Intervención Reforma Educación Superior (12-07-2017)

Estimad@s, les comparto mi intervención en el marco del debate sobre la reforma a la educación superior. Abajo pueden leer el texto de la intervención con algunas partes que no alcancé a decir en la sala de la Cámara.

¿CÓMO LLEGAMOS HASTA ACÁ?

• Estamos ad portas de que se cumplan 100 años de la llamada “Reforma Universitaria” de Córdoba, hito gestado por el movimiento estudiantil argentino que le exigía al Estado que la educación superior tuviera una relación con la comunidad en la que se encontraba y respondiera a los desafíos y demandas sociales.
• Este hito fue importante no sólo para dar un sello especial a la universidad latinoamericana, sino también para los procesos de democratización que experimentó nuestro continente durante casi todo el siglo XX al alero de sus Universidades Públicas. En el fondo, en estas demandas se encuentra el fin mismo de todo sistema educacional: entregarnos las mejores herramientas para determinar de la mejor forma posible nuestros proyectos de vida individuales y colectivos. Porque finalmente, la educación es un proceso colectivo que nos permite ser más libres; enriquecer nuestra cultura, lograr una vida digna.
• Como sabemos, este proceso fue lamentablemente interrumpido por dictaduras militares. En nuestro caso, consistió en el abandono de nuestras instituciones de educación públicas, quedando expuestas a la salvaje competencia de mercado. Ni siquiera el retorno de la democracia ha podido frenar su impulso.
• Pero después de décadas de experimentos neoliberales con nuestra educación, las chilenas y chilenos dijimos ¡BASTA! Al igual que hace casi 100 años, ahora nuestro movimiento estudiantil, acompañado masivamente por sus familias y diferentes organizaciones de  trabajadores, exigió una educación para una vida más digna, una que respondiera no sólo a nuestros anhelos personales, sino que aportara a construir un país de todos y para todos.
• La pregunta que debemos hacernos HOY es: ¿En qué hemos avanzado desde esa necesaria y legítima demanda por una educación para la libertad? Finalmente es eso lo que nos tiene sentados acá este día.

• Ante la exigencia levantada por nuestro movimiento estudiantil, el Gobierno prometió incorporar como parte de su programa una reforma educacional profunda.
• Pero lamentablemente, Sr. Presidente, no dimos el ancho. Digo esto con total responsabilidad. Creo que no fuimos capaces de estar a la altura de una de las reformas más importantes de los últimos años, de las más esperadas y en las que el Movimiento Estudiantil debía tener un rol protagónico. Y digo que no dimos el ancho por los siguientes motivos:

En primer lugar, es evidente la irresponsabilidad política con la que se tramitó esta reforma. En julio de 2016 el gobierno presentó finalmente al parlamento el proyecto de reforma a la educación superior. Antes de hacerlo lo postergó 10 veces y luego estuvo paralizado por más de 8 meses. Para colmo, se separó el proyecto de universidades estatales del resto del proyecto cuestión que sólo afectó la posibilidad de una modificación integral al sistema. Finalmente, con más de la mitad del proyecto por discutir, el gobierno obliga a resolver en una discusión de 24 horas un debate que ha durado más de 20 años. En ningún lugar del mundo que pretenda avanzar con responsabilidad en una materia tan importante como ésta se permitiría esto.

En segundo lugar, nuevamente se hace una reforma construida sin el Movimiento Estudiantil. Se presentaron propuestas e indicaciones, incluso como Frente Amplio aprobamos parte de la idea de legislar este proyecto precisamente para que este diálogo sucediera pero aún así los nudos críticos del sistema denunciados por la CONFECH siguen sin ser abordados en la reforma.

Finalmente y lo más grave de todo, es que este proyecto no ofrece una orientación clara que permita una salida al modelo de mercado que tenemos hoy. Tal como lo ha dicho el Movimiento Estudiantil, el Frente Amplio y diferentes actores sociales, el problema central de nuestro sistema de educación superior es la inexistencia de un sistema público coordinado y colaborativo que sea el eje promotor de la calidad y equidad del sistema. Lo que le permitiría a la sociedad chilena avanzar hacia un modelo de desarrollo diferente al actual.

Hoy el sistema privado masivo y lucrativo es el que conduce los destinos del sistema de educación superior chileno y esta reforma (en este proyecto y el de estatales) cambia poco el rumbo de esta situación. Además y sumado a lo anterior, el proyecto en curso no toca cuatro pilares centrales del neoliberalismo en educación superior:

• Sigue considerando el endeudamiento de las familias un pilar central de financiamiento del sistema. En un penoso episodio, la comisión de hacienda decidió reponer el CAE. Si vamos a tomarnos en serio la gratuidad universal, entonces debemos tener mecanismos de financiamiento y ayuda estudiantil que se condigan con el principio de solidaridad y universalidad tras la idea de gratuidad.. Queremos que se financie un sistema, no instituciones aisladas que hagan lo que quieran; que se financie un proyecto que haga sentido al país y a sus diferentes comunidades, no que responda a los designios de conglomerados económicos o gobiernos de turno.
• No toca el modelo gerencialista de gobernanza interna de las instituciones de ESUP.
• No considera además, la precarización laboral de los trabajadores de la educación. Tanto en el sector público como privado.
• Sigue sin dar respuesta contundente a la separación radical entre docencia e investigación en el sistema.

Ejemplo de todo lo anterior es la Universidad de Magallanes, que se encuentra sometida a un ritmo de financiamiento impresentable. Ampliando sus pregrados y abriendo carreras nuevas para captar recursos vía aranceles, sin importar las necesidades de la región y debilitando todas las funciones necesarias de una universidad pública, se le impide cumplir con su tarea central: ser el núcleo de desarrollo científico y de investigación. Hoy en la UMAG, 2 de cada 3 trabajadores “boletea”. Y de todos las asignaturas que tienen sus carreras, más de un 60% de ellas es dictada por un/a docente a honorarios ¿cómo planificar o armar proyectos de largo plazo con puro personal transitorio?

Tanto los y las estudiantes como sus propios directivos, comprenden que la posibilidad de desarrollar una casa de educación superior de desarrollo integral está hipotecada con los mecanismos actuales de financiamiento y gestión. La gratuidad que pensó este Gobierno, incluso, la dejó en una situación más vulnerable y en continua competencia con otras instituciones privadas. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué para este Gobierno, es idéntico otorgar gratuidad a instituciones privadas que a instituciones como la UMAG?.

La ausencia de un Sistema Nacional de Educación Pública es grave y determina gran parte del resto de los problemas. Es por ello que a pesar de que este proyecto de ley contiene elementos positivos, sin una orientación clara del tipo de sistema que desea, es complejo que la educación superior chilena este algún día a la altura de lo que se espera de ella. Dentro de las cosas positivas  que reconocemos, está:  la creación de una superintendencia de educación superior con facultades de fiscalización y de una subsecretaría que aporte en la mejor coordinación del sistema. Esperamos que estas instituciones realmente se aboquen a cumplir sus objetivos, particularmente, a investigar y sancionar a las instituciones privadas que todos sabemos hoy lucran con el dinero de todos los chilenos y chilenas, La idea de que exista un sistema común de acceso. Habrá que esperar a ver si finalmente va a responder o no criterios de equidad demandados hace tanto tiempo por las y los secundarios chilenos. Que se haga obligatoria la acreditación institucional y se fortalezcan los requisitos para acreditación de pregrado. Sin embargo aún nadie comprende por qué se volvió a reponer la Comisión Nacional de Acreditación y se sacó la idea que se encontraba en el proyecto original. Es un consenso que la CNA no ha dado el ancho (si no veamos casos como la Iberoamericana recientemente) y esta por verse si lo dará ahora. Que se establezca la necesidad de gratuidad universal para la educación superior. Sin embargo, insistimos en la necesidad de enfocar recursos en la creación de un sistema antes que en la repartija desordenada a cualquier tipo de institución. Además, aún sin considerar esto, como han planteado los rectores de las casas de estudio que se han acogido al sistema el 2016, aún falta mucho por mejorar en la gestión del mecanismo y es de esperar que este proyecto mejore las críticas realizadas para que no se vean afectados los estudiantes y sus familias. Finalmente, aún es criticable que en el mismo proyecto se establezcan cortapisos tan estrictos para avanzar hacia la gratuidad universal, dependiendo de cifras específicas del PIB nacional para avanzar hacia allá.

Sr. Presidente. Las manifestaciones sociales de los últimos años han hecho posible algo histórico desde el retorno de la democracia: darnos la posibilidad de discutir las bases sobre las que estamos realizando nuestras vidas y este Gobierno tiene la posibilidad en sus manos de poner los primeros cimientos para salir de este modelo de desarrollo tan injusto y resentido. Al igual que hace casi 100 años, es el Movimiento Estudiantil el que nos ofrece la claridad y valentía necesaria para cambiar la historia: necesitamos pasar de un modelo descoordinado y segregado donde las instituciones privadas masivas y lucrativas de baja calidad dominan el sistema, a uno donde las instituciones del Estado y todas aquellas que quieran realmente aportar a construir un país en conjunto sean el pilar de la educación superior, invirtiendo los recursos y esfuerzos estatales en hacer de este sistema el motor de desarrollo del país.

Sólo de esta forma es posible tener una educación para la libertad, reflexionando sobre la sociedad que queremos. En nuestras manos está tomar nuevos rumbos y caminar hacia otros horizontes, no desaprovechemos la oportunidad.

Intervención creación Universidades estatales en regiones de Aysén y O'higgins

El descrédito de la política que se ha agudizado durante los últimos años, amenaza la oportunidad histórica de reformar la educación. Esta posibilidad se ha abierto gracias a décadas de movilizaciones, de organizaciones sociales que han mantenido viva la llama por una educación pública, gratuita y de calidad; por el derecho a la educación; por una sociedad, puesto así, más democrática.

Allí donde el sistema político se ha debilitado producto de su propia lógica de prescindir de la sociedad civil, las organizaciones sociales se han fortalecido y a ellas acude la sociedad a la hora de expresar sus puntos de vista. El Gobierno ha sido sordo a sus propuestas y a las posiciones que ha puesto sobre la mesa; no quiere llegar a acuerdos amplios con ellas y rechaza sus esfuerzos por participar del debate legislativo de manera sustantiva.

Entonces, las posibilidades de reforma se reducen. El Gobierno se ha centrado en un paradigma que mira a cada institución educativa por separado, incentivando su calidad con premios y castigos, garrotes y zanahorias. De este modo, se han naturalizado las condiciones comunes a todas ellas, como si la educación, como fenómeno global, no fuera algo producido por nuestra propia obra como sociedad.

Es eso lo que ha movilizado a tantas familias desde el 2006, el fracaso de la organización  del sistema educativo como si éste fuera un mercado. Y ello aún no es aceptado por la lógica del Mineduc que viene desde hace años: la educación no se juega de modo aislado en cada institución por separado. Dentro de esa concepción no hay posibilidad de cambio. Esta es la gran conclusión de años de debate sobre el tema: la educación empeora y se vuelve injusta si se considera como bien de responsabilidad individual y como mercado, es decir, si se organiza como enjambre de instituciones en competencia.

El problema es que, al decidir si crear nuevas universidades estatales, el Gobierno elude la discusión del sistema de educación pública que les albergará. Y todavía hoy no nos ponemos de acuerdo en cuál es la educación pública que queremos.

La educación pública que queremos

Para nosotros el criterio para definir este voto es claro. Nos ponemos del lado de una propuesta de universidades estatales que rompa la lógica de la competencia, del bien individual, de la política pública focalizada, de que cada institución se salva por separado. Rechazamos una propuesta que conserve el mercado educativo y lo proyecte por otro ciclo más. Nos ponemos del lado de una propuesta concebida desde una idea democrática de Chile y un derecho a la educación que nos acerque a  esa idea.

Por eso apoyaré la indicación que ha repuesto Giorgio Jackson y otros diputados para que estas nuevas Universidad no puedan cobrar aranceles desde su constitución. ¿O acaso queremos reproducir la lógica de mercado y precarización que hoy tiene contra las cuerdas a Universidades regionales estatales como la Universidad de Magallanes o la Universidad Arturo Prat, agobiadas por el autofinanciamiento y desgarradas por la falta de apoyo del Estado?

La reforma que el país necesita pasa centralmente por construir una nueva educación pública. Este es el instrumento de la voluntad democrática de los ciudadanos para hacerse presente en la tarea educativa, no regulando a terceros mediante agencias, sino directamente, como proveedor del servicio entendido como proceso global, interconectado y colaborativo. Esto es condición de posibilidad para comenzar una modernización de la educación, poniendo los avances técnicos de la actualidad a disposición de las decisiones democráticas del país. Conocimiento público, abierto a la sociedad, no sólo la visión restrictiva de la formación profesional.

La nueva educación pública debiese llegar a educar a la mayoría de la población, asegurando con ello la reproducción de los valores democráticos que la deben inspirar, y también utilizando intensivamente las capacidades instaladas que el mercado despilfarra. Esto pasa por superar el actual principio de subsidiariedad que concibe las instituciones del Estado como unidades aisladas unas de otras, para comenzar a organizarlas colaborativamente.

La expansión y fortalecimiento de la democracia son definiciones de lo público No solo como orden institucional, sino como experiencia cotidiana. Ello estará en juego con la creación de estas universidades y solo se realizará si ellas no estén prisioneras del mercado, auto financiándose, o presas del autoritarismo, sin control democrático de sus orientaciones. La capacidad de la Universidad de auto determinarse a partir de la decisión vinculante de los distintos actores de su comunidad educativa, tanto en los fines propios de la institución como en la elección de las autoridades más representativas, es clave para definirla como una Universidad Pública.

Vamos a votar a favor porque tenemos la esperanza pero por sobre toda la convicción de que el modelo que ha imperado hasta hoy en nuestra educación superior puede cambiar. Allí estarán puestos nuestro esfuerzos.

Intervención votación proyecto fin al lucro-selección-copago

La alegría que muchos expresarán en esta sala por la aprobación de este proyecto, no es la misma que se vivirá fuera de ella. Desgraciadamente no la celebrarán apoderados, rectores, profesores ni estudiantes. Tampoco la celebrará la ciudadanía en general. Nadie saldrá a Plaza Italia, la Alameda no se llenará de familias alegres. ¿Qué sucedió?

Es que esta reforma no es su reforma. No es por lo que nos movilizamos. No la hemos construido entre los actores que queremos participar de una democratizante reforma a la educación. La ciudadanía tampoco la recibe como propia. Lo hemos dicho nosotros, los espacios sociales organizados, pero también lo dice la evaluación que diversas encuestas hacen del Gobierno y sus reformas.

Este proyecto, abordando un acotado aspecto de la educación chilena, no termina con lo que dice que termina. No termina la selección. Sobrevive el subsidio y los vouchers como motores de la competencia obligatoria de una educación de mercado. No se construye una alternativa en la educación pública. Entonces, entramos en una paradoja propia de la transición a la democracia: financiamos el mercado con iniciativas que se presentan como el fin al mercado. Y lo pagamos todos con plata de todos.

Pero las fuerzas democráticas y de cambio tenemos que hacernos una autocrítica. Es el Senado el que ha revertido los contenidos más relevantes del proyecto? Hemos asumido la estrategia correcta?

Es a este mismo parlamento al que las fuerzas democráticas y de cambio llegamos débiles. Concientes de que la autocrítica siempre debe partir por uno mismo, le decimos fraternalmente a Revolución Democrática, a los militantes de los Partidos Comunista y Progresista, a las bases e incluso a parlamentarios del PS y la DC: para esta reforma, tenemos que destinar nuesto esfuerzo a construir  la unidad de las fuerzas sociales antes que la unidad del Gobierno. Recuperar fuerza y abrir la puerta a las transformaciones, va de la mano de escuchar más a la Confech que a Gutemberg Martínez, más a los profesores que a Ezzati, más a las familias que a los sostenedores, más a la ciudadanía que a la  Confederación de Producción y Comercio.

Voy a votar favorablemente varias de las disposiciones de este proyecto porque como hemos dicho insistentemente nuestra voluntad y preocupación es que esta reforma salga y salga bien. Pero también rechazaré los aspectos del proyecto que desde nuestra perspectiva profundizan la subsidiariedad del Estado, mantienen la competencia entre colegios, y mediante recumbirúmbicos argumentos y laberínticos mecanismo legitiman una especie de lucro regulado. Y es que no puedo aprobar aspectos de esta reforma que van en contra de lo que hemos luchado en las calles desde hace tantos años.

En ese sentido, el 2015 que se abre al cierre de este confuso 2014 y con la votación de este proyecto, comienza con mayor nitidez para nosotros. Debe ser uno de convergencia de organizaciones políticas y sociales para proyectar una reforma democrática que, ahora sí, salgamos juntos a celebrar. Debe ser un año de más organización, de más movilización. Porque la historia nos ha enseñado que para avanzar, debemos organizarnos. Para avanzar en terminar con la segregación, con la concepción de la educación como negocio, con la privatización de nuestras vidas y la doctrina que, junto a los cuervos que anunciara Patricio Manss, vino volando en Hawkers Hunters desde Chicago de dar soluciones privadas a los problemas públicos, tenemos que volver a organizarnos, tenemos que volver a hacer política desde la sociedad y no de espaldas a ella.

Ese es nuestro tremendo desafío para este año que comienza.

Intervención votación proyecto que pone fin al lucro, selección y copago.

Hoy votaremos la primera parte de la reforma que los chilenos llevamos más de 10 años esperando. Se trata del anhelo por desmantelar la herencia de la dictadura y construir una nueva educación, que sea pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, a pesar de que a comienzos de año está reforma tenía un vasto apoyo popular, el proyecto que hoy votamos no ha sido capaz de convocar a la ciudadanía a respaldarlo. Algo salió mal.

                       

Desafortunadamente, el gobierno desechó la posibilidad de convocar a un amplio acuerdo social. En cambio optó por valérselas por sí mismo, apelando al saber de sus técnicos y su manejo de la situación política. Y la reforma se entrampó: las organizaciones sociales, estudiantes, profesores y rectores mostraron sus reparos ante los proyectos, los padres sus legítimas dudas, y la derecha, de manera oportunista, trató de presentar esto como falta de apoyo a la necesidad de la reforma.

El gobierno entonces cedió a las presiones de Walker y sus amenazas por la prensa, y de manera soterrada, pactó con la iglesia los elementos críticos de la reforma.

Primero, el fin al copago no ataca la lógica del mercado en educación. La subsidiariedad crecerá con el aumento de recursos que peso a peso reemplazarán el copago y los fondos SEP, promoviendo una visión de los estudiantes como medios para completar el presupuesto. Se asegura la estabilidad de ingresos de todas las instituciones del sistema sin atender la segregación económica que produce la competencia entre ellas. Tampoco se permite al Estado promover ciertos proyectos educativos sobre otros, pues se le exige ser “neutro”.

El anunciado “fin al lucro”, ha dado paso a un lucro regulado. Lo que hoy es lucro ilegítimo mañana será ganancia legal. Eso no es por lo que hemos luchado por tanto tiempo. Legitimar el arriendo de colegios es dejar abierta la misma puerta por la cual los empresarios de la educación destruyeron los sueños de miles de familias en la Universidad del Mar y en otras instituciones que hoy hacen más noticias en las páginas policiales que por su aporte al desarrollo del país. Yo no estoy disponible para legitimar esto.

Nuestro voto será en general a favor, porque no renunciamos a la posibilidad de cumplir el anhelo ciudadano de lograr un cambio en educación, y parte de ese espíritu aún sobrevive en este proyecto. Llamamos a los parlamentarios a rechazar los elementos que consolidan el Estado subsidiario, y en cambio a aprobar las indicaciones que desde el movimiento social, y también desde algunos parlamentarios, buscan consolidar a la educación como derecho sin discriminación. Ni por plata, ni por género, ni por convicciones.

Pero más importante que todo, hacemos un llamado al gobierno: Presidenta Bachelet, aun hay tiempo de enmendar el rumbo.

El camino del Acuerdo Social no solo sigue vigente, sino que es el único que viabiliza una reforma educacional sustantiva. Los proyectos de educación pública aún no se han elaborado. En su discusión, el Gobierno tiene una oportunidad real de salir de su actual situación de aislamiento.

Varios actores han trabajado en esa dirección. Desde la Fundación Nodo XXI hemos intentado aportar a este debate convocando a distintas voces de la sociedad civil vinculadas al mundo educacional, para elaborar un planteamiento sobre el horizonte y los ejes de cambio inmediato que suponen la construcción de una nueva educación pública. Este Compromiso por una Nueva Educación Pública, esta a disposición para trabajar por esta reforma, y con ese espíritu, con un grupo de parlamentarios presentaremos mañana un proyecto de acuerdo para que el presupuesto refleje el compromiso que se supone el gobierno tiene con la educación pública, y que en lo que hasta ahora conocemos del actual presupuesto, no se expresa.

Y a la derecha, los hemos escuchado hacer gárgaras con la necesidad de fortalecer la educación pública, siendo ustedes mismos los que la desmantelaron. No puedo sino sospechar oportunismo, pero más allá de las valoraciones personales, sepan que ese compromiso se lo vamos a cobrar.

Termino haciendo un llamado a todos los trabajadores, profesores y estudiantes, que desde hace años hemos luchado en las calles por una reforma que consagre a la educación como un derecho y no un negocio, a salir a las calles, a organizarnos y movilizarnos. Porque la reforma a la educación que queremos tenemos que defenderla de la derecha, pero si es necesario, y hoy parece serlo, también la defenderemos de las vacilaciones del gobierno.

Argumentación prohibición de arriendos en educación

La Comisión de educación despachó este miércoles el proyecto de ley que pone fin al lucro, selección y copago. El ejecutivo, en una de sus indicaciones, retrocedió de su propuesta inicial y permitió los arriendos de colegios, lo que fue aprobado. Creo que esto es un grave error que deja abierta la puerta al lucro, aunque sea regulado, en la educación. Les comparto la intervención que hice en la Comisión a propósito de este tema.

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Presidente, esta indicación busca permitir los arriendos con personas relacionadas sin fines de lucro, y los arriendos con personas no relacionadas, independiente de si tienen o no fines de lucro. Después de estudiar el punto con mucha detención, he llegado a la convicción de que, pese a la regulación, a través de este mecanismo se deja abierta la puerta justamente a lo que da sentido a esta discusión, que es permitir el lucro en la educación. Para poder explicar este punto, bien vale detenerse en él.

Lucro es la ganancia del capital a partir de una actividad. Es extracción de plusvalor. En el actual sistema, las utilidades se retiran de dos formas, renta y ganancia. Como las fundaciones sin fines de lucro no pueden retirar utilidades, se utiliza la renta de terceros como mecanismo de facto (el caso de las Universidades es claro en esto). La otra alternativa, que hemos buscado regular en otros aspectos de esta ley, son los salarios que no devengan trabajo (sostenedores que reciben sueldo no asociado a una labor).

Al no arrendar el bien inmueble, es decir, que no se pague su uso, se prohíbe la forma más clara de lucrar, porque no se camufla de trabajo. El proyecto del gobierno inicialmente manifestaba la voluntad de terminar con la renta a partir de la educación, aunque los mecanismo concretos para lograrlo hayan podido ser discutibles. Desgraciadamente, para resolver el problema del mecanismo, con esta indicación el gobierno renuncia a su voluntad inicial, y eso es precisamente lo que no podemos permitir. Ayudemos al gobierno a rescatar el espíritu original de este proyecto en esta materia.

El principal argumento de quienes defienden que el arriendo no es lucro es que constituye un negocio distinto del educacional. De esta manera, el servicio inmobiliario prestado por el tercero se vuelve equivalente a otros servicios necesarios para funcionar (la luz, el agua, etc.).

El gobierno propone un sistema de arriendo que lo hace más barato que el precio de mercado. Puesto así, arrendar a un precio bajo el mercado sería, en la práctica, un aporte del tercero a la educación (del dueño del inmueble), puesto que estaría dejando de percibir un delta por arrendar ahí y no en otra cosa.

Ejemplo: “tengo un edificio y ayudo a la educación, me arriendan por menos plata, y dejo de percibir lo que recibiría si arrendara para un supermercado”.

Este argumento se extrema: se plantea que, en realidad, en todo lugar no solo pagamos la luz o el agua, sino que todos pagamos el “costo de oportunidad” cuando somos propietarios de un inmueble (léase, el costo de oportunidad de no estar arrendándolo).

  

Con este argumento, el arriendo regulado representa un “ahorro”.

Este argumento es falaz. Permítame explicarlo.

En todo servicio necesario para la educación, el capitalista que lo ofrece debe producir valor: en el agua, los libros, la comida que entrega la JUNAEB, etc. En ninguna de esas actividades el valor se origina en lo que pasa en las aulas, sino en otro lugar, previo a ese. Tras todas esas actividades hay trabajo, la renta y la ganancia que producen esas actividades provienen de sí mismas (la ganancia de la manipuladora de alimentos, del trabajador del agua y del control del proceso de trabajo;  la renta por el derecho de uso de la tierra por donde el agua pasa o de donde se saca).

Quien es dueño del inmueble de la escuela no hace nada, y recibe parte del valor generado en las aulas, en este caso (como la educación no se vende en el mercado) de los recursos que se entregan para tales actividades, en este caso, recursos públicos.

  

Esta es la razón de la triangulación en primer término: la renta del inmueble SURGE DE LOS RECURSOS DESTINADOS A EDUCACIÓN Y NO APORTA TRABAJO A ELLA. ¿Qué aporta? El derecho de ocupar el inmueble.

La renta proviene de la educación y no aporta trabajo. El Estado debe obligar a que el sostenedor sea propietario, comprarle al tercero, o expropiar. Hay mil formas, pero el punto es: el colegio no puede dar renta, porque esos son recursos que no van a calidad.

Esto es lucro de la educación, no importa si es un peso o todo el PIB. Como mecanismo debe desaparecer, de lo contrario, se legitima el lucro en educación y con recursos públicos. Todo peso que se invierte en educación debe ir a educación. El arriendo hace que esa condición no se satisfaga, y de la peor manera, porque es renta y no ganancia.

  

Tras 2011 el mercado en educación, como estaba, se deslegitimó. Deslegitimado que el mercado sea viable en educación en la misma forma jurídica que en todas partes (colegios como empresas, escuelas como propiedad privada), debe dar lugar a un derecho específico, que legitime su funcionamiento.

Las indicaciones retrotraen la discusión, abriendo el arriendo. La discusión se centra en el monto y no en el principio.

Entonces, ni se mejora el mercado, ni se acaba con él. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario: se negocia un “rentismo regulado con recursos públicos”. El arriendo se legitima, regulándose un poco su monto.

Yo no puedo avalar esto en principio. Independiente del monto. Independiente de si el tercero es relacionado o no. Independiente de si tiene o no fines de lucro.

Si se trata de una discusión sobre la iglesia, que se diga de frente y no se trate de engañar a la sociedad. Discutamos el tema de la iglesia. Pero no nos engañemos.

No cometan el mismo error de las manos levantadas del 2007, del cual ustedes mismos se han arrepentido. Se que ha habido presiones para que aprueben, y muy duras. Pero este tema es fundamental. Si aprueban esta indicación están dejando la puerta abierta al lucro, aunque sea regulado. Es el mismo mecanismo que utilizaron empresarios inescrupulosos para reventar a los estudiantes y trabajadores de la Universidad del Mar, la misma manera en que hoy se triangulan recursos que no se invierten en más calidad para nuestros estudiantes, el mismo concepto contra el cual nos levantamos y hemos marchado desde el 2006 en adelante.

24 horas con el Gobierno y las legítimas dudas del Movimiento estudiantil

Hay quienes critican al movimiento estudiantil por no sentarse con el gobierno sin poner condiciones. Los invito a, antes de juzgar a los estudiantes, leer esta breve cronología de las últimas 24 horas.

1-. Ayer el Ministro Eyzaguirre dijo: “se cumplirá el objetivo de la gratuidad universal, pero de manera eficiente (…) cuatro años de estudio me parece un objetivo sensato de financiar para un país de 20.000 dólares per cápita. Lo que exceda a ese lapso debiera ser financiado con cargo a la renta futura del estudiante u otra forma equivalente. Eso compatibiliza correctamente, me parece, gratuidad con esfuerzo personal..."

2-. Ayer en la noche, por su parte el Ministro Peñailillo señaló, en relación a lo afirmado por Eyzaguirre que: "“Lo que dice el ministro tiene que ver con una primera aproximación, en ningún caso esa es la decisión final. Esta es una propuesta”

3-. Hoy en la mañana, el Ministro Eyzaguirre se retracta y aclara: "Le estoy diciendo el sentido de lo que plantee. Son dos ideas distintas. Primero gratuidad en la educación. Segundo, una conversación respecto de cual debe ser la duración de la carreras universitarias. En la medida que se hayan mezclado los dos puntos, es desafortunado, porque son dos puntos completamente distintos"

4-. A medio día, el Ministro Elizalde, vuelve a fojas cero aseverando: "El derecho a la gratuidad universal será garantizado y resguardado en todos los niveles porque es uno de los pilares fundantes de la reforma educacional y del sistema educacional que Chile merece"

Y esto en menos de 24 horas.

Ante lo errático y contradictorio del Gobierno y del Ministerio me parece del todo razonable que el Movimiento Estudiantil pida aclaraciones antes de iniciar un proceso de diálogo. Más aún considerando que el mismo Ministro Eyzaguirre afirmó que la participación será "incidente pero no vinculante". ¿Qué significa esto?

Adelante estudiantes!

Intervención en Comisión de Educación

Estimad@s, comparto con ustedes el texto de la intervención que realicé el día de ayer en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ante el Ministro Nicolás Eyzaguirre y la Subsecretaria Valentina Quiroga.

Muy buenas tarde señor Ministro Eyzaguirre y Subsecretaria Quiroga,

Más que preguntas, al ser esta la primera vez que nos encontramos, creo relevante hablar de principios. Y eso, justamente, es lo que trataré de hacer en mi intervención.

Para la sociedad chilena el consenso es claro: la educación es un derecho y no puede seguir siendo un bien de mercado. Tengo la esperanza que esta lucha la vamos a ganar. Sabemos también que para eso hay que vencer la resistencia de los poderes fácticos y los que han lucrado con nuestros derechos. Tienen representantes en este congreso y en todas las instituciones. Por décadas las han controlado.

Hemos venido luchando contra estas resistencias durante años. Y de gobiernos pasados hemos escuchado lamentos y explicaciones de por qué los cambios democráticos no se han profundizado, al mismo tiempo que promovían más y más mercado.

Este gobierno tiene una oportunidad histórica: la derecha es hoy minoría en las cámaras. Y más importante aún: se ha conformado una mayoría social y cultural a favor de los cambios, una que ya no va a creer más en excusas ni manipulaciones.

Si el gobierno tiene de verdad la convicción de hacer de la educación un derecho, pueden esperar de nosotros un apoyo a los proyectos de ley correspondientes. Pero si una vez más los anhelos de tantas familias son olvidados, que lo sepan: vamos a levantar nuestra voz. Actuaremos con transparencia, pues el lugar que ocupamos acá no se lo debemos a la vieja política. Nuestra lealtad es con las fuerzas sociales y los ciudadanos que nos han puesto acá, y que han contribuido a hacer de Chile un país más democrático.

Durante años los gobiernos de la Concertación usaron la retórica de los “derechos sociales” para profundizar el mercado y el lucro con recursos de todos los chilenos. Dijeron “derechos”, pero en la realidad dieron bonos. Hablaron de educación pública, pero financiaron el lucro privado. Por eso hoy queremos ser claros. Nos parece que una reforma que avance en la dirección correcta en el plano educacional, tiene que hacerse cargo de algunos aspectos que no pueden ser manipulados.

Son seis los que nos parecen más relevantes:          

1.- La educación debe ser un derecho: un bien de todos

La educación es la acción mediante la cual la sociedad entrega a los jóvenes la cultura que ha elaborado, tanto sus saberes como sus valores. Es el espacio además donde el conocimiento se desarrolla y enriquece. Por su importancia, por lo difícil que es educar y aprender, por los años que toma, por la enorme complejidad de la tarea, esta función de la sociedad debe estar bajo la soberanía democrática de todos, con tal que podamos definir sus fines y orientaciones generales, y nos relacionamos con ella como ciudadanos, no como capacidades de pago. Esta es la verdadera libertad de enseñanza: el que todos decidamos democráticamente cómo es la educación chilena, no que paguemos la que podamos comprar. Por eso la educación debe ser un derecho social universal, el que debe estar garantizado constitucionalmente.

2.- La educación debe ser predominantemente pública

La expresión concreta de esta función social, es que el sistema educacional dependa de las instituciones democráticas. Por ello la educación deberá asentarse institucionalmente en un pilar público, llevando en un plazo razonable a que la educación pública atienda a la mayoría de los niños y jóvenes de Chile. Esto implica el fortalecimiento, expansión y financiamiento directo de las instituciones públicas, promoviendo que colaboren y se articulen, y terminado con el autofinanciamiento y la competencia.

También quiero dejarlo claro: lo estatal en sí no siempre es positivo; lo que aspiramos es a la democracia. Construir una nueva educación pública implica abrirla entonces al control ciudadano, y sacarla del dominio tecnocrático y burocrático. Hacer de estas instituciones responsables de sus actos, a ser más transparentes, tomarse en serio la enorme responsabilidad que ponemos en ellas.

Por cierto, esto no implica que toda la educación sea del Estado. La educación particular podrá ser colaboradora de esta función pública en virtud de pactos de largo de plazo entre el Estado y sus entidades, los que pueden incluir el traspaso de recursos. Para ello deberá aceptar ciertas reglas propias de la educación pública, como la gratuidad, no seleccionar, tampoco lucrar. Pero hay que ser claro: las instituciones particulares, incluso las que de verdad quieran aportar de este modo, no pueden reemplazar la función de la educación pública ni su necesaria condición mayoritaria, porque no son depositarias plenamente del interés general. Más recursos a instituciones particulares no es fortalecimiento de las instituciones que son de todos.

Lo brazos y manos de lo público no pueden ser un enjambre de medidas, estándares, mediciones, incentivos o correctivos que obliguen a un sistema mayoritariamente privado a actuar de tal o cual manera. Lo público no es “guiar al mercado”. Es actuar directamente con sus propias instituciones, a través de entidades de calidad, fuertes, democráticas.

3.- La educación debe ser gratuita para los ciudadanos

En tanto derecho social universal, la educación no puede tener un precio para los ciudadanos. No importa el ingreso económico que se tenga. Las personas deben vincularse con ella sin que medie el dinero. Por supuesto, deben contribuir solidariamente con sus costos a través de una nueva estructura impositiva progresiva general del país, donde quienes tienen más dinero aporten proporcionalmente más. Es importante además que la riqueza natural del país, principalmente el cobre, aporte a la creación de más conocimiento.

4.- La educación debe ser coherente y racional.

Tenemos que volver a preguntarnos para qué educamos. La educación no puede ser un proceso automatizante para, como usted mismo dijo ministro, terminar convirtiéndose en una fábrica de producción de salchichas, de mano de obra barata para el mercado.

Como decía, la educación debe organizarse democráticamente. Lo que implica, entre otras cosas, que debe satisfacer coherentemente los fines establecidos por todos. Hay que hacer coherentes los currículos, ponerlos a tono con el siglo XXI. Hacer que las instituciones colaboren; que la matrícula de distintas carreras tenga que ver con las necesidades reales del país y no con los intereses de mercado de tal o cual institución. La educación debe dejar de ser anárquica, sometida a las fuerzas del mercado, y empezar a tener sentido, a construir las condiciones mínimas para que pueda llevarse a cabo. A un carácter más racional y planificado se suma necesariamente mejorar la situación actual de los docentes y trabajadores de la educación.

5.- Con la educación no se puede lucrar

La educación es una tarea demasiado importante como para que los actores que la llevan adelante la utilicen de medio para la ganancia. Por eso, en toda la educación reconocida por el Estado, no puede haber fines de lucro. No se trata que lo hagan mejor o peor; aunque en Chile sabemos las mejores instituciones no lucran. El punto es que no puede haber ni un peso que surja del sueño y esfuerzo de una familia por educarse que vaya a parar a otra actividad que no sea educacional. Ya basta de lucrar con nuestros derechos.

En esto, no hay puntos medios. La educación, o es un derecho, o es un negocio. Yo, por supuesto, estoy por la primera opción.

6-. Tomar en cuenta a las regiones

Muchas veces, cuando se discuten políticas públicas en nuestro país, se asume de manera natural que lo nacional es lo que se discute en la capital. Quiero hacer un enérgico llamado para que en el debate educacional, las soluciones las sancionemos considerando la voz de las regiones. Tengo el honor de representar a Magallanes y tengo la certeza que desde mi región hay muchas voces que pueden ser un gran aporte en la construcción de una educación pública, igualitaria, gratuita y de calidad. Nunca más sin nosotros.

Muchas gracias.