Intervención proyecto de ley de subvenciones para organismos colaboradores del SENAME

Quiero partir señalando que por transparencia me inhabilitaré voluntariamente en esta votación en sala en virtud del artículo 147 del reglamento de la cámara y 5b de la ley orgánica del Congreso Nacional. Esto debido a que mi madre es voluntaria en el cuidado de niños y niñas recién nacidos en el hogar Ignazio Sibillo y mi padre fue electo director ad honorem de este hogar residencial sin fines de lucro el 2 Mayo de este año. Quiero agregar que este hogar, que recibe a niños y niñas con vulneración de derechos entre 0 y 6 años, jamás ha recibido ningún tipo de sanción de ninguna característica. Sin embargo el inhabilitarme en la votación no me inhibe ni excusa de dar mi opinión sobre este proyecto.

El contexto de la discusión de este proyecto de ley es la grave crisis de derechos que sufre la infancia vulnerable en Chile, donde la ONU ha señalado que el solo hecho de ser pobre en este país te hace objeto de institucionalización.

Hoy en Chile se violan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a lo largo y ancho de nuestro territorio, ya sea en la crisis de Quintero Puchuncaví, ya sea en el Wallmapu, como quedó claro en la detención del adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca en el tractor donde lo asesinaron por la espalda, ya sea con las precarias condiciones que el Estado se hace cargo de la infancia vulnerable en el sistema residencial del cual es responsable directamente (Creads) y indirectamente (OCAS).

A lo largo de la historia se ha considerado a la infancia como objeto de caridad. Es tiempo de un compromiso real con la infancia que aborde su desarrollo desde una perspectiva integral de derechos, y donde las políticas públicas estén centradas y terminar con la cronificación de vulneración de derechos que hoy día vive la infancia pobre, la infancia indígena, la infancia migrante, etc.

En este período, después de todas las tragedias que hemos conocido, este Congreso Nacional tiene una responsabilidad ineludible. Como diputados y diputadas tenemos que brindar la más pronta solución legislativa a la crisis de la infancia. Estaremos frente a decisiones difíciles, pero esquivarlas y permitir que la violación a los derechos de quienes con mayor vulnerabilidad en nuestro país sufren se mantengan es inaceptable.

Es por esta convicción que como mayoría del Frente Amplio decidimos participar en la mesa nacional por la infancia, en donde junto con la diputada Natalia Castillo, diputados de casi todos los sectores, el gobierno, y lo más importante, la sociedad civil, trabajamos seria y responsablemente durante dos meses para entregar 94 propuestas que de concretarse como ha sido comprometido, mejoraría sustantivamente la calidad de vida de los niños niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país.

Pero el gobierno está en deuda. Porque si bien hoy estamos votando una ley corta para aumentar las subvenciones a los organismos colaboradores del SENAME, esta debiera enmarcarse en un debate legislativo mayor, que desgraciadamente y en particular en lo referido a la ley de garantías de la niñez que hoy se encuentra en el Senado, no ha estado a la altura con su indicación sustitutiva, como lo reconocen la mayoría de los organismos vinculados a infancia. Ya hablaremos de ello.

Porque si bien hoy tenemos el desafío de la política pública de prevenir las vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para evitar la institucionalización de ellos, no podemos negar que hoy aproximadamente 6.400 niños viven en el sistema residencial y son sujetos de la protección estatal. De ellos, 800 residen en Centros de Administración Directa del Estado y los otros 5600 niños residen en hogares de Organismo Colaboradores Acreditados.

Según el Hogar de Cristo el costo por niño para que esté en condiciones óptimas en una residencial se aproxima a los $2.000.000 de pesos. En ese sentido todo el sistema residencial en Chile está infrafinanciado de manera radical. Así en las residenciales de administración directa del Estado el aporte es un poco más de entre $1.600.000 y $2.500.000 por mes aproximadamente según edad, mientras que en el caso de las residenciales de los Organismos Colaboradores Acreditados no sobrepasa los entre $240.000 y $400.000 pesos por niño dependiendo la zona geográfica.

La mesa de residencias señala que el gasto promedio a nivel residencial por niño es equivalente a $685.000 (menos de $1.300.000 de lo que se debiera invertir), lo cual genera un déficit de subvención en la práctica de $365.000 pesos aproximadamente. Esto considerando, repito, que según un estudio realizado por el Hogar de Cristo al que me refería anteriormente (que recomiendo enfáticamente leer) el gasto mínimo por niño institucionalizado para poder siquiera alcanzar a reparar el daño es del orden de los $2.000.000. Estamos muy muy lejos todavía como país de estar a la altura.

En el Frente Amplio hemos discutido con seriedad este proyecto y si bien tenemos una diferencia táctica, apuntamos al mismo fin. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, la mejora de los estándares de los hogares residenciales y el cambio estructural del actual sistema de financiamiento terminando con la nefasta lógica del voucher.

Por eso, recalco que las y los diputados del Frente Amplio que aprobemos este proyecto no significa que estemos de acuerdo con mantener la lógica de subvenciones, lo hacemos por la urgente necesidad de que los niños, niñas y adolescentes que hoy están en residencias tengan acceso a mínimas, aún mínimas condiciones de dignidad, y porque consideramos que no es este el proyecto con el cual se debe presionar al gobierno por los cambios estructurales que estamos peleando en otras leyes. Hemos visto como hogares han tenido que cerrar por falta de recursos. Permítanme ponerles un caso concreto: El hogar del niño Miraflores de Magallanes tuvo que cerrar el año pasado, siendo el único que en Punta Arenas atendía a niñoas, niñas y adolescentes mayores de 6 años. Estos tuvieron que ser derivados a Puerto Natales o incluso a Santiago, con el consecuente desarraigo de sus familias y todos los traumas asociados. Fue y ha sido un desastre para ellos. Y así ya van cerrados 13 centros este año y 17 el año pasado con similares consecuencias. No estoy disponible a que esto siga pasando.

Sabemos que hay algunos organismos donde se han cometido abusos graves (aldeas SOS o fundación mi casa, entre otros), incluso asesinatos de niños y niñas. Los condenamos categóricamente. Pero me opongo a poner a todos quienes trabajan en infancia en un mismo saco. Hay organismo estatales que lo hacen bien y otros que lo hacen mal. Organismos privados que lo hacen bien y otros que lo hacen mal. Como izquierda no podemos caer en el error de confundir a la sociedad civil con el gran empresariado corrupto, o con quienes solo buscan a toda costa maximizar sus ganancias. La sociedad civil no es eso, y de hecho, en el tema del cuidado y respeto a la infancia vulnerada llegaron mucho antes que el Estado. Muchas décadas antes. Mis más profundos respetos a todas las organizaciones de la sociedad civil, que la mayoría de las veces en condiciones sumamente precarias se la juegan por dar una infancia digna a quienes se les ha privado de su derecho a ser felices.

No estamos firmando un cheque en blanco al gobierno, y es más, tengo el deber y responsabilidad de criticarlo públicamente por no honrar sus compromisos, porque como sabemos, este proyecto NO SOLUCIONA ESTRUCTURALMENTE LA CRISIS DEL SENAME. Ni cerca. Al parecer al Presidente Piñera el slogan los “niños primero” no le es tan importante si el Ministro de Hacienda le dice lo contrario.

Es inaceptable lo que hicieron con el proyecto de ley de Garantías de la niñez en el Senado. El Congreso ya había acordado un marco de derechos para infancia, y el gobierno por un gusto ideológico barrió con ello. Cómo podemos aceptar que en vez de una ley de garantías tengamos una ley de simple “promoción” de derechos!, lo que necesitamos son derechos ahora para la infancia y no para varios años después.

En primer lugar, debe reponerse en ese proyecto el principio de no regresividad, para que aseguremos los recursos financieros para una vida digna de todos los niños.

En segundo lugar, debe volver a establecerse la definición adecuada del principio del interés superior del niño. No puede ser que el ejecutivo borre la provisión de derechos como el contenido de dicho principio, pues o si no seguimos en la lógica de la declaración de buenas intenciones y no de las acciones.

En tercer lugar, deben restablecerse todos los derechos que el ejecutivo ha querido borrar. Como por ejemplo, el derecho a la identidad de género de los niños, niñas y adolescentes.

Otro aspecto relevante, es que el proyecto debe tener el verbo rector de “garantizar” y no sólo velar o promover. Estamos en una oportunidad histórica de tener una ley marco de protección de la infancia decente, el gobierno no puede darse el lujo de botar todo esto al tacho de la basura y volver a darle la espalda a los niños de Chile. Y en esto como Frente Amplio vamos a dar la pelea con todas nuestras fuerzas.

Finalmente, la indicación del gobierno sólo dedica un par de artículos a la protección administrativa territorial de forma muy superficial, donde establece a las oficina locales de protección de la niñez como las encargadas de promover, prevenir y proteger generalmente los derechos de la niñez, pero no señala cómo lo harán, ni especifica qué herramientas tendrá para ello, ni cómo estarán compuestas dichas oficinas. Con estos antecedentes es muy difícil confiar en el ejecutivo, y pelearemos porque estos elementos queden explícitos en el texto de la ley.

Estaremos también muy atentos al nuevo sistema de fiscalización en el proyecto de ley que crea el nuevo servicio de protección de la niñez, que es clave para el funcionamiento de toda el sistema de protección de la niñez.

Como país estamos en deuda con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y ellos y ellas no pueden seguir esperando. Quienes estamos en política tenemos el DEBER de ponernos de acuerdo. En este proyecto, en el que crea el nuevo servicio de protección de la niñez y en el de garantías de la infancia. No hay espacio para más excusas.