Las movilizaciones sociales que emergieron en Chile en los últimos años cambiaron significativamente el eje de la política chilena. Si el primer aviso fueron las protestas contra el CAE de Lagos-Bitar-Eyzaguirre el 2005 y la revolución pingüina del 2006, las masivas y familiares marchas contra las AFP del 2016 demostraron que cuando el pueblo se organiza es posible mover el debate público y obligar a las autoridades a tomar posición respecto del contenido de las movilizaciones. Entre medio ha corrido mucha agua bajo el puente. Desde los subcontratados del cobre que se levantaron el 2007 por ser considerados por la ley trabajadores de segunda categoría, hasta las grandes movilizaciones estudiantiles del 2011 exigiendo educación pública, gratuita y de calidad, pasando por los múltiples levantamientos regionales con distintas temáticas pero todos con el elemento común de exigir mayor poder de decisión sobre sus recursos y destinos (Magallanes, Aysén, Calama, Chiloé, Petorca, Atacama), todas han sido expresiones de una organización social que durante la transición parecía olvidada y sepultada bajo los dictados del consumo y la gobernabilidad.
Estas movilizaciones abrieron un nuevo ciclo en la política chilena, de mayor protagonismo de actores sociales que durante mucho tiempo fueron vistos por el poder exclusivamente como grupos de presión sin injerencia política propiamente tal. Pero la fuerza de las movilizaciones develó también sus límites e insuficiencias. El carácter peticionista de muchas de las reivindicaciones (“¡exigimos!”) da cuenta que aún pervive una profunda separación entre sociedad y política, que si bien se acorta cuando la primera se organiza, no resuelve el problema de la crisis actual de la democracia representativa: la ajenidad con la que la mayoría del pueblo ve a las instituciones democráticas. Lo anterior es grave porque cuando la democracia no es valorada por quienes debieran ser sus soberanos, ésta se deslegitima y su misma existencia se ve amenazada.
En el escenario arriba descrito, en Chile nos encontramos ante una disyuntiva de tremenda importancia. O profundizamos la democracia dando espacio a nuevos actores políticos que impulsen transformaciones de redistribución y socialización del poder y la riqueza o aceptamos una restauración conservadora-tecnocrática. La solidez con la que se ha desplegado la candidatura de Sebastián Piñera nos obliga a tomarnos en serio esta posibilidad.
Y es que después del fracaso del gobierno de Michelle Bachelet de intentar hacer suyas parte de las demandas sociales que se habían desplegado en los años anteriores, desde la izquierda tenemos muchas lecciones que aprender. La primera y quizás la más importante es que no se puede pretender representar a la sociedad sin la sociedad. Las reformas en educación y laboral sin la participación en serio de estudiantes, profesores ni trabajadores son errores que desde el Frente Amplio no podemos cometer. Pero no caer en la lógica tecnocrática (pensar que un ingeniero con diploma en inglés sabe más que un profesor de aula, o un técnico que no toma micro entiende mejor el sistema que alguien que pasa 4 horas al día en ellas) no es suficiente. La profundización de una democracia actualmente restringida como la chilena en un contexto de crisis de representatividad (es cosa de ver la valoración que tiene el parlamento en cualquier sondeo de opinión) requiere tomarse en serio el cambio en la forma de hacer política por parte de las fuerzas emergentes que componen el Frente Amplio. (Para profundizar en este tema ver “Qué y a quien(es) representa el Frente Amplio”).
Lo que nos interesa recalcar son los signos que anticipan el carácter de la regresión conservadora que se advierte en la derecha y parte de la Nueva Mayoría. Si en los últimos años fueron los movimientos sociales los que marcaron la agenda sin aún tener representación política propia, en esta campaña presidencial pareciera que estamos en una vuelta de péndulo, en donde los poderes fácticos en connivencia con la prensa conservadora (El Mercurio, Copesa, sensacionalismo de programas de televisión) han vuelto a ser los principales agentes de articulación del debate en la esfera pública. Así por ejemplo la delincuencia, la idea abstracta de crecimiento, la eficiencia tecnocrática, el acceso a derechos como bienes de consumo sin importar el carácter de su provisión ni su contenido (la idea de “libertad de elegir”) y el estar en contra de “la calle” parecen ser parte de los ejes articulantes del discurso. No queremos decir que estos temas no tienen relevancia, sino notar quien está rayando la cancha. Ante esto, con una Nueva Mayoría ausente del debate (al menos durante el proceso de primarias) y en franco proceso de descomposición, es el Frente Amplio, con todos los déficits propios de una fuerza en constitución, la única alternativa para hacerle frente.
Tener un antagonista claro es fundamental en política, pero es esencial que la construcción de fuerza sea en positivo, con relato y propuestas propias, y no se reduzca a la mera negación de quien está al frente.
La responsabilidad es grande, tenemos que estar a la altura.
Gabriel Boric Font
Diputado por Magallanes y militante del Movimiento Autonomista
Constanza Schönhaut Soto
Secretaria General Movimiento Autonomista
les escribí esta respuesta https://labatatacultural.wordpress.com/2017/06/27/respuesta-a-profundizacion-democratica-o-restauracion-conservadora/
ResponderEliminarsaludos