jueves, 1 de octubre de 2015

Nueva intervención Carrera Docente

Tenemos en la boca un sabor amargo, porque la puerta que abrieron décadas de movilizaciones, de malestar de familias endeudadas, de luchadoras y luchadores sociales para recuperar la educación como derecho social, poco a poco se ha ido cerrando. El consenso social de la necesidad de una reforma educacional estructural, que termine de una vez por todas con el mercado en la educación, que nos costó a miles de chilenas y chilenos años construir (incluso con un asesinado en el proceso como Manuel Gutierrez), en solo un año y medio ha sido dilapidado por una torpeza política inaudita por parte del gobierno.

Profesoras y profesores de todo Chile advirtieron al Gobierno su disconformidad con el proyecto agobiante y descalificador con la labor docente y de manifiesto carácter neoliberal que presentó el entonces ministro Eyzaguirre. Y el Gobierno optó por pasarles por encima, desperdiciando una contundente oportunidad de reconocer el valor de la labor docente en contexto de una reforma sustantiva a la educación.

El proyecto políticamente es sordo al malestar de la ciudadanía y al agobio de los profesores. Además adolece de severos problemas técnicos. Insiste en el mito de que al profesor se mide por sus resultados. Pero ello es imposible de medir en un estudiante, porque es un producto de una sociedad mucho más rica en diversidad y complejidad. Entonces, el proyecto persigue realizar una prueba de conocimiento, luego discute que debiera incorporar un portafolio, luego se discute que el portafolio es insuficiente, que hay que enriquecerlo. Y así eludimos discusiones centrales: el agobio laboral, la cantidad de alumnos en sala, el salario condicionado por la evaluación. El camino propuesto por el Gobierno, una ley cuestionable que luego hay que “perfeccionar” o “desempeorar” en el camino legistlativo, ha jugado concretamente en contra de discutir estos elementos que son centrales.

Nuestra responsabilidad es histórica, pues podemos optar por dos caminos cada vez más excluyente. Tomamos el camino de volver “menos malas” las reformas en donde se manifiesta que la voluntad política que las sostiene es incapaz de cumplir sus propias promesas, o nos rearticulamos y rearticulamos nuestra iniciativa para, desde el profundo malestar arraigado en la ciudadanía frente a la mercantilización de nuestros derechos, construir verdadera capacidad de incidencia política. A cada segundo que nos demoremos en tomar esa decisión, la posibilidad de cambio se cierra.

Esta es una responsabilidad que, en nuestra opinión, tenemos con todas esos trabajadores y trabajadoras de la educación que se han movilizado. Los profesores han visto precarizada su situación de modo sistemático las últimas décadas y el agobio que sufren es real. Ya en ese sentido su movilización es legítima. Pero nunca renunciaron a poner en el corazón de su discurso el derecho a la educación y la necesidad de pensarlo desde lo público. No abandonaron la centralidad de terminar con el agobio. Reafirmaron esa posición cada vez que hubo que salir, junto a otros actores de la educación, a manifestarlo en las calles y cada vez que hubo que hacerlo también en urnas, votando contra de las propuestas con que el Gobierno intentó cerrar este tema, en las que incluso les ofertaban alzas de sueldo. Su movilización nos parece admirable y llena de dignidad.

Por otro lado, lamentamos el ánimo represivo que contra los profesores se levantó desde diversos municipios, pero también centros de estudio, fundaciones, etc. que sistemáticamente sindicaron a los profesores como responsables de la crisis de la educación, con un irresponsable ánimo de quitarles tuición sobre su disciplina e incluso con la abierta amenaza de quitarles su sueldo.

El Gobierno aún tiene oportunidad de hacer cambios que dignifiquen la profesión docente y devuelvan capacidad de decidir sobre la misma. Próximamente se rendirá la prueba SIMCE, conocida herramienta que levanta señales de mercado para la competencia de colegios por subsidios y restringe ostensiblemente la profesión. Seguir con la luz verde o ponerle Alto al SIMCE, será otra señal que el Gobierno enviará a la sociedad en relación a la propia voluntad política de construir una reforma que vuelva a potenciar lo público para poder volver a entender la educación como un derecho.


1 comentario:

Francisca Obispo dijo...
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