Intervención ley antisaqueos

El gobierno nos propone un proyecto que busca resolver, como decía el diputado Winter ayer, con herramientas mal utilizadas del Derecho Penal un problema que es social y político. Se pretende entre otras cosas enviar a la cárcel hasta por 540 días a quien participe de cortes de tránsito "El que, SIN ESTAR AUTORIZADO, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación. ¿Pero qué es la violencia para el gobierno en este caso? ¿Cómo van a distinguir por ejemplo en la marcha más grande de que se tenga recuerdo el día 25 de Octubre de 2019? ¿Fuimos violentos quienes SIN AUTORIZACIÓN ocupamos masivamente las calles del país para exigir una Constitución democrática y vida digna? ¿Son violentas las familias que cacerolean en la calle interrumpiendo el tránsito porque sus adultos mayores tienen pensiones de miseria, ganan un sueldo indigno por un trabajo extenuante, están en interminables listas de espera en la salud pública o no pueden pagar el costo de los medicamentos que necesitan? Pero dejemos de pensar solo en Santiago. Fueron violentos los magallánicos que ante el anuncio del alza del gas a a principios del 2011 se movilizaron y paralizaron masivamente la ciudad logrando revertir la centralista decisión del gobierno? ¿Lo fueron acaso los habitantes de Aysén que expresaron su rabia y frustración por el abandono del Estado y la violencia policial el verano del 2012 que cortaron el puente de la ciudad? ¿Los habitantes de Freirina que cortaron la carretera cansados de los abusos y nula respuesta de una empresa contaminante? ¿Los habitantes de zonas de sacrificio como Quinteros y Puchuncaví que han hecho barricadas de dolor al ver a sus niños y niñas enfermas por la contaminación?

La respuesta a esta pregunta seguramente variará según quien la de. Desde el Frente Amplio, rechazando claramente los saqueos y las agresiones, y principalmente las violaciones a los derechos humanos por agentes del Estado, decimos que no. Que los casos antes mencionados son ejemplos de la legítima protesta social que la historia nos ha enseñando que es la forma de organización que tiene un pueblo para construir colectivamente una vida digna.

Porque el problema hoy no está principalmente en las consecuencias de la protesta sino en sus causas. Y son esas causas las que nos debiéramos abocar con toda nuestra energía a resolver. ¿Pero que pasará si se aprueba esta ley? ¿Saben cual es el problema? Que la política chilena por una lado, y la policía chilena ha demostrado una pasmosa ineficacia en identificar y detener a quienes generan la violencia. La política porque cuando se coluden las farmacias, los pollos, el papel higénico, se financia irregularmente la política con raspados de olla o las empresas dictan leyes a parlamentarios no pasa nada. Y eso es violencia ¿Pero si alguien roba comida y después da la vida qué hacer? En Chile se le persigue hasta la última circunstancia. Es el caso de Bastián Arriagada que murió asfixiado en el incendio de la cárcel de San Miguel, por vender CD’s piratas. Y es un problema de la policía, a quien no estamos disponibles a entregarles más facultades en medio del grave cuestionamiento, nacional e internacional.

Dicen que esta ley es para perseguir a los violentos, pero todavía no sabemos con certeza quien quemó el metro, y la inteligencia del Estado pareciera reducirse a un informa charcha ordenado por un empresario millonario que después “contactó” a la empresa que lo hizo con la ANI. De aprobarse esta ley, con esta policía y estos niveles de inteligencia de Estado, podrían haber muchos más Jorges Matelunas, hoy preso por un delito que no cometió, a quien aprovecho a enviarle un mensaje de ánimo y fuerza, a él y su familia. Y no queremos más Jorges Matelunas en las cárceles. Porque la represión es indiscriminada y la policía ha dado muestras de no saber distinguir.

En vez de más leyes para reprimir el Estado debiera estar preocupado de como reparar las consencuencias de su represión indiscriminada. A las mujeres abusadas, a los ojos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay.

¿Quiere decir lo anterior que avalamos hechos de violencia como los saqueos? Debo decir fuerte y claro que NO, no lo hacemos. Pero estos delitos ya están sancionados en el Código Penal y pueden ser castigados como desórdenes, daños, lesiones, robo en lugar no habitado, etc. dependiendo del caso concreto. Lo que corresponde es abordar una profunda reforma a las policías, más que en este contexto entregarle nuevas facultades.
Y el mundo nos está mirando. Desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos nos envían una carta hoy en que a propósito de esta ley nos insta a “legislar teniendo una consideración el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado chileno en materia de derechos humanos para la plena vigencia de derechos humanos de todas las personas en el país y los estándares internacionales que regulan el derecho a la manifestación pacífica”.

Yo no estoy disponible para seguir profundizando el patrón de violencia estatal contra quienes exigen dignidad, yo no estoy disponible para seguir alejando la política de la ciudadanía. Sí estoy disponible para escuchar las demandas sociales y trabajar en este Congreso con toda la energía para buscar soluciones que logren un consenso social, esa es nuestra tarea.