Estimad@s, comparto con ustedes mi intervención de hoy en el debate sobre el proyecto que pretende poner fin a la figura del Multirut. Debo señalar que a partir de un acuerdo entre los jefes de bancada de RN y el PS se pidió cerrar el debate (sin que todos quienes estaban inscritos pudieran hacer uso de la palabra, entre ellos, Giorgio). Al no haber unanimidad, se procedió a votar, aprobándose el cierre por 57 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones. Desde mi perspectiva es una vergüenza que, habiendo palabras pedidas, se pida cerrar el debate, y uno tan importante como este! De todas formas, creo importante hacer públicos mi argumentos en este tema, que no es sencillo y que da para mucho debate. Un abrazo!
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Me antecedieron el
diputado Andrade y el diputado Monckeberg. Y esgrimieron argumentos que apuntan
en direcciones contrarias. Uno pensaría que por lo tanto, votarán de manera
diferente. Pero desgraciadamente no será así.
La CUT, la
CPC, el Gobierno, la derecha y sus institutos compartan el
mismo diagnóstico “durante años se han vulnerado los derechos laborales como
consecuencia de la división o fragmentación de un empleador en varias empresas
o razones sociales”, si partimos de la idea de que empresarios y
trabajadores defienden intereses antagónicos e irreconciliables, ¿existe la
posibilidad que el diagnóstico sea el mismo? Si, pero es imposible que
lleguemos a la misma solución, uno de los dos saldrá perjudicado. ¿Quién pierde
en esta pasada? Para entender esta discusión debemos ir al origen. El concepto
de empresa en el Código del Trabajo fue incorporado mediante la ley N° 18.018
en el año de 1981. Su propósito era evidente: limitar la negociación colectiva
más allá de la empresa en que el trabajador presta servicios.
La fragmentación del
empleador en varias empresas o razones sociales no genera grandes dificultades
en materia civil y comercial, pero si lo hace en materia laboral, generando
graves consecuencias en una serie de instituciones que fueron concebidos en
base a la noción clásica de empresa. Pero, sin lugar a dudas, el ámbito
más perjudicado es el que dice relación con la organización sindical y en la
negociación colectiva, siendo uno de los artilugios más útiles para tornar
ineficaces estos derechos colectivos.
Los académicos y la gran
mayoría de las organizaciones están contestes: la iniciativa en análisis no
soluciona absolutamente nada y aún más incluye una serie de requisitos y eleva
los estándares normativos para su declaración, lo que va a entrabar la solución
del problema principal –los derechos colectivos y particularmente la
negociación colectiva, puesto que complejizan la noción de empresa, cuestión
que evidentemente favorece a los empresarios, pues obtener la declaración de
empresa será más difícil para los trabajadores.
Nos
hemos juntado con muchos sindicatos, de Magallanes y a nivel nacional, y uno de
ellos nos dijo “la indicación del
Gobierno no soluciona los problemas de fondo, cuales son proteger los derechos
de los trabajadores respecto a sus organizaciones, derechos laborales y de
seguridad social, pago de las gratificaciones y una negociación colectiva real.
Todas estas materias no se ven reflejadas en la indicación y nuevamente se está
llegando al maquillaje del problema.”
Todos los invitados al
trabajo en Comisión, incluso la
CUT que hoy apoya el proyecto, reconocen que lo que se
requiere es eliminar el concepto de empresa, como en todas las legislaciones
comparadas. Como señala el Profesor Caamaño el concepto de empresa que
establece la legislación laboral chilena tradicionalmente ha sido interpretado
de manera formalista, particularmente con la dimensión colectiva, pero desde
hace bastante tiempo la jurisprudencia lo ha ido superando a partir de la
noción de unidad económica, reconociendo una responsabilidad solidaria de los
grupos de empresas desde el punto de vista de los derechos individuales. Al
respecto, el proyecto de ley desconoce esa jurisprudencia y pretende construir
un concepto que impide las posibilidades reales de que se produzca una
negociación colectiva, desconociéndose así todo el avance que se ha realizado a
partir de la aplicación de los principios del derecho laboral, el principio de
primacía de la realidad y con el concepto de subordinación y dependencia. ¿Por
qué en el caso de la negociación colectiva se le deben dar garantías
adicionales a los empleadores?
Las indicación 3G) señala debe existir una
dirección laboral común, junto a diversas condiciones tales como la similitud o
necesaria complementariedad de los productos o servicios que se elaboren o
presten o la existencia de un controlador común. Si bien se ha señalado que
tienen carácter indiciario y que no son copulativos, de la redacción se
desprende que sí se debe sumar a lo menos una de estas condiciones a la
dirección laboral común. Por lo demás, son requisitos absolutamente ajenos a
las nociones tradicionales del derecho del trabajo, que harán prácticamente
imposible que los trabajadores puedan hacer efectivos sus derechos. El
profesor Ugarte señaló que si se llegara a publicar la ley en los términos
planteados, los abogados de las empresas utilizarán las nociones de negocios
específicos o negocios directamente complementarios, diciendo que, pese a ser
un solo empleador “sus negocios no son el mismo” o “o no son complementarios”
-la sección corbatas no es complementaria de las sección lavadoras-, por lo que
ambas pueden funcionar por separadas. La mayoría de las empresas que
conforman un grupo son suficientes y autosuficientes, tienen su propia
personalidad jurídica, tienen sus propios gerentes y tienen su propio cuerpo
directivo, por lo que un juez podría resolver que no se ha acreditado que estas
empresas puedan desprenderse del grupo de empresas, lo que lleva a que
prácticamente en ningún caso se va a poder acreditar de que se está frente a un
solo empleador.
El
profesor César Toledo Corsi, manifestó su preocupación en este sentido,
pues la indicación del Gobierno afecta dramáticamente la autonomía sindical,
toda vez que se requiere un trámite previo de cara a los casos de multirut para
poder constituirse y también para ejercer el derecho a negociación colectiva.
Añadió además que la indicación del Ejecutivo, tal como lo señalaron los
abogados del Centro de Estudios del Trabajo, también va a afectar el fuero de
la negociación colectiva. Por último señaló un tema que nos preocupa de
sobremanera, deben cautelarse las facultades de la Dirección del Trabajo
que, en materia de negociación colectiva, le permiten intervenir en el evento
que el empleador hubiere utilizado razones sociales múltiples. La propuesta del
Ejecutivo propone que la
Dirección del Trabajo debe emitir un informe durante el
proceso judicial que deberá tramitarse ante el Juez del Trabajo, lo que implica
un detrimento de las facultades fiscalizadoras que actualmente puede ejercer.
Contradicciones de la Nueva Mayoría
Hoy, de
cara a la aprobación de este proyecto, queremos constatar la gravedad del
cambio de opinión de los diputados y senadores de la Nueva Mayoría.
Durante el gobierno de Piñera se opusieron tajantemente a él, hoy y sin haber
cambiado sustantivamente el proyecto, en lo referente a sus críticas, dan el
sí. Ejemplo de ello es el Diputado Andrade quien en su momento sostuvo
que “existe abundante jurisprudencia que ha construido un concepto de empresa,
por lo que carece de sentido introducir una reforma legal en este ámbito,
o la misma indicación número 1, del Senador Muñoz Aburto, que
proponía sustituir el artículo primero contenido en el proyecto de ley en
estudio eliminando el concepto de empresa. Lo mismo el Senador Letelier
que dejó constancia que el Partido Socialista estimó que lo óptimo sería
eliminar el concepto de empresa, resultando suficiente el concepto de
empleador.
Lo mismo podemos decir
de las críticas de Bárbara Figueroa y del Vicepresidente de la Central Unitaria
de Trabajadores, señor Nolberto Díaz, quienes en su momento abogaron por
su eliminación, habida cuenta de los efectos negativos que habría producido
para la defensa de los derechos de los trabajadores. Bárbara Figueroa, agregó que
si la entidad que representa quisiera avanzar en el marco del desafío que se ha
propuesto, que es la nueva institucionalidad laboral, evidentemente que la
demanda debiera ser terminar con el concepto de empresa.
Al leer
la discusión pareciera que estábamos todos de acuerdo en eliminar el concepto
de empresa, pero hoy votaremos un proyecto que lo legitima. Votaré en contra
porque las modificaciones que introduce el Senado no cambian de manera
sustantiva este proyecto, proyecto que como ya hemos señalado es claramente un retroceso
en materia de derechos, de sindicalización, de negociación colectiva y, en
definitiva, de transparentar las relaciones entre empleadores y trabajadores,
algo media entre las críticas y los aplausos. Hay una fuerza que sin haber
participado abiertamente del debate público, actúa con toda eficacia,
descansando en el peso de la noche.
Y ciertamente no es la
fuerza de los trabajadores. Esa fuerza tiene prohibido expresarse, tiene
prohibido articularse. De eso se trata esta discusión.
Pero sería una aberrante
simplificación e injusto de mi parte achacar toda la responsabilidad a la Concertación. Ahí
están sus críticas declaraciones. ¿Qué pasa entre medio? ¿Por qué votan hoy
contra sus mismas posiciones públicas?
Quisiera aportar con un
punto de vista sobre esta situación de apariencia contradictoria. Sucede que
hay otros actores, que no se exhiben con toda transparencia, pero que en este
país disponen de mucho poder “de hecho” y mucha conciencia de ese poder, de la
capacidad que tienen de orientar en una u otra dirección de nuestra sociedad.
Es el empresariado el que dispone de medios de comunicación que día a día van
delimitando quién y cómo participa de la discusión pública; financia la
política, dispone de lobbystas para incidir en el proceso legislativo; sus
funcionarios tienen, en tanto individuos, un cómodo tránsito entre la empresa
privada y el aparato público, etc.
En ese sentido resulta
del todo interesante la intervención que hiciera el ex ministro secretario
general de gobierno de Patricio Aylwin, Enrique Correa, en un debate cerrado en
el Centro de Estudios Públicos en el mes de marzo ante importantes empresarios.
Allí los invitaba a abrirse a algunos cambios. A cambiar el sistema binominal para
no cambiar la constitución. A asumir un costo tributario para destapar la olla
a presión que significaba el “malestar social”. A no temer a la reforma
educacional, porque los empresarios decentes no la sufrirían. Y sobre todo, los
llamaba a tener tranquilidad, pues en todas las otras materias, el gobierno
mantendría una política de grandes acuerdos que caracterizaron a los años
noventa.
Desde aquí me tomaré la
licencia de hacer una interpretación, pues no queda nada más que intentar
interpretar un comportamiento tan contradictorio como aquel de la Nueva Mayoría frente
a este proyecto.
Mi interpretación es que
aquí opera el miedo. El miedo ante los poderes fácticos y su capacidad de
dirigir a la sociedad chilena. Y ante esto toman una decisión: para tratar de
avanzar en la reforma educacional es necesario hacer una concesión en materia
laboral. Para tranquilizar al empresariado frente a la reforma tributaria y
educacional, se les dará una señal de que hay ciertos elementos claves del
modelo de la dictadura que se mantendrán incólumes. Ustedes aprobarán el
proyecto de Multirut que aplaudió la Fundación Libertad
y Desarrollo.
Sin embargo, esto no es
lo más grave. Lo más grave es que ustedes, la Nueva Mayoría, le
presenta ahora al país este proyecto como uno pensado para defender los
intereses de los trabajadores, como parte de una nueva legislación laboral,
como la manifestación de un nuevo ciclo político.
Aquí es donde más
gravemente se equivocan. Esta política ya fue derrotada, y lo será de nuevo si
es que las fuerzas que queremos lograr transformaciones no escribimos un nuevo
rumbo. Aquí es donde se marcan nuestras diferencias con la Concertación y con la
todavía vieja “Nueva Mayoría”.
El siglo XX demostró una
y otra vez que sin una sociedad consciente, organizada y participe del proceso
político no hay camino de transformaciones posible. No hay técnico, burócrata
ni muñeca política que pueda reemplazar el rol de sociedad organizada y
desplegada sobre el escenario político para enfrentar a los poderes fácticos.
Al presentar este
proyecto como algo que no es, ustedes no solo le están mintiendo al pueblo, más
grave aún, lo desarman, lo anulan, y le impiden constituirse como actor.
No se confundan, esto no
se trata del todo o nada. Muchas veces en política hay que pactar, hay que
llegar a acuerdo, pero esos pactos y esos acuerdos hay que hacerlos de cara a
la ciudadanía, no a sus espaldas. Que esta “Nueva” coalición inicie su mandato
concediéndoles a los poderes fácticos operar tras bambalinas de la política,
eludiendo su deber de hacerse parte del debate público, es hacer nacer un
proyecto político en una funeraria.
Todos debemos ser parte
del debate público. Es la única forma de construir democracia. Y aquellos que
quieran hacer transformaciones en esta sociedad sepan que estas solo se
lograrán cuando construyamos una alternativa política que sea una conducción
abierta, transparente y democrática de esos procesos. Mientras tanto, los
cambios que tanto anhelamos, seguirán esperando.
(votación que cerró el debate sobre el multirut)
