Intervención en discusión sobre vivienda

Estimados, comparto con ustedes mi intervención en la discusión sobre el proyecto que busca suprimir el límite máximo para regularizar las ampliaciones en viviendas sociales, en donde, a tono con mi intervención en el debate del "Bono Marzo", trato de dar una mirada al problema de fondo sobre el carácter del Estado, además de una visión regional del conflicto.

Muchas gracias señor Presidente,

Tal como Alejandra Sepúlveda extraña a la Ministra de Vivienda en este debate, yo no puedo sino echar de menos a casi la mitad de los diputados que mientras damos esta discusión, no se encuentran en la sala, y también a algunos que si bien están presentes en cuerpo, no lo están en espíritu. Desconozco si peco de pajarito nuevo y esto es normal, pero me parece una falta de respeto que no seamos capaces siquiera de escucharnos a nosotros mismo.

Entrando al asunto en comento, manifiesto mi acuerdo en que el proyecto vuelva a la comisión, y dicho esto, me gustaría abordarlo desde dos perspectivas, en primer lugar desde una visión regional, y en segundo lugar, desde un debate de fondo, tal como lo ha planteado en su intervención Camila Vallejo.

Las autoridades del Ministerio de Vivienda de la administración anterior, fueron reacios a flexibilizar las normas sobre regularización de viviendas, debido al peligro que conlleva autorizar construcciones que no han cumplido con las disposiciones existentes sobre la materia. Ello si bien puede sonar razonable en la práctica, desconoce la realidad concreta, y no se hace cargo de un problema extendido a lo largo y ancho del territorio.

En concreto, en la región que represento (Magallanes y Antártica chilena), la imposibilidad de regularizar ampliaciones ha derivado en la imposibilidad de postular a diversos subsidios, como el de Acondicionamiento Térmico, que exigen que las viviendas tengan recepción municipal definitiva. A esta situación, es preciso agregar que los 25 metros cuadrados establecidos como límite en la ley N° 20.671 para acogerse  a  sus  normas  son  insuficientes  en varios casos.  

Todo lo anterior se suma a que en el caso de Magallanes, aproximadamente el 40% de las viviendas son producto de la autoconstrucción, las que han ido creciendo progresivamente, desde una pieza en una toma, hasta casas de más de 100% metros cuadrados.

En concreto, lo aquí expuesto implica que en el frío invierno magallánico, tenemos muchas familias que no pueden contar con un hogar debidamente aislado, debido a obstáculos burocráticos impuestos con un criterio centralista, con el consiguiente aumento en el gasto de energía, tan escasa en nuestra región.

Sobre el debate de fondo, en materia de vivienda, como en muchas materias que nos tocará abordar en este Parlamento (educación, salud, pensiones, ficha de protección social, etc...), subyace una discusión mucho más profunda que también debiéramos ser capaces de tratar en este espacio. El carácter mismo del Estado.  Y es aquí donde se centra la disputa central de este nuevo ciclo político que se abre, la mantención de un Estado subsidiario, o la transición hacia un Estado que garantice derechos sociales universales sin discriminación alguna. Quienes ayer nos movilizamos por esta segunda concepción, lo seguiremos haciendo, y hoy espero dar esa batalla también desde el Parlamento.

En concreto, en materia de vivienda, se entrega la solución habitacional a los privados, mientras el Estado se abstiene de actuar para que así el mercado haga lo suyo. Historia conocida.

El derecho a una vivienda adecuada se halla reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El artículo 11 de este pacto establece: “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia”. En nuestro país, en cambio, no se encuentra consagrado el derecho a la vivienda. Lo que se traduce, entre otras cosas, en que el acceso una vivienda digna se ha determinado por la capacidad económica de la persona y las políticas públicas del gobierno de turno.

Así creemos que es fundamental avanzar, además de la especificidad de este proyecto, en una reforma constitucional en ese sentido, así, por ej. Boletín número 8701-07que establece el derecho a acceder a una vivienda digna (el cual lamentablemente no cuenta con urgencia). Este proyecto, basado en experiencias de derecho comparado, pretende elevar a rango constitucional el derecho a la vivienda. Esto implica que  el Estado tendría un rol más activo en asegurar que todas las chilenas y chilenos cuenten con una vivienda digna, promovida por políticas públicas. Otro proyecto que desde mi perspectiva debería tener urgencia es el que “Establece reserva de suelo urbano para viviendas sociales” (Boletín número 8962-14).

Hay que entender la vivienda y la ciudad como un derecho, lo que implicar cuestionar la lógica del Estado subsidiario y junto con ello, fomentar un proceso de empoderamiento de los gobiernos locales para que puedan ser parte del proceso de construir ciudad.

Muchas gracias