La columna de Carlos Peña publicada este domingo en El Mercurio a propósito de la polémica generada a partir del traslado de mi familia a isla Lennox en una embarcación de la Armada (la pueden leer aquí), invita a una reflexión pausada y profunda respecto del hecho en si, pero por sobre todo, de mi conducta, en atención a mi cargo de parlamentario y condición de personaje público.
Es por ello, y porque creo firmemente que quienes cumplimos un rol en política debemos estar sometidos a un exigente escrutinio público sin victimizarnos ni alegar persecución cada vez que se nos cuestiona o critica, que he decido responder la interpelación realizada por el profesor Peña.
En primer lugar, vale la pena revisar los hechos:
Hace un par de años surgió en mi familia paterna la idea de realizar un homenaje a Ive Boric (mi bisabuelo, fallecido a fines de la década del ’30), quien fuera junto a su hermano Sime, el primer integrante de la rama Boric en llegar a Chile desde Croacia (en ese entonces parte del Imperio Austro-Húngaro) en 1895. Llegaron junto a cientos de coterráneos empujados por la pobreza que se vivía en sus tierras y las expectativas, como tantos inmigrantes de ayer y hoy, de una vida mejor en este nuevo y desconocido lugar. Para ello, se establecieron en Punta Arenas, desde donde partieron a las remotas islas del sur del canal Beagle en busca de oro, que como cuentan los historiadores, resultó ser sumamente escaso en la zona. Junto a Bozica Crnosija formaron una familia de 11 hijos que dejó un legado en diferentes ámbitos en la región de Magallanes. Pero la historia de mi familia no es lo relevante en este asunto.
El homenaje consistía en un pequeño monolito (hay cientos de pequeñas construcciones de estas características a lo largo de Chile) con una placa recordatoria a instalar en Isla Lennox. Para poder instalarlo es requisito obtener una autorización del Ministerio de Bienes Nacionales, la que fue otorgada con fecha 14 de Noviembre de 2016 (adjunta en la foto). Esta autorización a su vez señalaba que para viajar a la Isla era necesaria la coordinación y autorización de la Armada, ya que la Isla Lennox se encuentra bajo la tuición exclusiva de la Armada de Chile (Dec. Ex. Nº 367 de 02/04/2002). Esta coordinación se realizó durante los meses siguientes, y para el viaje en cuestión se aprovechó un recorrido de rutina que realiza la Armada para el abastecimiento de zonas aisladas. Cabe señalar, de manera clara, que yo no participé directa ni indirectamente en ninguna de estas gestiones, consciente que esto podría haber significado una presión indebida a la institución.
Además, creo importante corregir una versión que se ha difundido sobre el asunto: que yo o mi familia habríamos pagado a la Armada por el servicio de transporte prestado. Esto es absolutamente falso y doy fe que no hubo pago alguno. De haber sido así, tendría razón Peña cuando afirma que esto más que subsanar el mal, confirmaría el privilegio.
El cuestionamiento (o al menos uno de ellos) versa entonces respecto de si yo, o mi familia, utilizamos influencias indebidas para acceder a un privilegio que no cualquiera tendría (“que todos tengan derecho al mismo trato”). Creo que en este punto existe en la opinión pública un desconocimiento respecto del rol que juega la Armada en la conectividad de zonas extremas. Para poner un ejemplo, el año 2007 (antes de ser parlamentario, e incluso antes de haber tenido cualquier cargo de representación estudiantil), solicitamos a la Armada, en conjunto con 2 compañeros, si podíamos subirnos a la embarcación que en una fecha determinada haría un viaje de abastecimiento a Puerto Toro (el poblado más austral del mundo, en la foto), solicitud que fue acogida favorablemente por la institución. Como este, hay muchos casos de personas que previa solicitud formal han viajado a lugares remotos, como Puerto Edén o Juan Fernández, en embarcaciones de la Armada cuando hay disponibilidad de cupos y se enmarca en un viaje rutinario (no puesto a disposición de manera especial para quien lo solicita).
Sin embargo, el cuestionamiento que se me ha hecho no se agota allí. Me parece que la pregunta de fondo es cuál es el estándar de conducta exigible a una persona que se dedica a los asuntos públicos, y en particular, a un parlamentario. Y en esto creo que Carlos Peña tiene un punto. Es evidente que frente al nivel de desprestigio de la política en Chile, cualquier hecho reñido no ya con la ley, sino con la ética, resulta inmediatamente reprochable. El problema aquí recae en definir una ética común, tarea difícil y a la que quienes no buscan la verdad sino enlodar al del frente (independiente del color que sea), hacen un flaco favor.
En perspectiva, creo que existe una duda razonable sobre el asunto. En particular porque aunque yo no haya hecho gestión alguna para materializar el viaje en comento, resulta atendible cuestionarse si es que se accedió al traslado de mi grupo familiar para una actividad privada debido a mi condición de parlamentario.
Y como tengo la convicción de que es correcto exigir un estándar de conducta mayor a quienes se dedican a los asuntos públicos, bien vale pedir excusas a quienes han visto en este episodio un hecho de uso injustificado de privilegios. Ofrezco además mis disculpas a la Armada de Chile por haberla envuelto en esta polémica que podría haber sido prevista. Y en esto la responsabilidad es mía.
Para terminar, un mensaje a quienes a propósito de esto han tratado de empatar sus situaciones de corrupción y viven escudándose en un legalidad deficiente para no reconocer sus errores. Estoy profundamente convencido de que en tiempos de crisis política como los que vivimos en Chile es más urgente que nunca reivindicar la acción política como herramienta colectiva y honesta para la transformación, por lo que seguiré denunciando con fuerza a quienes han hecho de la política una empresa personal o la han puesto al servicio de unos pocos. Y en ese camino somos muchas y muchos, y seremos cada día más.
Un abrazo
Gabriel
