Declaración Pública
Frente a la decisión del Tribunal Constitucional de aprobar el requerimiento de inconstitucionalidad referente a la distribución en los Servicios de Salud Pública de la píldora del día después y de todos los anticonceptivos que contengan levonorgestrel, lo siguiente:
1. En materia de Salud Pública, los impactos que puede llegar a tener esta medida son a lo menos nefastos. En promedio se estima que se producirían más de 280.000 abortos anuales, de los cuales se prevee que un 20%, tendrían algún tipo de complicación, con un aumento del 50% de hospitalizaciones, lo que produciría además de un enorme impacto humano, un total colapso del sistema de salud chileno. Se estima, además, que el número de muertes de mujeres por aborto aumentaría hasta 5 veces.[1]
Esta medida puede afectar a casi tres millones y medio de mujeres, es decir, a un tercio de todas las mujeres en edad fértil, pues, del 100% de las mujeres de estratos populares que se atiende en el sistema público de salud y utilizan métodos anticonceptivos, aproximadamente el 50% utiliza dispositivos intrauterinos, y del otro 50% prácticamente todas usan píldoras que contienen levonorgestrel (pues son las que se entregan en el sector público por su bajo costo)[2].
El impacto en la población adolescente será aun más dramático. Pues vendrá a sumarse a la ausencia de educación sexual en los colegios, y al difícil acceso a métodos anticonceptivos seguros y accesibles a bajo costo. Nos parece de una incongruencia absoluta que en un país donde la responsabilidad penal es posible desde los 14 años, se considere que los y las jóvenes de esa edad (aptos para responder ante la ley), no lo sean para decidir sobre su sexualidad y su reproducción.
2- Desde la perspectiva de las libertades civiles, la decisión implica una grave violación al derecho de autodeterminación sobre nuestra sexualidad y reproducción. Mujeres y hombres tenemos derecho a decidir acerca de nuestra vida sexual y sobre nuestra planificación familiar de manera libre y voluntaria.
La controversia descrita escapa a esta situación puntual, y nos obliga a cuestionar qué tan democráticamente se están tomando las decisiones, quién las esta tomando, qué legitimidad tienen para hacerlo, cuánta garantía de participación ciudadana ostentan nuestras instituciones. La verdad es que las respuestas son desoladoras: hoy se disfraza de decisiones técnico-jurídicas, lo que en realidad son decisiones políticas, en esencia de carácter moral y que nos hablan de concepciones de mundo. De este modo, unos pocos nos imponen su visión particular de sexualidad, de autodeterminación, de sociedad, de país.
Como jóvenes a favor de la vida y de la familia como pilar de la sociedad, expresamos nuestro completo rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional, porque creemos que ésta significaría un aumento de las desigualdades sociales, situación que no puede ser amparada por el Derecho. Queremos evitar el aumento de los abortos clandestinos y sus consecuencias para esas mujeres, queremos permitir una libre y feliz vida sexual para todos.
La democracia no se recuperó para vivir en este Chile que nos están armando. Creemos en la posibilidad cierta de que exista en nuestro país una democracia madura; es deber y derecho de todos no permitir la imposición de una moral particular, no permitir que se avance hacia la construcción de una sociedad que sólo permita una concepción de mundo.
Llamamos a mujeres, a hombres, a las parejas y a las familias a que manifestemos nuestro rechazo a la decisión del tribunal, a exigir el respeto de nuestro derecho a decidir.
Estudiantes Autónomos
4 de Abril, 2008.
[1] Estudio presentado por los doctores Giorgio Solimano, director de
[2] Ibid.
1 comentario:
buenas guachito... te ves estranio en la foto aquella...
nos leemos por ahi
saludos, che.
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