Reflexiones sobre lo consituyente

El gobierno ha lanzado lo que ha denominado “proceso constituyente” como mecanismo para cambiar la Constitución. Este proceso está compuesto por una primera fase de participación ciudadana mediante encuentros locales y cabildos provinciales y regionales, y una fase “institucional”, donde la Presidenta enviará un proyecto al Congreso y será éste quien deberá discutir la forma en que se materializará la nueva Constitución.

Lo enredado del proceso ha contribuido a su vez a enredar la discusión y ha llevado a las fuerzas de izquierda a cuestionar duramente el mecanismo elegido, centrando su crítica en el carácter no vinculante de los encuentros y cabildos, poniendo en duda por ende la real voluntad del gobierno de realizar un cambio de fondo a nuestra Constitución.

En las siguientes líneas trataré de aportar al debate sobre las posibilidades y límites del actual proceso, y que rol podemos jugar en él.

Participar es decidir

La experiencia de la última década de lucha de diferentes movimientos sociales en Chile, en particular el estudiantil, pero también movimientos medioambientales, regionales, étnicos, sindicales y de la diversidad sexual entre otros nos ha enseñado, a costa de muchos fracasos y promesas incumplidas, una premisa básica de la acción política: participar, es decidir. El sin número de “diálogos participativos” y “procesos consultivos” a los que hemos concurrido para que después los gobernantes concertacionistas, de derecha, o ahora de la nueva mayoría hagan lo que quieran, han ido construyendo un legítimo escepticismo ante las invitaciones a conversar que nacen desde las instituciones gubernamentales. La misma experiencia nos ha enseñado que sin lucha social, sin organización y movilización, los intereses de los excluidos por la política tradicional no se verán concretados. Y es que la delegación de nuestra fuerza en los partidos políticos del viejo (pero aún vigente) orden ha demostrado una y otra vez ser una estrategia de fracaso, en cuanto las demandas que se levantan se ven parceladas y son procesadas en código neoliberal, ya sea en su rostro “humanizante” (por ej la beca gratuidad de este gobierno que es un alivio para las familias que acceden a ella pero no es un avance en la comprensión de la educación como derecho social y por ende consolida el carácter mercantil de ésta), o en su versión más ortodoxa (el G.A.N.E. de Piñera o la Carrera Docente del actual gobierno). 

Es por esto que de un tiempo a esta parte hemos levantado la autonomía como principio esencial de nuestra política. Autonomía es no delegar en los mismos de siempre la construcción del país que queremos (recuerdo cuando el 2012 me tocó exponer como presidente FECh en la Comisión de educación del Senado, e Ignacio Walker y Ena von Baer nos decían “muchas gracias por poner el tema de educación sobre la mesa, ahora déjennos a nosotros que sabemos resolverlo”), y a su vez no pretender suplantar a los movimientos sociales que empujan por estas transformaciones. No se trata de “conducir” por arriba, sino que nuestra práctica política debe estar imbricada en las luchas sociales de hoy. 

Sin embargo, la autonomía de nada sirve si se plantea solo en negativo. En este sentido no basta con la concepción de “no delegar” por un lado, y “no suplantar” por otro, es necesario afirmar en positivo este principio fundante de nuestra política. Autonomía es emancipación, es construcción de organización de forma colectiva que se enfrenta permanentemente a la promesa neoliberal que reza que solo mediante el esfuerzo individual en competencia con tus pares es posible desarrollarse. Autonomía es entonces construcción de organización colectiva de los excluidos para decidir sobre nuestro futuro común.

Autonomía y proceso constituyente

Uno de los éxitos mediante el cual la doctrina neoliberal ha construido su hegemonía en el Chile de nuestros días es el haber instalado la idea de que el futuro común se materializa mediante decisiones individuales de los ciudadanos en el mercado, y que la democracia se reduce a la elección periódica de autoridades. Está concepción de la política y la sociedad está tan naturalizada en nuestro país que para ejercerla no resulta necesario explicitarla. Es la forma en que se nos “crió” como ciudadanos y cuesta pensar fuera de esto márgenes. Es por lo anterior que pensar por fuera de esta cancha requiere un ejercicio permanente de cuestionamiento de la propia elaboración y acción política. 

La construcción en Chile de un sujeto político autónomo ha tenido su mejor expresión en las luchas sociales que han enfrentado una y otra vez a la ciudadanía organizada con el poder en su versión institucional (el gobierno) y fáctica (el empresariado). Es en estas luchas donde reside la esencia de un proceso constituyente con vocación transformadora, que no se limita a la reivindicación gremial temporal, si no que pone en jaque el carácter mismo del Estado y el modelo de desarrollo impuesto por la alianza entre la casta política y gran empresariado (o más bien la colonización de estos últimos sobre los primeros).

En este contexto, desde mi perspectiva resulta ingenuo pensar que un proceso constituyente como el propuesto por el gobierno tiene una perspectiva realmente transformadora, que sea capaz de voltear la mesa de la alianza antes referida y poner en el centro a las comunidades empoderadas que definan su futuro común. 

Pero, y he aquí la pregunta clave, ¿significa lo anterior que las fuerzas emergentes de izquierda debemos restarnos sin más de este proceso pensando que nuestra participación en él sirve para legitimarlo? 

En mi opinión, el reducir el debate de la izquierda a si participar o no participar de la iniciativa del gobierno es entrar perdiendo. Nuestro objetivo, más que la discusión procedimental, debe ser el generar una elaboración propia sobre lo constituyente y salir a disputarla en todos los espacios posibles. Nuestra visión sobre el carácter del Estado, los derechos sociales a garantizar por éste y la desmercantilización de los mismos (educación, salud, vivienda, pensiones), la multiculturalidad que habita nuestro territorio, la descentralización efectiva del país mediante el traspaso de atribuciones a las comunidades locales, la redistribución de la riqueza que entre todos creamos, la propiedad sobre nuestros recursos naturales y su explotación armónica con nuestro medio ambiente y la vida en común, y la integración latinoamericana como eje de nuestras relaciones internacionales entre otros temas, debieran ser las discusiones que nos convoquen.

Este debate no se reducirá a los plazos que propone el gobierno, y nuestro desafío será mantener abierto el proceso y no contribuir a un cierre por arriba que clausure el debate por decreto. Pero no podemos tampoco desconocer que el debate está sucediendo. En ese sentido, ante la oportunidad de debatir con otras organizaciones sociales, con otros ciudadanos, creo honestamente que no resulta razonable negarse. No se trata de concentrar toda nuestra energía en responder cuestionarios ni llenar formularios, sino hacer el ejercicio de humildad de debatir y compartir con quienes quieren construir un Chile en común. Esto por ejemplo lo veo en Magallanes, donde a partir del trabajo de la diputación hemos generado vínculos con cientos de trabajadores y decenas de sindicatos, con juntas de vecinos y organizaciones deportivas, con clubes de adulto mayor y estudiantes. ¿Por qué no preguntarnos conjuntamente cómo es el Chile en el que queremos vivir?

El debate sobre el futuro está sucediendo hoy. No dejemos que quede en las manos de los mismos de siempre.