La reconciliación como legitimación del nuevo orden

A principios de año me pidieron desde el Instituto de Estudios de la Sociedad, que escribiera una reflexión sobre la reconciliación en Chile para el libro "La Voces de la Reconciliación" que acaba de ser lanzado esta semana. En el libro, editado por Ricardo Núñez (ex senador PS) y Hernán Larraín (Senador UDI), escriben diferentes personajes de la historia reciente de Chile. La mayoría de ellos jugó un rol protagónico en la larga transición a la democracia (Aylwin, Lagos, Frei, Piñera, Escalona, Sergio Romero, Zalaquett, Otonne), otros contribuyen con una mirada académica (Atria, Fries, Soto, Goic) y también, entre las que me cuento, están las nuevas voces (Colodoro, Ortúzar, Mansuy, Navarrete). Son solo algunos de los 37 artículos que compila este libro que nos invita a repensar el proceso de reconciliación en Chile, sus luces, sus callejones, sus pendientes.

Me pareció un ejercicio tremendamente estimulante e interesante, por lo que aquí, comparto mi reflexión con ustedes.

Bienvenidos sean todos los comentarios que nos ayuden a seguir dialogando sobre nuestra historia... presente y futura.

La reconciliación como legitimación del nuevo orden

Gabriel Boric[1]

 Lo primero que sorprende a la hora de abordar el concepto de reconciliación en Chile es que la inmensa mayoría de la literatura existente al respecto limita su análisis a las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura cívico militar en nuestro país entre 1973 y 1990. Y no es solo la literatura. También las políticas públicas estatales dirigidas a alcanzar la reconciliación se han centrado en este aspecto como si fuera el único a abordar para que una eventual reconciliación nacional fuera posible.

Se ha olvidado así, como señalan Loveman y Lira, que “los mayores obstáculos a la reconciliación política derivan de la persistencia de los problemas que originaron el conflicto”.[2] Bien cabe preguntarse entonces, a la hora de reflexionar sobre si Chile es o no un país reconciliado, sobre esos problemas originarios que, al no ser resueltos, terminaron en el terror.

Hace muchos años, en el prólogo de su libro de 1962, Chile, un caso de desarrollo frustrado, Aníbal Pinto Santa Cruz advertía, desde una óptica académica, los peligros que entrañaba la expansión de la economía nacional sin una subsecuente distribución de los mayores ingresos por ésta producida. Anotaba el autor que “el desequilibrio tendrá que romperse o con una ampliación substancial de la capacidad productiva y un progreso en la distribución del producto social o por un ataque franco contra las condiciones de vida democrática que, en esencia, son incompatibles con una economía estagnada”.[3]

Me detengo en este punto porque mi impresión es que, en las reflexiones que los actores de aquella época han hecho del período, se evita ligar las causas que llevaron al golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973 con lo que vino después. Es decir, unas serían las causas de la derrota del proyecto popular encabezado por Salvador Allende, y otras serían las causas de la violencia de Estado desatada en Chile a partir de su caída.

La tesis que quiero defender en este artículo es que no hay reconciliación posible si es que no se abordan las causas que explican la asunción y caída del gobierno de la Unidad Popular y, por lo tanto, un proceso de reconciliación debe ser más abarcador que limitarse estrictamente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado chileno entre 1973 y 1990. En este sentido, me interesa plantear lo que viene de modo que sirva también para un análisis crítico de nuestro presente, y no solo como un alegato nostálgico sobre lo que se hizo y no se pudo (o quiso) hacer durante el largo proceso de transición chileno hacia la democracia.

Los no reconciliados

 Durante los últimos 23 años en Chile se ha hablado mucho de reconciliación. Y muchas veces se ha hecho de manera impetuosa, como si ésta fuera una suerte de deber moral al que hay que llegar, sin importar mucho los costos ni reflexionar mucho el por qué. Lo que desde mi punto de vista se esconde detrás de este imperativo es una necesidad de las elites de legitimar el nuevo orden construido después de 17 años de dictadura, en donde son los vencedores quienes imponen los términos de la nueva “pax”. Por cierto, quienes deciden no formar parte de este proceso son inmediatamente calificados como “resentidos”, se vuelven outsiders y son marginados de la política que se despliega sobre los nuevos consensos y acuerdos.

La enorme tarea de la reconciliación traía intrínsecamente consigo la necesidad de aceptar el nuevo Chile que emergía desde las fauces de la dictadura. Ya lo explicaba uno de los ideólogos de la Concertación en sus primeros tiempos, Edgardo Boeninger, cuando, respecto a la necesidad de legitimar el nuevo modelo, señalaba: “desde el punto de vista del imperativo económico se trataba de dar legitimidad política y social a un modelo de crecimiento que acarreaba con el pecado original de haber sido implantado por la repudiada dictadura. El sentimiento popular era que todo lo obrado por Pinochet era malo, de modo que el mandato recibido del electorado era fundamentalmente uno de cambio. La adhesión y confianza popular en su gobierno democrático dio sustentación a esta difícil tarea; la componente de equidad fue el elemento diferenciador crucial que permitió realizar con éxito la “operación legitimadora” de la economía de mercado con preponderancia del sector privado”.[4]

De esta manera, se fue consolidando en Chile la obra gruesa de lo que había sido la principal transformación llevada adelante por la dictadura: la creación de un Estado subsidiario, que solo podía ser el guardián del libre juego de los agentes en el mercado. El guión de esta obra magna, que fue escrito en las oficinas del ODEPLAN de Miguel Kast, trajo consigo además la negación de derechos sociales universales, en pos de una política de focalización del gasto público con excusa de la eficiencia.

En este contexto, la reconciliación fue utilizada como una suerte de moneda de cambio. Para reconciliarse hacía falta estar de acuerdo también con el modelo político, económico y social heredado de la dictadura y que hoy administraba la Concertación. Los tiempos exigían, desde la óptica de quienes habitaban la Moneda, una unidad compacta que asegurara a toda costa la gobernabilidad. Es así como en este proceso, quienes no aceptaran el paquete completo, quedaban relegados a la más absoluta marginalidad política. Este fue el caso de todos los sectores de izquierda que decidieron no formar parte de este nuevo pacto.

Se va formando así un “consenso excluyente”, que tenía en el desarme del tejido social uno de sus pilares fundamentales. Como argumenta Carlos Ruiz Encina, “mantener la desarticulación social heredada de la dictadura –producto de la represión, así como de los cambios estructurales– es el secreto de la celebrada “gobernabilidad democrática”. Esa se constituye en la base del orden en la nueva democracia, empero al mismo tiempo, del desprestigio de la política”.[5]

Paralelo al proceso de desarticulación social (pérdida de poder de los sindicatos, cierre de medios independientes por falta de financiamiento, criminalización de la protesta social como legítima expresión política, marginación de aquellos grupos ajenos al pacto de gobernabilidad, etc…), se va instalando en Chile la idea de que para reconciliarnos como país, bastaba con reconocer primero y eventualmente castigar después, los excesos en los que había caído la dictadura en materia de derechos humanos. Así, la dictadura había sido “mala” porque había torturado, desaparecido, exiliado y exonerado a miles de compatriotas, pero no porque haya llevado adelante un profundo proceso de expropiación de derechos sociales para entregarlos a los vaivenes de un mercado desregulado en el cual el Estado solo podía jugar el rol de un árbitro de ojos vendados.

En definitiva, lo que se esconde detrás del consenso de la transición es que la reconciliación pretendió reducirse solo a un debate sobre las violaciones a los derechos humanos. Pero lo cierto es que violar los derechos humanos fue una política de Estado (categóricamente inaceptable) que se utilizó en un proceso de transformación más profundo, que consistió en excluir de la participación de la riqueza a las grandes mayorías de nuestro país. Así, se pretende reconciliar sólo abordando los excesos y crímenes del poder, pero dejando intacta su esencia.

Por cierto, todo lo anterior vino aparejado de una democratización formal de la vida en sociedad. Se fueron recuperando poco a poco los derechos políticos que habían sido negados durante 17 años. Libertad de expresión, de prensa, de asociación y de reunión, votaciones regulares y una serie de reformas a la Constitución de 1980, fueron por una parte conquistas reales de derechos largamente reprimidos, y por otra, maquillaje para encubrir la esencia de una democracia protegida y antipopular que desconfiaba de sus mismos ciudadanos.

Así, fuimos construyendo sin darnos cuentas un Chile disociado. Un país que crece pero que cada día está más dividido, un país en donde disminuye la pobreza pero aumenta la desigualdad. Un país donde, en definitiva, parafraseando la famosa frase de Orwell, unos parecieran ser más iguales que otros.

Con lo anterior no pretendo en absoluto negar ni desmerecer los esfuerzos que se han hecho en materia de derechos humanos, los que si bien han sido insuficientes a la hora de identificar responsables y aliviar el dolor de los afectados, han generado un consenso transversal en que las atrocidades vividas en Chile durante los 17 años de dictadura en esta materia no pueden volver a repetirse (el “nunca más”). Lo que sostengo es que, para que sea posible una reconciliación sustantiva del pueblo chileno, se requiere mucho más de lo que se ha hecho, y mucho más de lo que se ha intentado hacer. Para que exista una reconciliación integral (o conciliación, si se estima que ésta nunca ha existido realmente), es necesario que todos nos comprendamos como iguales, como sujetos que tienen los mismos derechos sin importar el apellido, ni el domicilio. Y hoy, seguimos muy lejos de ese ideal.

Lo que demuestra realmente la desigualdad en nuestro país es una tremenda brecha en la distribución del poder en Chile. Ese mismo poder que fue usurpado el 11 de septiembre de 1973 de la soberanía popular (con todos los defectos que tenía la democracia en ese entonces –no pretendo idealizarla–) y que fue traspasado a las elites, con exclusión del pueblo, el 11 de Marzo de 1990.

Para todo lo anterior, y enmarcado en el contexto de la discusión sobre la reconciliación, es necesario comprender el carácter político del problema, y no reducirlo a un conflicto privado entre víctima y victimario. Como dice Fernando Atria “la existencia de poder, la existencia de lo político, entonces, es condición para llevar una vida propiamente humana. La reconciliación supone re-descubrir el valor de lo político. Esto es particularmente importante hoy, cuando lo político cada vez más se concibe como un espacio de gerencia, de pura racionalidad de medios (‘solución de problemas’). Lo político a la luz de la reconciliación es lo que nos permite relacionarnos unos con otros como humanos, y de ese modo nos permite vivir como humanos, nos hace humanos”.[6]

Quien dijo que todo está perdido…

Los sucesos de los últimos años nos han demostrado que, pese a todo, el panorama no es tan sombrío. Poco a poco emerge una nueva generación libre de las amarras de la transición, que es capaz de revelarse sin culpa frente a lo que se presenta como el único orden posible. Si hasta hace poco la discusión política giraba en torno a quién podía gestionar mejor tal o cual aspecto del modelo, después de las movilizaciones estudiantiles del 2006 y 2011, nuevos temas han aparecido en la palestra, y la política vuelve a entenderse como un espacio de disputa de poder en función de un proyecto que persiga el bien común, donde lo que se discuten son ideas y visiones de mundo diversas, y no solo capacidades gerenciales para solucionar “los verdaderos problemas de la gente”. En definitiva, después de mucho tiempo, se han vuelto a poner en debate no solo los excesos del modelo, sino también su esencia. 

Para que esto sea posible han debido pasar muchas cosas. En primer lugar, quienes nos sentimos de izquierda hemos enfrentado el difícil proceso de despercudirnos de la carga de derrota con que la izquierda tradicional, quizás inconscientemente, empapó su actuar durante las dos décadas pasadas. Pero para que lo anterior se consolide y no se desvanezca en el aire, todavía falta mucho camino por recorrer. Como advertía Antonio Gramsci “… el viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.

Son esos monstruos contra los que combatimos hoy, los que nacen del claroscuro para tratar de dar apariencias de cambio, pero que abogan por mantener el antiguo orden. La tarea no es fácil pues exige un cambio de mentalidad del que resulta sumamente difícil ser conscientes. Afortunadamente, esta nueva generación pareciera no tener los miedos del pasado, lo que no implica que no tenga memoria. Una potente combinación para apostar por una verdadera reconciliación.

Hacia allá vamos.

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[1] Estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Consejero FECh por Derecho 2007-2008. Presidente Centro de Estudiantes de Derecho 2008-2009. Senador estudiantil Universidad de Chile 2010-2012. Presidente FECh 2012. Es director de la Fundación Nodo XXI.

[2] Loveman, Brian; Lira, Elizabeth: Las suaves cenizas del olvido. Santiago: LOM, 1999.

[3] Pinto Santa Cruz, Aníbal: Chile, un caso de desarrollo frustrado. Santiago: Editorial Universitaria, 1959.

[4] Boeringer, Edgardo, Democracia en Chile, Lecciones para la gobernabilidad, Santiago: Editorial Andrés Bello, 2007, p. 463. Citado por Ricardo Camargo en “Del Crecimiento con Equidad al Sistema de Protección Social: La Matriz Ideológica del Chile Actual".

[5] Ruiz Encina, Carlos: “Impunidad: la otra cara del consenso entre las élites”. Revista Política y Utopía, Corporación Representa (2009).

[6] Atria, Fernando. “Reconciliation and reconstitution” en Scott Veitch (editor), Law and the politics of reconciliation. Ashgate, Aldershot. 2007.