Intervención creación Universidades estatales en regiones de Aysén y O'higgins

El descrédito de la política que se ha agudizado durante los últimos años, amenaza la oportunidad histórica de reformar la educación. Esta posibilidad se ha abierto gracias a décadas de movilizaciones, de organizaciones sociales que han mantenido viva la llama por una educación pública, gratuita y de calidad; por el derecho a la educación; por una sociedad, puesto así, más democrática.

Allí donde el sistema político se ha debilitado producto de su propia lógica de prescindir de la sociedad civil, las organizaciones sociales se han fortalecido y a ellas acude la sociedad a la hora de expresar sus puntos de vista. El Gobierno ha sido sordo a sus propuestas y a las posiciones que ha puesto sobre la mesa; no quiere llegar a acuerdos amplios con ellas y rechaza sus esfuerzos por participar del debate legislativo de manera sustantiva.

Entonces, las posibilidades de reforma se reducen. El Gobierno se ha centrado en un paradigma que mira a cada institución educativa por separado, incentivando su calidad con premios y castigos, garrotes y zanahorias. De este modo, se han naturalizado las condiciones comunes a todas ellas, como si la educación, como fenómeno global, no fuera algo producido por nuestra propia obra como sociedad.

Es eso lo que ha movilizado a tantas familias desde el 2006, el fracaso de la organización  del sistema educativo como si éste fuera un mercado. Y ello aún no es aceptado por la lógica del Mineduc que viene desde hace años: la educación no se juega de modo aislado en cada institución por separado. Dentro de esa concepción no hay posibilidad de cambio. Esta es la gran conclusión de años de debate sobre el tema: la educación empeora y se vuelve injusta si se considera como bien de responsabilidad individual y como mercado, es decir, si se organiza como enjambre de instituciones en competencia.

El problema es que, al decidir si crear nuevas universidades estatales, el Gobierno elude la discusión del sistema de educación pública que les albergará. Y todavía hoy no nos ponemos de acuerdo en cuál es la educación pública que queremos.

La educación pública que queremos

Para nosotros el criterio para definir este voto es claro. Nos ponemos del lado de una propuesta de universidades estatales que rompa la lógica de la competencia, del bien individual, de la política pública focalizada, de que cada institución se salva por separado. Rechazamos una propuesta que conserve el mercado educativo y lo proyecte por otro ciclo más. Nos ponemos del lado de una propuesta concebida desde una idea democrática de Chile y un derecho a la educación que nos acerque a  esa idea.

Por eso apoyaré la indicación que ha repuesto Giorgio Jackson y otros diputados para que estas nuevas Universidad no puedan cobrar aranceles desde su constitución. ¿O acaso queremos reproducir la lógica de mercado y precarización que hoy tiene contra las cuerdas a Universidades regionales estatales como la Universidad de Magallanes o la Universidad Arturo Prat, agobiadas por el autofinanciamiento y desgarradas por la falta de apoyo del Estado?

La reforma que el país necesita pasa centralmente por construir una nueva educación pública. Este es el instrumento de la voluntad democrática de los ciudadanos para hacerse presente en la tarea educativa, no regulando a terceros mediante agencias, sino directamente, como proveedor del servicio entendido como proceso global, interconectado y colaborativo. Esto es condición de posibilidad para comenzar una modernización de la educación, poniendo los avances técnicos de la actualidad a disposición de las decisiones democráticas del país. Conocimiento público, abierto a la sociedad, no sólo la visión restrictiva de la formación profesional.

La nueva educación pública debiese llegar a educar a la mayoría de la población, asegurando con ello la reproducción de los valores democráticos que la deben inspirar, y también utilizando intensivamente las capacidades instaladas que el mercado despilfarra. Esto pasa por superar el actual principio de subsidiariedad que concibe las instituciones del Estado como unidades aisladas unas de otras, para comenzar a organizarlas colaborativamente.

La expansión y fortalecimiento de la democracia son definiciones de lo público No solo como orden institucional, sino como experiencia cotidiana. Ello estará en juego con la creación de estas universidades y solo se realizará si ellas no estén prisioneras del mercado, auto financiándose, o presas del autoritarismo, sin control democrático de sus orientaciones. La capacidad de la Universidad de auto determinarse a partir de la decisión vinculante de los distintos actores de su comunidad educativa, tanto en los fines propios de la institución como en la elección de las autoridades más representativas, es clave para definirla como una Universidad Pública.

Vamos a votar a favor porque tenemos la esperanza pero por sobre toda la convicción de que el modelo que ha imperado hasta hoy en nuestra educación superior puede cambiar. Allí estarán puestos nuestro esfuerzos.