, con quienes hemos trabajado intensamente en este año y medio de ejercicio.

La discusión de este proyecto se ha caracterizado por la estrechez binominal con la que la política y sus partidos lo han abordado. Hemos escuchado a la derecha defender los intereses del gran empresariado quienes, haciendo uso de su condición antidemocrática de poder fáctico, prometen los males del infierno al país por el solo hecho de discutir una reforma laboral. Tal como lo hicieron el 91 y 2001, tal como lo han hecho con cualquier intento, por tímido que este sea, de cambiar las bases de este modelo político y económico, amenazan con desempleo, desinversión y falta de crecimiento. Un mensaje para ellos: su riqueza es producto del esfuerzo de los y las trabajadores, a quienes expropian su plusvalía a cambio de sueldos de miseria y condiciones de trabajo precarias. El gran empresariado demuestra, una vez más, su conciencia de clase, y sus presiones desgraciadamente encuentran eco en este parlamento.

Y por otro lado, escuchamos al Gobierno y a la Nueva Mayoría afirmar con grandilocuencia que con este proyecto se pone fin al plan laboral de la dictadura.

Desde nuestro punto de vista no es ni lo uno ni lo otro. No se va a acabar Chile como pregona la derecha, ni se termina con lo esencial del plan laboral impuesto a sangre y fuego por la dictadura, mantenido y profundizado por los gobiernos de la Concertación.

¿Por qué nos atrevemos a afirmar esto, que parece tan fuera de lugar en este parlamento aún binominal?

Porque lo esencial del plan laboral del 79 fue la decisión de entender a las y los trabajadores como un recurso productivo más del empleador en el marco de la empresa (divida ésta a su vez en todas las dimensiones posibles con la nefasta figura del multirut). Con esto, la dictadura consagraba en el plano laboral el alma mater del pensamiento gremialista, la despolitización de la clase trabajadora, lo que tanto acomodó a nuestras elites a la hora del retorno a la democracia cuando había que asegurar sus condiciones de gobernabilidad. "El pueblo para la casa, ahora nos hacemos cargo nosotros", nos dijieron.

Y este proyecto no toca en nada ese principio. Porque el gobierno, al negarse a discutir siquiera la negociación por rama, excluyó a la mayoría de los trabajadores de esta reforma y optó por mantener intacto el pilar esencial de las relaciones entre trabajo y capital. Los trabajadores, en el espíritu de la reforma que hoy votaremos, siguen siendo comprendidos como un factor económico más dentro de la cadena de producción, y se les niega su condición de actores políticos sustantivos.

Entonces, desde esta perspectiva, todo cambio que promueve este proyecto será un avance o un retroceso en el mismo marco del plan laboral. Como me decía una dirigenta sindical de LAN, a lo más podemos hablar de "normalizaciones" en el estatuto jurídico que rige las relaciones entre empleadores y trabajadores, pero siempre dentro de la cancha que otros definieron sin discusión alguna.

Entrando al proyecto en si, hay elementos particularmente preocupantes. La negativa a que los trabajadores del sector público puedan constituir sindicatos, el amarre a las empresas denominadas estratégicas, el concepto de buena fe que se utiliza en el proyecto, la posibilidad de reanudación de faenas por parte del poder judicial, entre otros. Pero me voy a centrar solo en tres.

1-. Los servicios mínimos: El gobierno ha señalado que se busca consagrar el derecho a huelga, y para ello se pone fin al reemplazo en huelga. Avance. Pero acto seguido, se instaura una figura de servicios mínimos que pone en entredicho la efectividad de este derecho. Al exigir que se deben atender los bienes e instalaciones de la empresa, y al distinguir entre puesto y función, lo que se hace es abrir la puerta a un nuevo tipo de reemplazo. Más elegante, pero reemplazo al fin. Si producto de esta modificación se va a mantener el funcionamiento de lo que dependía de los trabajadores huelguistas, es reemplazo, sin apellidos.

2-. Los pactos de adaptabilidad: Demanda sentida de los trabajadores es no aceptar los llamados pactos de adaptabilidad. Porque en las condiciones actuales, pactos de adaptabilidad implicará más precarización, afectando derechos que en la legislación actual son irrenunciables.

3-. Piso mínimo IPC: El gobierno se negó a que dentro del piso mínimo para la negociación colectiva, se incluyera el reajuste por IPC en los salarios. ¿Y qué es reajuste por IPC? Es sencillamente reconocer el valor del dinero. Así, mientras la inflación aumenta, aunque sea de a poco, el trabajador se empobrece.

Lo que aquí planteamos es coherente con las insistentes recomendaciones que ha hecho la OIT al país y pusimos en el debate presentando, junto con Giorgio, indicaciones al proyecto en discusión. Pero no lo hicimos solos, lo hicimos junto a sindicatos y organizaciones de trabajadores de diverso tipo, tanto nacionales, como metropolitanos y magallánicas. Lo hicimos junto al vice presidente de la CUT, Nolberto Díaz. Lo hicimos también en conjunto con profesores laboralistas e intelectuales del mundo del trabajo, como María Ester Feres (directora del trabajo de los gobiernos de los presidentes Frei y Lagos), César Toledo, Eduardo Caamaño, José Luis Ugarte, la Fundación Nodo XXI, y teniendo presente las propuestas de la fundación SOL. La mayoría de ellas ni siquiera llegó a discutirse, porque fueron declaradas inadmisibles producto de una restrictiva interpretación de la Constitución.

No podemos sino concluir que en los partidos de la transición hoy no hay espacio para la representación de los intereses y necesidades de los trabajadores de Chile. Las conducciones de los partidos que reivindican posiciones de izquierda en la Nueva Mayoría, los partidos Socialista y Comunista han abandonado la tradición histórica de sus partidos, de la cual no basta con sentirse orgullosos solo en momentos de homenajes, sino también cuando construimos el futuro. Se acomodaron a los límites que el pacto neoliberal de la transición les trazó.

Hoy voto en contra de este proyecto porque va en contra de las demandas de los trabajadores chilenos, no fortalece su organización y no transforma lo esencial del plan laboral de la dictadura. Y desde Izquierda Autónoma no aceptamos el chantaje de que por discutir y discrepar con la Nueva Mayoría estamos siendo cómplices de la derecha, tal como acusaron al Partido Comunista durante tantos años. Sabemos que nuestros motivos son distintos. La política en Chile ya no es sólo binominal.

Para quienes anhelamos ver a las y los trabajadores organizados y con fuerza promoviendo un país distinto, como nos demuestran que se puede quienes hoy están presentes en las tribunas, nos queda un largo camino por delante. Nosotros no tenemos todas las respuestas, pero si tenemos claro que será la alianza entre los trabajadores y trabajadoras, con las bases de los partidos de izquierda, con las nuevas fuerzas políticas que estamos emergiendo, quienes lograremos construir una alternativa política para empujar los cambios que Chile demanda y necesita.