Propuesta de Declaración Pública por política del Gobierno en Educación Superior

Durante los últimos meses, mucho se ha especulado respecto de cuál será la política oficial del Gobierno en materia de Educación Superior. Y si bien éste aún no ha presentado de forma explícita una propuesta sobre el asunto, no se puede desconocer que se han ido acumulando señales que generan preocupación respecto del destino de la Educación Universitaria Pública en el país. Entre otras, cabe mencionar tres:

1. Las declaraciones a la prensa el pasado mes de Junio hechas por el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, quien manifestó que el Gobierno impulsaría una nueva institucionalidad de la Educación Superior que agrupe a todas las Universidades sin distinción de su carácter estatal o privado en un solo organismo, y un nuevo sistema de financiamiento que elimine los aportes basales a las Universidades del CRUCh, lo que provocó que el Rector de nuestra Universidad representara al Presidente de la República su preocupación.
2. La convocatoria a un encuentro de los sesenta rectores de todas las universidades chilenas, sin hacerse distinción alguna entre públicas y privadas y si estas últimas son o no del Consejo de Rectores. En esa oportunidad se anuncia un Fondo de Mejoramiento institucional de seis mil millones al que pueden acceder a través de convenios de desempeño todas las universidades acreditadas, desconociendo que estos habían sido establecidos como un instrumento de financiamiento para las universidades estatales del CRUCH.
3. El nombramiento de los señores Harald Beyer y Álvaro Saieh como representantes del Gobierno en el Consejo Universitario. Aunque esta es una atribución privativa del Presidente de la República, y sin desmerecer sus méritos, llama la atención que ambos representantes han planteado públicamente opciones privatizadoras en el ámbito de la educación.

El Senado Universitario, órgano representativo de la comunidad de la Universidad de Chile, considera que estas señales pueden ser percibidas como una amenaza para la Educación Superior Estatal, puesto que parecieran optar decididamente por un sistema Universitario en que todas las instituciones son iguales. Tal política desconoce las diferencias misionales de las instituciones estatales respecto del resto, ya que, al instalar una competencia por el financiamiento guiada por criterios de mercado, se termina por ahogar el rol del servicio público tradicional del que tanto se ha beneficiado nuestra nación. En definitiva, se apuesta por reemplazar la función docente del Estado, mediante una privatización en la práctica del sistema Universitario chileno.

Y por cierto, resulta preocupante también el constatar que toda esta batería de cambios pretenden ser instalados por la vía de los hechos, sin mediar discusión alguna con los actores involucrados. No está demás recordar que el desastroso estado de la educación en sus niveles básico y medio es justamente resultado de la implantación de políticas educacionales que, sin participación ni debate, se impusieron a nuestra sociedad durante la dictadura, por lo que esperamos que en esta oportunidad, cualquier tipo de reforma sea producto de una deliberación pública, en donde de manera transparente, seria y responsable, todos quienes hoy son parte del proceso de Educación Superior puedan hacer sus aportes.

Para finalizar, hacemos un llamado al gobierno a no implementar, en esta materia tan relevante para el desarrollo del país, políticas de facto, y a los miembros de la comunidad universitaria chilena los invitamos a hacerse parte de este debate que sentará las bases para el desarrollo futuro de nuestra nación.