martes, 1 de abril de 2014

Intervención Informe Comisión Investigadora del lucro

            
Estimad@s, comparto con ustedes mi intervención del día de hoy en el debate sobre el informe de la Comisión Investigadora del lucro en la Educación Superior. Un abrazo!







Recuerdo que el 19 de Julio del 2012, en conjunto con varios dirigentes estudiantiles (en esa época era presidente de la FECh), llegamos al Congreso para presenciar la votación del 1er informe de la Comisión investigadora del lucro en la educación superior, presidida y empujada por la diputada Alejandra Sepúlveda. El día antes, había leído el "Balance Patriótico de Vicente Huidobro", y una vez terminada la votación que consagró un vergonzoso rechazo al informe, vinieron a mi mente sus palabras interpelando al regimen parlamentario de la época. Dije entonces a los medios de comunicación parafraseando al poeta, "el Congreso, o parte de él con decisiones como ésta, parece, más que el lugar donde se expresa la voluntad soberana de la sociedad, un circo de payasos tristes, que si no diera pena daría risa". Espero, este Congreso aprueba este informe de forma unánime, para reparar en parte, la ignominia en la que quedara sumido después de aquella jornada.

En consideración a sus objetivos, la comisión investigadora da cuenta del estado de la Educación Superior en Chile, siendo en tal sentido, una contribución en la línea de develar el modelo educacional centrado en el mercado y por tanto, de un sistema opuesto al de la educación como derecho social, que es inherente al Estado Subsidiario. Ejemplificador es cuando el informe señala que el sistema está en crisis y que dicha crisis es responsabilidad del Estado, siendo su máxima expresión, pero sólo la punta del iceberg,, el caso de la Universidad del Mar.

Sin embargo, un número significativo de medidas concretas que propone en sus conclusiones se posicionan más bien como reguladoras del sistema que transformadoras del mismo (entendible si es que su labor no era la de proponer un nuevo sistema de educación, sin embargo no muy coherente con el reconocimiento de las nefastas consecuencias del sistema actual, como es el caso de la Universidad del Mar), entre tales medidas podemos apreciar: fortalecimiento de la fiscalización, robustecimiento de la acreditación, etc.

De ahí que es preciso entender, a diferencia de como se hizo durante la larga transición chilena, que “lo técnico ha de ser un vehículo de concreción de los principios que la sociedad defina, y no al revés. Por lo mismo, el saber experto -fundamental en cualquier actividad social- debe ponerse a disposición de los consensos políticos emanados de la sociedad, sin suplantarlos.”

Señales claras para una reforma transformadora en educación son aquellas tendientes a sacar al mercado de la educación (desmercantilización) y no sólo su regulación. Luego, toda iniciativa que potencien el control del Estado sobre los privados es positiva, siempre y cuando el marco de actuación sea el de la Educación pública como pilar y como derecho social universal, teniendo que ser suprimidas todas aquellas aristas que lo afecten, por ejemplo: las barreras de acceso, fallas regulatorias que atenten contra la calidad, limitaciones a la democracia, etc.

El informe deja en claro que existen responsabilidades por parte del Estado (y de los sucesivos gobiernos) ya que éste - a través de su Ministerio de Educación- sí cuenta con las facultades e información para fiscalizar y sancionar a las universidades privadas. Queda en evidencia que  el régimen de control que la Contraloría General de la República establece para las universidades del Estado también debería ser aplicable -al menos - a aquellas instituciones que reciban recursos del Estado y que hoy se materializa a través del Crédito con Aval del Estado (CAE), el Mecesup, entre otros.

No deja de ser rescatable el reconocimiento que hace (por primera vez, dada la votación desfavorable del primer informe) un poder del Estado a la existencia de lucro y la responsabilidad que ha tenido el Estado en la formación del mercado en la ESUP. En ése sentido que no se apruebe el informe en sala sería una nueva señal de dar la espalda al movimiento estudiantil y a la ciudadanía que ha venido denunciando dicha realidad hace varios años.


Sobre el cierre de la Universidad del Mar, en las conclusiones del informe hay poca preocupación por referirse a la situación de los trabajadores de la Universidad del Mar, aún cuando consagra las numerosas inquietudes de ellos por su futuro laboral y el pago de lo que se les debe. No hay una mención expresa sobre los estudiantes y lo complejo que ha sido el proceso de reubicación, en las conclusiones. Si bien hay propuestas que aseguren que esto no vuelva a ocurrir, se deja de lado la regulación de qué hacer con estudiantes y trabajadores.
Queda de manifiesto que no existen procedimientos estatales para hacerse cargo de las Universidades que son cerradas. Es sumamente importante para que empiece a revertirse la tendencia de privatización y comenzar a utilizar las fallas del sistema privado para potenciar el control estatal del sistema.

Para terminar, hoy los ojos de la sociedad chilena están puestas sobre nosotros y este debate. Y esto porque la educación, es la herida por donde sangra la desigualdad chilena. Y aquí, no hay puntos medios. La educación, o es derecho o es negocio. Nosotros, seguiremos luchando, en la calle y en el parlamento, hasta que la educación sea consagrada en nuestro país, como un derecho  social universal garantizado por el Estado sin discriminaciones de ninguna especie.

Muchas gracias.