Estimados, comparto con ustedes mi intervención en la discusión sobre el proyecto que busca suprimir el límite máximo para regularizar las ampliaciones en viviendas sociales, en donde, a tono con mi intervención en el debate del "Bono Marzo", trato de dar una mirada al problema de fondo sobre el carácter del Estado, además de una visión regional del conflicto.
Muchas gracias señor Presidente,
Tal como Alejandra Sepúlveda extraña a la Ministra de Vivienda en
este debate, yo no puedo sino echar de menos a casi la mitad de los diputados
que mientras damos esta discusión, no se encuentran en la sala, y también a
algunos que si bien están presentes en cuerpo, no lo están en espíritu.
Desconozco si peco de pajarito nuevo y esto es normal, pero me parece una falta
de respeto que no seamos capaces siquiera de escucharnos a nosotros mismo.
Entrando al asunto en comento, manifiesto mi
acuerdo en que el proyecto vuelva a la comisión, y dicho esto, me gustaría
abordarlo desde dos perspectivas, en primer lugar desde una visión regional, y
en segundo lugar, desde un debate de fondo, tal como lo ha planteado en su
intervención Camila Vallejo.
Las autoridades del Ministerio de Vivienda de la
administración anterior, fueron reacios a flexibilizar las normas sobre regularización de
viviendas, debido al peligro que conlleva autorizar construcciones que no han
cumplido con las disposiciones existentes sobre la materia. Ello si bien puede
sonar razonable en la práctica, desconoce la realidad concreta, y no se hace
cargo de un problema extendido a lo largo y ancho del territorio.
En concreto, en la región que represento
(Magallanes y Antártica chilena), la imposibilidad de regularizar ampliaciones ha
derivado en la imposibilidad de postular a diversos subsidios, como el de
Acondicionamiento Térmico, que exigen que las viviendas tengan recepción municipal
definitiva. A esta situación, es preciso agregar que los 25 metros cuadrados
establecidos como límite en la ley N° 20.671 para acogerse a
sus normas son insuficientes en varios casos.
Todo lo anterior se suma a que en el caso de
Magallanes, aproximadamente el 40% de las viviendas son producto de la
autoconstrucción, las que han ido creciendo progresivamente, desde una pieza en
una toma, hasta casas de más de 100% metros cuadrados.
En concreto, lo aquí expuesto implica que en
el frío invierno magallánico, tenemos muchas familias que no pueden contar con
un hogar debidamente aislado, debido a obstáculos burocráticos impuestos con un
criterio centralista, con el consiguiente aumento en el gasto de energía, tan
escasa en nuestra región.
Sobre el debate de fondo, en materia de vivienda,
como en muchas materias que nos tocará abordar en este Parlamento (educación, salud,
pensiones, ficha de protección social, etc...), subyace una discusión mucho más
profunda que también debiéramos ser capaces de tratar en este espacio. El carácter
mismo del Estado. Y es aquí donde se
centra la disputa central de este nuevo ciclo político que se abre, la mantención
de un Estado subsidiario, o la transición hacia un Estado que garantice
derechos sociales universales sin discriminación alguna. Quienes ayer nos
movilizamos por esta segunda concepción, lo seguiremos haciendo, y hoy espero
dar esa batalla también desde el Parlamento.
En concreto, en materia de vivienda, se entrega la
solución habitacional a los privados, mientras el Estado se abstiene de actuar
para que así el mercado haga lo suyo. Historia conocida.
El derecho a una vivienda adecuada se halla
reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC). El artículo 11 de este pacto establece: “el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia,
incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada
de las condiciones de existencia”. En nuestro país, en cambio, no se encuentra
consagrado el derecho a la vivienda. Lo que se traduce, entre otras cosas, en
que el acceso una vivienda digna se ha determinado por la capacidad económica
de la persona y las políticas públicas del gobierno de turno.
Así creemos que es fundamental avanzar, además de
la especificidad de este proyecto, en una reforma constitucional en ese
sentido, así, por ej. Boletín número 8701-07que establece el derecho a acceder
a una vivienda digna (el cual lamentablemente no cuenta con urgencia). Este
proyecto, basado en experiencias de derecho comparado, pretende elevar a rango
constitucional el derecho a la vivienda. Esto implica que el Estado tendría un rol más activo en
asegurar que todas las chilenas y chilenos cuenten con una vivienda digna, promovida
por políticas públicas. Otro proyecto que desde mi perspectiva debería tener
urgencia es el que “Establece reserva de suelo urbano para viviendas sociales”
(Boletín número 8962-14).
Hay que entender la vivienda y la ciudad como un
derecho, lo que implicar cuestionar la lógica del Estado subsidiario y junto
con ello, fomentar un proceso de empoderamiento de los gobiernos locales para
que puedan ser parte del proceso de construir ciudad.
Muchas gracias
