Tenemos en la boca un sabor amargo, porque la puerta
que abrieron décadas de movilizaciones, de malestar de familias endeudadas, de
luchadoras y luchadores sociales para recuperar la educación como derecho
social, poco a poco se ha ido cerrando. El consenso social de la necesidad de
una reforma educacional estructural, que termine de una vez por todas con el
mercado en la educación, que nos costó a miles de chilenas y chilenos años
construir (incluso con un asesinado en el proceso como Manuel Gutierrez), en
solo un año y medio ha sido dilapidado por una torpeza política inaudita por
parte del gobierno.
Profesoras y profesores de todo Chile advirtieron al
Gobierno su disconformidad con el proyecto agobiante y descalificador con la
labor docente y de manifiesto carácter neoliberal que presentó el entonces
ministro Eyzaguirre. Y el Gobierno optó por pasarles por encima, desperdiciando
una contundente oportunidad de reconocer el valor de la labor docente en
contexto de una reforma sustantiva a la educación.
El proyecto políticamente es sordo al malestar de la
ciudadanía y al agobio de los profesores. Además adolece de severos problemas
técnicos. Insiste en el mito de que al profesor se mide por sus resultados.
Pero ello es imposible de medir en un estudiante, porque es un producto de una
sociedad mucho más rica en diversidad y complejidad. Entonces, el proyecto
persigue realizar una prueba de conocimiento, luego discute que debiera
incorporar un portafolio, luego se discute que el portafolio es insuficiente, que
hay que enriquecerlo. Y así eludimos discusiones centrales: el agobio laboral,
la cantidad de alumnos en sala, el salario condicionado por la evaluación. El
camino propuesto por el Gobierno, una ley cuestionable que luego hay que
“perfeccionar” o “desempeorar” en el camino legistlativo, ha jugado
concretamente en contra de discutir estos elementos que son centrales.
Nuestra responsabilidad es histórica, pues podemos
optar por dos caminos cada vez más excluyente. Tomamos el camino de volver
“menos malas” las reformas en donde se manifiesta que la voluntad política que
las sostiene es incapaz de cumplir sus propias promesas, o nos rearticulamos y
rearticulamos nuestra iniciativa para, desde el profundo malestar arraigado en
la ciudadanía frente a la mercantilización de nuestros derechos, construir
verdadera capacidad de incidencia política. A cada segundo que nos demoremos en
tomar esa decisión, la posibilidad de cambio se cierra.
Esta es una responsabilidad que, en nuestra opinión,
tenemos con todas esos trabajadores y trabajadoras de la educación que se han
movilizado. Los profesores han visto precarizada su situación de modo
sistemático las últimas décadas y el agobio que sufren es real. Ya en ese
sentido su movilización es legítima. Pero nunca renunciaron a poner en el
corazón de su discurso el derecho a la educación y la necesidad de pensarlo
desde lo público. No abandonaron la centralidad de terminar con el agobio.
Reafirmaron esa posición cada vez que hubo que salir, junto a otros actores de
la educación, a manifestarlo en las calles y cada vez que hubo que hacerlo
también en urnas, votando contra de las propuestas con que el Gobierno intentó
cerrar este tema, en las que incluso les ofertaban alzas de sueldo. Su
movilización nos parece admirable y llena de dignidad.
Por otro lado, lamentamos el ánimo represivo que
contra los profesores se levantó desde diversos municipios, pero también centros de
estudio, fundaciones, etc. que sistemáticamente sindicaron a los profesores
como responsables de la crisis de la educación, con un irresponsable ánimo de
quitarles tuición sobre su disciplina e incluso con la abierta amenaza de
quitarles su sueldo.
El Gobierno aún tiene oportunidad de hacer cambios que
dignifiquen la profesión docente y devuelvan capacidad de decidir sobre la
misma. Próximamente se rendirá la prueba SIMCE, conocida herramienta que
levanta señales de mercado para la competencia de colegios por subsidios y
restringe ostensiblemente la profesión. Seguir con la luz verde o ponerle Alto
al SIMCE, será otra señal que el Gobierno enviará a la sociedad en relación a
la propia voluntad política de construir una reforma que vuelva a potenciar lo
público para poder volver a entender la educación como un derecho.
