La preocupación manifestada durante los últimos días respecto del aumento exponencial de los abogados refleja en realidad una inquietud por la calidad más que por la cantidad. No es un problema de número. Lo que se quiere saber es si estos jóvenes profesionales tienen los conocimientos y destrezas básicas para enfrentarse y resolver adecuadamente un asunto de relevancia jurídica. Esto es lo que ha generado preocupación y que afecta -aunque sea injusto- la credibilidad de todas las universidades y Facultades de Derecho, sin importar si son públicas o privadas, antiguas o nuevas.
¿Qué hacer, entonces? Se ha dicho que sea la Corte Suprema o los colegios de la orden los que verifiquen la calidad de los postulantes. También ronda la idea de distinguir entre abogados del foro y corporativos, exigiendo distintos requisitos para unos y otros. En fin, las opciones son muchas. Sin embargo, casi todas requieren una modificación legal, lo que hará engorrosa y lenta la solución, y generará suspicacias respecto de las presiones e intereses en juego. Por esto, parece un mejor camino involucrar a todos los actores de la enseñanza y práctica legal. En Chile existe un modelo muy exitoso en la materia y que no necesitó de la ley: el Examen Médico Nacional. Cabe recordar que dicha prueba es, además, voluntaria para las Escuelas de Medicina. Sin embargo, dado su prestigio, cada vez son más las que, libremente, se han incorporado.
Esta experiencia, que supone la formulación de un examen que mide conocimientos y competencias mínimas al final de la carrera, sirve de ejemplo acerca de la posibilidad de establecer, sin reforma legal, un instrumento preciso, rápido, confiable y menos costoso, que, al mismo tiempo, asegura la participación de toda la comunidad interesada y la libertad de enseñanza de las universidades. Una solución de este tipo puede ser mucho más eficaz para garantizar calidad y flexibilidad que una simple ley. De hecho, actualmente es ella la que regula cómo conferir el título de abogado, pero hay consenso de que ha sido superada por la realidad y que no asegura ni excelencia ni adaptabilidad.
En este sentido, en el ámbito del Derecho podría adoptarse un sistema semejante sobre la base de un examen nacional que mida lo fundamental, lo que ningún abogado puede ignorar. Sobre este cimiento mínimo, cada Facultad podrá desarrollar su propio proyecto, según cual fuere el perfil profesional al que se aspire. Habrá algunas que pongan el énfasis en lo público, otras en lo privado, la de más allá en lo internacional y la de acá en lo ético. En consecuencia, a partir de un núcleo común, nacerán numerosas y diferentes iniciativas que reflejarán los diversos intereses y necesidades, frente a las cuales la sociedad tendrá la información y certeza sobre el nivel de calidad de cada una de ellas. A su vez, las mismas universidades obtendrán de este examen valiosa información sobre la enseñanza y los enfoques que están entregando. Ello contribuirá a su propia evaluación, les permitirá introducir cambios y medirlos, así como fijar planes futuros con metas precisas y objetivos claros. Esto debiera contribuir, como es obvio, a tomar la enseñanza legal muy en serio y a su continuo mejoramiento.
Creyendo en el camino universitario abierto en Chile por las Facultades de Medicina, los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile estiman necesario contribuir a garantizar a la sociedad chilena un adecuado nivel de calidad de los estudios jurídicos, constituyéndose desde ya en una Comisión de Decanos para implementar un Sistema de Examinación que sirva a los altos intereses del país, comprometiéndose a invitar a ella a los decanos que participen de igual espíritu de solidaridad.
Arturo Yrarrázaval Covarrubias
Decano Facultad de Derecho
P. Universidad Católica de Chile
Roberto Nahum Anuch
Decano Facultad de Derecho
Universidad de Chile
